Las empresas buscan a mujeres tabasqueñas para trasladarlas a otros lugares o, por el contrario, llevan a mujeres de Cancún, CDMX y Estado de México a Tabasco para realizarles los procedimientos necesarios
Diana Hernández Gómez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- En Tabasco, el negocio de los vientres de alquiler es legal desde 1997. A pesar de las regulaciones que hay sobre el tema, detrás de esta legalidad se esconden prácticas de trata, repercusiones físicas y mentales para las mujeres, y redes de corrupción entre funcionarios públicos y empresas.
La internacionalista Keith López Nares ha investigado de cerca el caso durante los últimos años. Actualmente trabaja una tesis de maestría enfocada en este tema de la mano del Colegio de Postgraduados (COLPOS), campus Montecillo.
Durante su investigación, López Nares ha descubierto que, lejos de efectos positivos, la regulación del negocio ha traído efectos negativos tanto para las empresas como para quienes se someten a este tipo de procedimientos médicos.
Una nueva modalidad de trata legalizada
Del lado empresarial, la legislación ha encarecido los precios del proceso hasta alcanzar costos de entre 900 mil y un millón de pesos. Esto se debe a que hay más personas entre las que repartir las ganancias: abogadas y abogados, registros civiles y personal médico son algunas de ellas.
Gracias al encarecimiento, las clínicas que ofrecen estos servicios en la entidad están en decadencia y han tenido que ampliarse a otras partes del país como Cancún, el Estado de México o la capital. Pero el problema en esto –según declaró Keith López a Cimacnoticias– es que las clínicas en otros estados están operando con la legislación de Tabasco.
Debido a esto, en muchas ocasiones las empresas buscan a mujeres tabasqueñas para trasladarlas a otros lugares o, por el contrario, llevan a mujeres de Cancún, CDMX y Estado de México a Tabasco para realizarles los procedimientos necesarios.
«El traslado y el aislamiento de una mujer con un consentimiento casi obligado claramente es trata», afirmó la maestrante. Además explicó que, una vez separadas de sus familias, las mujeres deben someterse a diversas indicaciones de las empresas como no trabajar, estar en cama durante los nueve meses de embarazo y mantenerse alejadas de sus parejas y seres queridos.
Las empresas no son las únicas participantes en esta situación. De acuerdo con la investigadora, la mayoría de quienes rentan sus vientres son mujeres casadas y sus esposos juegan un rol de «proxenetas reproductivos» en todo el proceso.
Por otro lado, el pago que reciben las mujeres a cambio de sus «servicios» les alcanza para cubrir necesidades básicas como la manutención de sus hijas e hijos o la mejora de sus viviendas. Sin embargo, muchas veces el dinero no es suficiente para atender los problemas de salud que pueden desarrollar tras someterse a los procedimientos médicos.
La huella de la renta de vientres en los cuerpos
Antes de atravesar los tratamientos hormonales propios del negocio, las mujeres tienen que pasar una serie de pruebas médicas para comprobar su estado de salud. Además, deben cumplir ciertos requisitos como tener entre 25 y 35 años, y haber tenido por lo menos una hija o hijo sano.
Pese a esto, López Nares declaró que hay mujeres de hasta 38 años sometiéndose a los procesos médicos gracias a amparos interpuestos por las propias empresas. Algunas lo hacen incluso en más de una ocasión, lo que las expone a un deterioro casi inevitable de su salud, pues –de acuerdo con la investigadora– muchas mujeres que han rentado sus vientres han desarrollado cáncer a largo plazo.
Además de los efectos físicos, se presentan varios a nivel psicológico: quienes rentan sus vientres suelen experimentar depresión tras la separación de sus hijas e hijos. Pero de acuerdo con Keith López Nares, hay otros factores psicológicos determinantes desde mucho antes de los tratamientos médicos.
Durante su trabajo, la maestrante ha podido observar que muchas mujeres que recurren a esta fuente de ingresos se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad emocional. Esto las hace fácilmente manipulables, pues el reconocimiento que ganan al «ayudar» a otros las ciega respecto a las consecuencias que este tipo de servicios esconden.
Empresas corruptas y sin registros
La legislación inicial de Tabasco en 1997 no tenía ninguna restricción acerca de quién podía recurrir a la renta de vientres. Únicamente se establecía que las y los contratantes eran las madres y los padres legítimos de la niña o el niño nacido por este método, lo cual fomentó la existencia del turismo reproductivo en México.
En 2016, sin embargo, se hizo una reforma en el tema. De acuerdo con López Nares, esta modificación limitó el acceso a los servicios para parejas del mismo sexo y personas extranjeras. A pesar de ello, el acceso a los vientres de alquiler sigue vigente.
A veces, las parejas recurren a amparos donde argumentan ser víctimas de discriminación por su nacionalidad u orientación sexual. Estos amparos se dan por medio de las mismas empresas; pero para evitar los gastos que se generan, las y los empresarios suelen «comprar» a los registros civiles para facilitar los trámites.
Otra táctica a la que recurren las parejas que desean comprar una o un bebé es aquella en la que la mujer se hace pasar por esposa o concubina del hombre. Así es más sencillo para él tener la custodia de la hija o el hijo.
A estas irregularidades se suma la falta de claridad respecto a cuántas mujeres se han sometido a tratamientos para alquilar sus vientres y cuántas niñas y niños han nacido a partir del método. Y es que, pese a las legislaciones, las empresas no están obligadas a rendir cuentas sobre sus actividades.
Mientras tanto, hay esferas como el crimen organizado que están volteando a ver a estos negocios millonarios. Según Keith López Nares, hay hipótesis de que los grupos delictivos en Tabasco –quienes cada vez ganan más terreno– están recurriendo a las empresas de vientres de alquiler para lavar dinero.
¿Cómo romper con las prácticas de explotación moderna?
En países como Ucrania y la India, los negocios reproductivos han dejado de ser una opción por las legislaciones, pero también por las crisis sociales y políticas que azotan las regiones. Aunque algunas de estas problemáticas están presentes también en América Latina, López Nares afirmó que los negocios de renta de vientres están mudándose a esta parte del mundo.
Por su parte, miles de parejas deciden recurrir al alquiler de vientres por ideas aún dominantes como la de «perpetuar su linaje«, según la opinión de la investigadora: «Si un niño o niña no es tu sangre, se le ve mal», aseveró.
También agregó que esta práctica, cada vez más normalizada, perpetúa la idea de que las mujeres existen para el servicio de los otros, a fin de cumplir sus sueños o deseos. Así, detrás de este negocio hay lógicas patriarcales que no permiten abrir el panorama de nuevos modelos de familia; modelos en los que, por ejemplo, la adopción puede ser una alternativa más segura y responsable, antes que rentar y explotar el cuerpo de una mujer.