Luego de que la Cámara de Diputados rechazara su reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un “Plan B” para reducir el gasto en congresos locales, ayuntamientos y órganos electorales, con el objetivo de liberar alrededor de 4 mil millones de pesos que podrían destinarse a necesidades sociales
AquíNoticias Staff
El rechazo a la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el costo de la democracia en México. Lejos de dar por cerrado el debate, la mandataria anunció un “Plan B” legislativo que buscará reducir el gasto público en congresos locales, ayuntamientos y organismos electorales.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el objetivo central de la iniciativa sigue siendo el mismo que motivó la reforma original: disminuir lo que considera privilegios y gastos excesivos dentro de la estructura política del país.
Según estimaciones del gobierno federal, los cambios propuestos podrían liberar alrededor de 4 mil millones de pesos, recursos que —de acuerdo con la presidenta— podrían destinarse a obras y programas sociales en municipios con mayores necesidades.
“Nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios”, sostuvo la mandataria, al insistir en que aún existen áreas del aparato público donde los salarios y presupuestos resultan desproporcionados frente a las carencias que enfrentan muchas comunidades.
La iniciativa original buscaba, entre otros puntos, reducir el financiamiento público a los partidos políticos y ajustar el gasto de las instituciones electorales, incluido el del Instituto Nacional Electoral (INE). Para la presidenta, una parte importante de la ciudadanía considera excesivo el monto de recursos destinados al sistema político.
“Al pueblo de México le parece excesivo que en un país con tantas necesidades se destinen tantos recursos a los partidos políticos”, afirmó, al señalar también que los consejeros del INE mantienen salarios superiores al de la propia titular del Ejecutivo.
Tras el rechazo legislativo, el nuevo plan se concentrará en recortar gastos en estructuras políticas locales. Entre las medidas planteadas se encuentra la posibilidad de establecer topes al presupuesto de los congresos estatales y reducir el número de regidores en los ayuntamientos.
Para ejemplificar las diferencias en el gasto legislativo, la presidenta mencionó que en algunos estados el costo anual por diputado puede variar significativamente. En Baja California, señaló, cada legislador representa un gasto cercano a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima el costo ronda los 5.1 millones, pese a que ambas entidades cuentan con el mismo número de diputados.
La propuesta también contempla revisar el tamaño de los cabildos municipales. Sheinbaum citó casos como Monterrey, con 28 regidores; Acapulco, con 20; y Puebla, con 23. En su opinión, reducir ese número permitiría liberar recursos para infraestructura local.
“¿Ustedes creen que realmente se necesitan tantos regidores?”, cuestionó durante la conferencia, al sugerir que el dinero ahorrado podría destinarse a obras públicas como agua potable, drenaje o mantenimiento urbano.
El “Plan B” también incluye cambios en materia de participación ciudadana. Entre ellos, la posibilidad de someter algunos temas electorales a consultas populares, algo que actualmente está restringido por la legislación vigente.
“¿Por qué no preguntarle a la gente sobre los montos que reciben los partidos políticos?”, planteó la mandataria.
Otra propuesta es flexibilizar los plazos para la revocación de mandato, de modo que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, y no únicamente en el cuarto como establece la ley actual.
El anuncio ocurre después de que la reforma electoral fuera frenada en la Cámara de Diputados con 334 votos en contra, provenientes del PT, el Partido Verde, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, mientras que Morena reunió 259 votos, insuficientes para alcanzar la mayoría constitucional requerida.
Pese al revés legislativo, Sheinbaum descartó que el resultado represente una derrota política para su gobierno y aseguró sentirse satisfecha con el proceso.
“No es el consenso por el consenso”, afirmó. “Nosotros tenemos un mandato popular y convicciones”.
El nuevo proyecto será enviado al Congreso en los próximos días. Su discusión volverá a poner sobre la mesa un debate que ha acompañado a la democracia mexicana durante décadas: hasta dónde reducir el gasto político sin debilitar las instituciones que garantizan la competencia electoral y la representación ciudadana.
