Un grave golpe para la credibilidad y el trabajo legislativo en Chiapas recibió hace un par de días el Congreso del Estado a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien declaró inconstitucional la reforma aprobada en 2013 por 32 de los 41 diputados chiapanecos que pretendía castigar con hasta 15 años de cárcel a quien obtuviera o publicara información sobre servidores públicos pertenecientes a cualquier instancia de seguridad.
La reforma al artículo 398 Bis del Código Penal del estado de Chiapas, aprobada en marzo de 2013 por la actual legislatura chiapaneca (LXV), lucía a simple vista peligrosa y con amplia tendencia a convertirse en un instrumento que legalizara las acciones panales en contra de la legítima fiscalización ciudadana hacia los servidores públicos.
Los ministros Arturo Zaldívar y Alberto Pérez Dayán coincidieron en que la reforma al Código Penal chiapaneco simplemente carecía de certeza jurídica, no garantizaba la exacta aplicación de la ley y violaba el derecho de acceso a la información que consagra el artículo sexto de la Constitución Mexicana.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Pleno de la Corte validó los argumentos de la CNDH en el sentido de que el artículo impugnado no cumplía con los requisitos constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal.
Lo vergonzoso del caso es que fue necesaria la intervención de la SCJN para echar abajo una ley a todas luces violatoria, que más del 70 por ciento de los actuales diputados locales en Chiapas aprobaron haciendo «oídos sordos» a los múltiples señalamientos que argumentaban lo que hoy ha dejado en claro una de las máximas instancias del país.
Con este ejemplo queda de manifiesto la ligereza con la que muchos legisladores chiapanecos aprueban las nuevas leyes, iniciativas que en varios de los casos ni siquiera son analizadas a profundidad, y otras tantas son pasadas de manera exprés al pleno para su aprobación de trámite a fin de mantenerse en la gracia del o los jefes que les permitieron ocupar una curul chiapaneca.
Debe quedar claro que el derecho que tiene la ciudadanía de acceso a la información, así como de vigilar y fiscalizar el despeño de los funcionarios públicos, no es negociable en ninguna instancia. Es una libre facultad que se sustenta en la constitución y que tiene en las cifras de corrupción mexicana su más sólido sustento.
Y es que, de acuerdo al estudio más reciente aplicado por el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Chiapas el nivel de credibilidad en las instancias de seguridad ni si quiera alcanza las calificaciones aprobatorias.
Como sucede a nivel nacional, en Chiapas el ejército es el mejor evaluado con el 54.6 por ciento de la aprobación; la Policía Federal alcanza apenas el 18.2 por ciento, los jueces el 16 por ciento, el Ministerio Público y Procuraduría no rebasan el 14 por ciento, mientras la Policía Estatal cuenta con un raquítica calificación de 10.6 por ciento, dejando a la Policía Municipal y la Policía de Tránsito con las peores calificaciones de 9.3 y 7.5 por ciento, respectivamente.
En torno a la percepción de corrupción entre los organismo de seguridad, la Policía de Tránsito lleva la delantera con el 78.5 por ciento, la Policía Municipal el 62.2 por ciento, la Policía Judicial el 57.6 por ciento, el Ministerio Público y Procuraduría con el 61.2 por ciento, la Policía Estatal 57.4 por ciento, mientras los jueces alcanza el 59.5 por ciento y la Policía Federal el 57 por ciento.
No hay mejor argumento que la misma desconfianza social en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la legalidad. Hoy les tocará a los legisladores chiapanecos aceptar sus omisiones y errores, además de entender que su verdadera función es velar por los intereses de sus representados (la ciudadanía) y no el de proteger o beneficiar a las altas esferas del poder en el servicio público.
Sismo desentierra deficiencias en supervisión de obras
En otro tema, el pasado lunes Chiapas despertó entre la tremenda sacudida provocada por el sismo de 6.9 grados con epicentro en el Soconusco; sin embargo más allá del susto, lo que desenterró este intenso movimiento telúrico fue la serie de deficiencias que existen en materia de supervisión de obra para garantizar estructuras resistentes en una entidad de alta sismicidad como Chiapas.
Como muestra de las evidentes anomalías en la calidad de obra pública, de acuerdo a datos oficiales emitidos por el gobierno estatal, con el sismo resultaron afectados más de 50 centros educativos y 10 edificios públicos del estado, además de siete tramos carreteros en Unión Juárez, Motozintla, Chicomuselo y Cacahoatán.
A lo anterior se suma la detección de fallas estructurales en nueve mil viviendas: dos mil 600 con daños parciales, 120 con pérdida total y seis mil 280 con daños menores, entre estos fisuras, cuarteaduras, muros colapsados, bardas y marquesinas caídas. Daños que cobraron la vida de tres personas.
Con estas cifras queda patente la urgente necesidad que existe para realizar una exhaustiva revisión a los procesos de supervisión de obra pública y privada, un trabajo que debe llevarse a la práctica y no sólo quedarse como mero requisito para certificar a reglamentos de construcción que hoy evidentemente no tienen una aplicación efectiva.
@hectorestrada3
