Tras celebrar el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, la vicepresidenta Katy Aguiar hizo un llamado contundente hizo un llamado a construir un país donde el respeto a los derechos humanos sea el pilar de las políticas públicas, sin espacio para la opresión de las manifestaciones sociales
Aquínoticias Staff
A poco más de medio siglo del fatídico 2 de octubre de 1968, México continúa lidiando con el impacto de la matanza de Tlatelolco en su vida política y social. Este jueves, desde la LXIX Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, la vicepresidenta Katy Aguiar hizo un llamado contundente: es imperativo que los tres órdenes y poderes de gobierno se comprometan a construir un país donde el respeto a los derechos humanos sea el pilar de las políticas públicas, sin espacio para la represión de las manifestaciones sociales.
El contexto no es trivial. La sombra de la represión estatal aún se cierne sobre la memoria colectiva del país. La matanza de estudiantes, trabajadores, sindicatos y ciudadanos en la Plaza de las Tres Culturas fue un evento que expuso las grietas de un sistema autoritario, cuyas respuestas a las demandas de democracia, libertad y justicia fueron la traición y las balas. En la sesión ordinaria del Congreso de Chiapas, Aguiar subrayó el peso histórico de esos acontecimientos y lo que significan en la actualidad: «Gracias a la lucha de aquellos jóvenes valientes, hoy avanzamos hacia una democracia más justa, y hemos dado grandes pasos hacia la igualdad sustantiva, la inclusión, la justicia y la libertad», afirmó la legisladora.
Este análisis histórico coincide con un panorama político marcado por la consolidación de la Cuarta Transformación, movimiento que algunos consideran heredero de los ideales del Movimiento Estudiantil de 1968. Katy Aguiar, miembro del Partido del Trabajo, enfatizó que la creciente participación electoral y la representación de las minorías en las últimas décadas son fruto de aquella semilla de cambio que sembraron los estudiantes y activistas de finales de los 60. En las elecciones de 2018, el triunfo del actual gobierno fue interpretado por muchos como una continuación de ese espíritu reformista que busca transformar el país desde sus cimientos, en pos de una verdadera justicia social.
Las cifras, aunque dispersas, siguen siendo estremecedoras. Más de 300 víctimas cayeron bajo las balas del Ejército Mexicano en lo que se conoció como la Operación Galeana. Estas vidas truncadas han sido recordadas de diversas formas a lo largo de los años, pero el reciente acuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marca un punto de inflexión. Al reconocer oficialmente la matanza como un crimen de lesa humanidad y comprometerse a que las Fuerzas Armadas no volverán a ser usadas contra el pueblo mexicano, Sheinbaum busca sellar un pacto de no repetición, abriendo una nueva etapa de reconciliación y paz.
Este compromiso presidencial refleja un cambio radical en el uso de la fuerza y el papel del Estado frente a la protesta social. En un país con profundas desigualdades económicas, el descontento popular ha sido históricamente motivo de tensiones sociales, y el riesgo de respuestas represivas ha estado latente en diversas administraciones. Sin embargo, este nuevo posicionamiento busca desactivar esa dinámica, ofreciendo garantías institucionales para que el pueblo mexicano pueda ejercer sus derechos sin temor a represalias violentas.
Aguiar, desde su tribuna en el Congreso de Chiapas, subrayó la importancia de mantener viva la memoria histórica: “Recordemos que la memoria histórica nos permite entender el pasado, comprender el presente y visualizar el futuro”. Su mensaje no fue únicamente un homenaje a las víctimas, sino un llamado a la acción para los legisladores actuales, instándolos a trabajar en políticas públicas que generen condiciones de igualdad y bienestar para el pueblo, particularmente en una entidad como Chiapas, que ha enfrentado sus propios retos en términos de derechos humanos y desarrollo social.
La figura de la vicepresidenta legislativa, en este contexto, adquiere relevancia al posicionarse como una defensora de los derechos humanos y de la justicia social, en línea con los principios de la Cuarta Transformación. Su exhortación no es menor en un estado como Chiapas, donde la pobreza afecta a más del 70% de la población y las desigualdades son palpables. En este marco, la lucha por los derechos humanos no es solo un ejercicio de memoria, sino una tarea urgente para garantizar una vida digna para todos los chiapanecos.
Así, a 56 años de aquel 2 de octubre, el eco de las voces estudiantiles sigue resonando en los pasillos de la política mexicana. La promesa de no olvidar es también una promesa de construir un país más justo, donde la represión no tenga cabida y la paz se construya con justicia e igualdad.
