La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo ser “hija del 68”, reafirmando su compromiso con la memoria histórica y la justicia social. El 2 de octubre de 1968 es un hecho que no debe repetirse nunca
Aquínoticias Staff
En un acto histórico que marca un hito en la memoria y la justicia en México, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo por el cual el Estado mexicano reconoce oficialmente que los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, durante la represión gubernamental contra el movimiento estudiantil, constituyeron un crimen de lesa humanidad. Este gesto, acompañado de una disculpa pública a las víctimas, sus familias y la sociedad, subraya el compromiso del gobierno con la verdad, la justicia y la no repetición de tales atrocidades.
El movimiento estudiantil de 1968, que demandaba mayores libertades democráticas y la liberación de presos políticos, culminó en una masacre orquestada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, estudiantes que protestaban pacíficamente fueron brutalmente reprimidos. Aunque las cifras exactas varían, se estima que decenas de personas fueron asesinadas, cientos detenidas y otras tantas torturadas. Durante décadas, este episodio se mantuvo como una herida abierta en la memoria colectiva del país, pero fue también el catalizador para la apertura política y la expansión de las libertades democráticas en México.
En su primera conferencia matutina, denominada “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum resaltó la importancia de este reconocimiento. “Hace 56 años, en la Plaza de Tlatelolco, ocurrió una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX”, declaró. Al asumir el papel de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum no solo reconoció la brutal represión de aquel momento, sino que se comprometió a que las estructuras militares no volverán a ser utilizadas para atacar al pueblo mexicano.
El acuerdo firmado establece que el Estado mexicano, en representación de su ciudadanía, reconoce que el uso de las Fuerzas Armadas y la represión violenta del gobierno en 1968 constituyeron crímenes de lesa humanidad. Este tipo de crímenes, que según el derecho internacional son considerados inaceptables en cualquier circunstancia, incluye actos como la tortura, la represión y la privación ilegal de la libertad. Estos hechos, explicó la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, formaron parte de un Estado represivo que utilizó todo su aparato institucional para silenciar las demandas legítimas de un sector de la sociedad.
Para muchos, el reconocimiento político y la disculpa pública llegan tarde, pero no sin importancia. La presidenta de México compartió su historia personal, recordando la participación de su madre en el movimiento estudiantil como profesora del Instituto Politécnico Nacional, y la forma en que estos eventos moldearon su vida y su trayectoria política. “Soy hija del 68”, señaló Sheinbaum, reafirmando su compromiso con la memoria histórica y la justicia social.
Las implicaciones políticas y sociales de este reconocimiento no pueden subestimarse. Aunque la transición democrática en México se ha consolidado desde los años noventa, las heridas de la represión estatal siguen siendo profundas. La matanza de Tlatelolco fue, como recordó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y sobreviviente de 1968, un claro indicio del agotamiento del Estado autoritario de la época. Para Gómez, el legado del movimiento estudiantil continúa vigente en la actualidad, especialmente en los principios de la Cuarta Transformación, el proyecto político que hoy gobierna México.
Este acto también refleja una continuidad con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, durante su mandato, inició una serie de disculpas públicas por crímenes de lesa humanidad, como las perpetradas contra los pueblos yaquis. La administración de Sheinbaum, según sus propias palabras, busca dar continuidad a estas acciones, garantizando que el reconocimiento de crímenes pasados sirva como una promesa de no repetición.
El contexto económico y social en el que se produce este reconocimiento no es irrelevante. México ha vivido en los últimos años un proceso de transformación política y económica profundo, con una mayor participación ciudadana y un enfoque en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el reconocimiento de crímenes del pasado es un recordatorio de que, para avanzar como sociedad, es necesario confrontar las injusticias históricas.
En el plano internacional, este acto también refuerza el compromiso de México con el respeto a los derechos humanos. Al reconocer que los actos cometidos en 1968 fueron crímenes de lesa humanidad, el Estado mexicano se alinea con los principios establecidos en tratados internacionales como el Estatuto de Roma, que define y condena estos crímenes. En un mundo donde las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo en muchos países, este reconocimiento envía un mensaje claro sobre la importancia de la memoria y la justicia para construir una sociedad más justa y equitativa.
Este 2 de octubre, el Estado mexicano no solo ofreció una disculpa pública, sino que se comprometió a fortalecer la formación en derechos humanos y la construcción de paz. El acuerdo subraya que el reconocimiento de estos hechos es clave para garantizar que las atrocidades del pasado no se repitan. A pesar de que las heridas de 1968 aún no cicatrizan por completo, este acto de reconocimiento es un paso importante hacia la justicia y la reconciliación en México.
