Mientras jueces en todo México temen perder su puesto, cabe preguntar: ¿no debería ser temporal la titularidad judicial para que otros también tengan la oportunidad de ocuparla? Por otro lado, ¿no deberían tener miedo solo aquellos que no sirvieron al pueblo?
Aquínoticias Staff
Durante el pasado fin de semana, un hecho sin precedentes estremeció al Poder Judicial de la Federación (PJF). En una insólita decisión, el Senado de la República sorteó los cargos de 386 jueces de distrito y 464 magistrados de circuito, quienes deberán someterse a una elección pública en 2025 para conservar sus puestos. Para muchos, esta medida no solo pone en juego su futuro profesional, sino que también socava el prestigio de toda una vida dedicada al servicio judicial.
El magistrado Alejandro Andraca Carrera, con 23 años de carrera judicial y 11 de ellos como juzgador federal, expresó su profunda decepción ante el sorteo. «Estaba en juego no solo un número, sino el proyecto de vida de todas las personas juzgadoras federales», señaló. Andraca, seleccionado en el sorteo para ser removido de su puesto en 2025, lamentó la trivialización de su trabajo mediante un procedimiento tan azaroso. «Ver en la tómbola nuestro proyecto de vida ridiculizado, sí me parece lamentable», declaró en una entrevista.
El sorteo, realizado por el Senado, asignó al azar las plazas de la mitad de los jueces y magistrados del país, un acto que ha generado indignación entre los afectados. La jueza Yazmín Angélica Murillo Badilla, con 15 años de carrera judicial y titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Sonora, fue una de las primeras en criticar la falta de pronunciamiento inmediato de las principales instituciones judiciales, como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “No somos un número, somos personas con un proyecto de vida”, insistió Murillo en sus redes sociales.
Este sorteo no solo ha puesto en tela de juicio la estabilidad de los juzgadores, sino que también ha abierto un debate sobre la legitimidad de la reforma judicial impulsada por el gobierno actual. Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, juez de distrito en Durango, expresó que la medida atropella su carrera de 18 años en el Poder Judicial, donde ingresó «solo con base en esfuerzo, dedicación y estudio». Aunque su dignidad permanece intacta, según sus palabras, la forma en que se realizó el proceso lo ha hecho reflexionar sobre la función del Senado en este contexto.
El magistrado Andraca también planteó una contradicción inherente en la reforma. A pesar de haber adquirido la inamovilidad en su cargo tras seis años de servicio, la reforma permite que los jueces con «pase directo» participen en la elección de 2025. «Llevamos seis años tildados de corruptos, nepotistas, que servimos a intereses oscuros», dijo Andraca. Aceptar participar en esta elección, según él, sería convalidar esas acusaciones que, a su juicio, han sido lanzadas sin pruebas.
Por su parte, la senadora Malú Mícher, del partido gobernante, defendió la medida al afirmar que la tómbola solo seleccionó cargos, no personas. Sin embargo, las respuestas de los juzgadores federales dejaron claro que no comparten esa visión. Julia María del Carmen García González, magistrada con 30 años de experiencia, respondió: «Con el número 235 salió en la tómbola mi nombre completo… Soy Julia María del Carmen García González, juzgadora federal».
El impacto de esta decisión no se limita a la esfera personal de los jueces y magistrados. La reforma judicial, que incluye la elección de estos cargos en 2025, busca legitimar el sistema mediante la participación ciudadana, pero ha sido duramente criticada por aquellos que la consideran un ataque a la independencia judicial. Además, la insaculación ha sido percibida por algunos como un intento de desmantelar la estructura tradicional del Poder Judicial y reducir el papel de los jueces a meros «números» en una tómbola.
Carlos Alfredo Soto Morales, otro magistrado afectado, resumió el sentir de muchos de sus colegas: «Ni siquiera fuimos mencionados por nuestro nombre al ser destituidos». Su indignación también se proyecta hacia el futuro, anticipando acciones legales y manifestaciones en defensa de su labor y de la independencia judicial.
En última instancia, la reforma ha dejado en claro que la próxima elección judicial en México no solo determinará el destino de cientos de juzgadores, sino también el futuro del sistema de justicia del país. Las implicaciones de este proceso, según los afectados, van mucho más allá de los simples puestos. Para ellos, está en juego la legitimidad y el respeto a una vida dedicada a la impartición de justicia, ahora cuestionada y puesta en duda por un método que muchos consideran arbitrario y humillante.
Con información de Animal Político
