Trafico de influencias impide a madre recuperar a sus hijos, denuncian

Jordán Ramírez Méndez, trabajador de «Vientos Culturales», organización civil que promueve los valores familiares, le arrebató a sus hijos a Cristina Liliana Fuentes Tovar con mentiras y apoyado por el sistema de justicia chiapaneco

Valeria Valencia / Colaboración

[dropcap]S[/dropcap]us delitos fueron trabajar de tiempo completo y no saber planchar ni servirle la comida a su esposo. El castigo fue arrebatarle a sus hijos de forma engañosa con la ayuda de las autoridades judiciales de Chiapas y la familia de él, que durante los últimos cinco años y medio no sólo le han restringido las visitas a sus hijos sino que han puesto en peligro la vida de la hija menor por el trato negligente a la enfermedad que la pequeña adquirió en manos del padre.
Jordán Ramírez Méndez, trabajador de «Vientos Culturales», una organización civil que promueve los valores familiares, le arrebató a sus hijos a Cristina Liliana Fuentes Tovar con mentiras y apoyado por el sistema de justicia chiapaneco y su familia, vigilante de los valores tradicionales de una sociedad que desprecia a las mujeres.
«El robo de hijos, hijas a madres con el apoyo de las instancias impartidoras de justicia es algo más común de lo que se cree», asegura Cristina Fuentes. «Conozco casos muy parecidos al mío en todo el país».
Lo desastroso de esta mala impartición de justicia es que no sólo violenta los derechos de las mujeres, quienes ya de por sí se encuentran en un estado de indefensión ante los tribunales que tienen paradigmas misóginos en su ejercicio, sino también el interés superior de las niñas y los niños que son tomados como rehenes por parte del padre y violentan sus derechos plasmados en la «Convención sobre los derechos del niño».
En el caso de la y el hijo de Cristina, el costo ha sido muy alto: el niño ha sido dañado emocionalmente ya que es notable el odio que se le ha inculcado hacia ella. «Mi hijo me odia a mí y a todas las mujeres, no quiero saber qué cosas le han dicho de mí para que mi hijo piense de esa manera», exclama.
La pequeña enfermó de diabetes y ha sido internada por la mala atención del padre, a quien se le ha perdido el glucómetro y la guía alimentaria más de una vez. Cuando se le interna, la madre es la última en saberlo. Cristina se quiebra cuando cuenta que a su hija la vio durante cinco años, del 2011 al 2016, siempre acompañada de una actuaria, cerca del padre de la niña, y en lugares públicos; no se le permite dormir con ella ni mucho menos ir a un lugar privado.
Cristina debía viajar una vez al mes de Jalisco a Chiapas para permanecer con su hija durante una semana, tres horas de lunes a viernes; y 10 horas, sábado y domingo. Al principio, las visitas de convivencia las realizaban en las instalaciones de Vientos Culturales, donde trabaja Jordán Ramírez, pero después de muchas batallas legales, logró modificar las condiciones de las convivencias.
A su pequeña hija, que ahora tiene ocho años, no la ha visto desde hace ocho meses porque le suspendieron las convivencias; a su hijo mayor, hoy de 15 años, no lo ve desde hace cinco años porque él alega «no querer verla».
Cristina narra los hechos y pese a la gran seguridad que le asiste al tener la razón, no encuentra respuestas que expliquen por qué en cinco días se le concedió la guardia y custodia de sus hijos a Jordán Ramírez Méndez. Tampoco tiene claro por qué los estudios sicológicos que ella ha realizado, así como un sinnúmero de trámites, la jueza los hacía perdedizos; por qué siempre le dan la razón a él, por qué él siempre gana las apelaciones. ¿Por qué?
En un sistema de justicia que parece no estar del lado de las mujeres, las únicas respuestas se encuentran en el tráfico de influencias con la que se opera, en este caso, el nombre visible es la abogada defensora de Jordán, la exmagistrada Ana Guadalupe García Caballero quien parece ser es la que mueve las piezas a favor de su defendido, según deduce Cristina Liliana.
La abogada influyente, junto con la anterior jueza de la sala 3 del Juzgado de lo familiar, Graciela Alcázar Castañón, han puesto de cabeza el juicio que a más de cinco años de iniciado y de tener todas las pruebas por parte de la demandada, no se ha emitido la sentencia.
Con la nueva jueza, Susana Sarmiento, las cosas han marchado distinto, sin embargo, los magistrados Carlos Rodolfo Soto Monzón, Armando Aroshi Narváez Tovar y Evaristo Barrios Arévalo, quienes integran la Segunda Sala Regional Colegiada en materia civil, Zona 01, han puesto trabas para que se emita ya una sentencia que, de ser imparcial estaría de lado de la madre.

La sanción por no ser «una madre normal»

Médica veterinaria, originaria de Jalisco, Cristina Liliana inició su tormento en el verano de 2011, cuando su hijo de 10 años y su hija de dos años y medio salieron felices de mano de su padre a pasar las vacaciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de un año y medio que no lo veían.
Todo parecía normal hasta que Cristina se enteró días después que se había iniciado un juicio en su contra en el que el padre de los niños, Jordán Ramírez Méndez, reclamaba la patria potestad de sus hijos. Al viajar a Tuxtla para saber qué había ocurrido y reclamar a sus hijos, policías le detuvieron el paso cuando llegó a casa de su expareja.
A partir de entonces, ha librado una batalla legal de casi seis años que han significado más de 30 viajes de Jalisco a Chiapas, gastado cientos de miles de pesos y le ha costado el cierre de dos de sus tres clínicas en Guadalajara.
En uno de los juicios, tanto Jordán como la hermana de él y su madre, con quienes convivió escasamente, la acusaron de no saber planchar, de trabajar todo el tiempo y de no hacer la comida así como de la sospecha de que ella en cualquier momento «regalaría a sus dos hijos». Bastaron esos argumentos para que las autoridades de justicia en Chiapas aceptaran iniciar un juicio que está plagado de vicios, inconsistencias, irregularidades y que ha separado a una madre de sus dos pequeños.
Cristina vivió con Jordán durante 10 años, tiempo en el que sufrió agresiones físicas y emocionales; las pruebas sicológicas que le han hecho durante el juicio lo confirman al diagnosticarlo como un ser controlador, egocéntrico, machista y misógino. Cris confiesa que se ha reconciliado con Chiapas, a pesar de ser la tierra en donde no ha encontrado ni la paz ni mucho menos la justicia.

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