- Las agrupaciones en pro de los derechos de la infancia se pronuncian en contra del operativo mochila
Sandra de los Santos / Aquínoticias
Lo sucedido en Torreón, en donde un niño de 11 años abrió fuego en su escuela y dos personas perdieron la vida y seis menores salieron heridos, es consecuencia de la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes consideró la Red por los Derechos de la Infancia en México, que agrupa a varias organizaciones. Entre estas agrupaciones se encuentra Melel Xojobal que trabaja con la niñez en Chiapas.
Las organizaciones, mediante un comunicado, hicieron un llamado a las autoridades a realizar las investigaciones adecuadas, garantizar el acceso a la justicia a las familias, la reparación del daño y evitar respuestas que criminalizan a la niñez vinculada a los sucesos, así como reducir los hechos a un tema de irresponsabilidad familiar.
Lo sucedido en Torreón, consideraron las y los defensores de los derechos de la infancia, da muestra de los vacíos institucionales existentes para identificar alertas tempranas sobre posibles riesgos para niñas, niños y adolescentes. El sistema educativo del país continúa sin desarrollar una respuesta articulada para explicar y acompañar a sus estudiantes en los escenarios de crimen organizado con altos niveles de violencia.
«Los acontecimientos de Torreón no pueden verse ajenos a la cultura de militarización que ha dejado la fallida estrategia de seguridad. Lo que ha llevado a un flujo masivo de armas, a disposición de familias que buscan protegerse ante contextos de gran violencia, permitiendo el acceso a éstas por parte de niñas, niños y adolescentes. Es necesario reconocer que la estrategia de guerra contra el crimen ha fracasado, impactando negativamente el Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo» puntualizaron en el documento enviado a los medios de comunicación.
La red de organizaciones condenó la fórmula del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a esta crisis. «Esta administración continúa con la misma fórmula, que ofrece los mismos resultados en la última década. 2019 es el año con el mayor número de homicidios dolosos en la historia del país. Desde el año 2000 al cierre del 2019 alcanza cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso».
Recordaron el llamado realizado con anterioridad, ante el caso de 2017 en Monterrey, urgiendo al Estado a desarrollar una estrategia nacional de prevención y protección integral de la niñez frente a la violencia armada, en el marco de la Cultura de Paz.
El Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado Mexicano en 2015 incluir en sus planes de estudio educación para la paz y derechos humanos toda vez que se tiene una presencia insuficiente. «El Comité observa con preocupación el alto nivel de violencia en el Estado Parte, que afecta a los niños tanto en las escuelas como en las comunidades, y especialmente, la violencia sufrida por los niños excluidos por el sistema educativo».
En esa misma recomendación se le pide al Estado Mexicano de Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como medios para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas y niños.
Las organizaciones civiles manifestaron, en el mismo comunicado, su rechazo al operativo «mochila segura» por considerar que es un acto de discriminación institucional que ha demostrado ser un fracaso para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar, enraizados en problemas complejos como la violencia comunitaria, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad. Además de recordar la imposibilidad de implementar este operativo en cualquier orden de gobierno porque sería una violación a derechos humanos, como lo establece la recomendación No. 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha observado que dicho operativo, violenta el derecho a la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior.
La Red por los Derechos de la Infancia en otras ocasiones ha insistido al gobierno federal así como las entidades de la república a implementar políticas públicas para eliminar la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes.
