La panista Adriana Dávila Fernández calificó de «sumamente deficiente» al manejo de la información, sobre todo respecto de la evaluación de los resultados de la política pública, lo que dificulta el acceso a información clara y la efectiva rendición de cuentas
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]»[/dropcap]En Chiapas, se detectó a mujeres que estaban acusadas injustamente, con el fin de aumentar las sentencias y reportarlas como estadísticas contra el delito de trata», acusó la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, durante la presentación del análisis y evaluación del último informe oficial en la materia.
El Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas —elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) —, reportó 618 sentencias a nivel nacional en el periodo comprendido de 2009 al último año de estudio. De esa cifra, sólo 19 corresponden al fuero federal y el resto, a las entidades federativas. Además, destaca que el 75 por ciento de éstas se concentra en tres entidades: el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), el Estado de México y Chiapas.
No obstante, la presidenta de la comisión senatorial, la panista Adriana Dávila Fernández, calificó de «sumamente deficiente» al manejo de la información, sobre todo respecto de la evaluación de los resultados de la política pública, lo que dificulta el acceso a información clara y la efectiva rendición de cuentas.
Es evidente que hubo «simulación, datos diversos sobre un mismo tema, falta de pulcritud en su elaboración y evaluación, falta de coordinación entre la Comisión Intersecretarial y las instituciones integrantes de la misma, así como omisiones y nulo interés por parte de las entidades federativas para el combate al delito de trata de personas», dio a conocer el grupo parlamentario blanquiazul, en su página oficial.
Tras un exhaustivo análisis de los datos, se encontraron fallas en la coordinación de la política pública, el combate y sanción al delito y, especialmente, en la falta de atención a las víctimas, manifestó la legisladora ante sus homólogos, funcionarios de la Segob y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La misma fracción emitió un boletín al respecto en el que critica que en 2015 ninguna víctima del delito de trata recibió reparación integral del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Las inconsistencias graves también se observan en las cifras sobre sentencias: «Mientras la Segob asegura que en las entidades federativas se dictaron 127 sentencias, la realidad es que sólo se logró acreditar 39 casos y, aun así, los tribunales estatales enviaron la información sólo sobre 23 de ellos».
Por si fuera poco, el Informe 2015 no especifica por año el número de sentencias condenatorias; sin embargo, con información solicitada vía transparencia a la Segob, se comprobó que de las 39 sentencias acreditadas, sólo 22 son condenatorias y, de esas, sólo 15 se hicieron con base en la ley vigente.
Efectividad, en tela de juicio
En marzo pasado, Marisol Ramírez, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y encargada de la atención a grupos en situación de riesgo de la Segob, aseveró que Chiapas era referente por las acciones llevadas a cabo en el combate de la trata de personas.
Precisó que era la segunda entidad con más acciones en la materia y que se habían emitido 121 sentencias contra este delito, todo ello gracias al trabajo de la comisión intersecretarial que preside Raciel López Salazar, en ese entonces procurador general de justicia estatal y actualmente fiscal general del Estado, destacó la funcionaria.
Antes de ello, en octubre de 2016, la organización civil «Comisión Unidos contra la Trata» —que preside la activista Rosi Orozco— otorgó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el «Reconocimiento a la labor de líderes en contra de Trata de Personas», en el marco de los esfuerzos promovidos en la entidad contra este flagelo.
Hoy, todos estos supuestos avances quedan en «tela de juicio» tras los dichos de la comisión senatorial que hacen referencia a la criminalización de mujeres, con tal de obtener cifras benevolentes para la administración de justicia.
Antes que el informe de la Segob, el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México —actualizado en 2015— que elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constataba que Chiapas es segunda, entre las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas iniciadas por ese delito con una cifra de 315. La supera Puebla con 375; y le siguen en el listado Ciudad de México (113), Oaxaca (118), así como Baja California Norte y Estado de México (95 cada una). Las seis concentran el 76 por ciento del total iniciadas en el ámbito local.
En el mismo informe de la CNDH, pero de 2013, se evidenció un incremento en el registro de averiguaciones por esta causa, en comparación con lo captado en 2009. Ese año, las autoridades estatales sólo reportaron la existencia de ocho; en 2010, fueron 13; en 2011, 71; para 2012, se contabilizaron 51; y el siguiente año, 23.
Chiapas también figuró entre las entidades con mayor número de consignaciones con 104; le seguían Puebla (69) y el Distrito Federal (55). En conjunto, los tres estados concentraron el 60.6 por ciento de estos procesos.
De manera más detallada, el documento explica que en 2013, se abrieron 166 carpetas de investigación; de ellas, 104 derivaron en consignaciones; en cuatro no hubo ejercicio de la acción penal; y 14 se mantuvieron en reserva. No se sabe en qué casos hay presunción de violación de derechos humanos.
«En cuanto al número de sentencias a nivel local, de la información correspondiente a las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas, recabada por este organismo, se advierte que se han dictado 90 sentencias condenatorias por el delito de trata en 17 entidades. El mayor número de sentencias se registraron en el Distrito Federal, Chiapas, Sonora, Puebla y Estado de México; tan sólo estas cinco entidades concentran 71.1 por ciento de las sentencias dictadas a nivel local», añadió.
Cumplimiento insatisfactorio
El mismo organismo reconoció entonces que había recomendaciones giradas a las autoridades chiapanecas por violaciones: «Las autoridades a las que se han dirigido recomendaciones para la protección de los derechos humanos de las víctimas del delito de trata de personas son el gobierno del Estado de México, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el Ayuntamiento Constitucional de Pedro Escobar (Querétaro) y al presidente municipal de Tapachula (Chiapas)».
Se les pidió cumplir con determinadas líneas de acción para mejorar los procesos, luego que mediante las investigaciones efectuadas durante la integración de los expedientes tramitados ante la CNDH, se advirtiera la existencia de violaciones a la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, el debido proceso, la procuración de justicia, el honor, el derecho del menor a que se proteja su integridad, el trato digno, el trabajo, la libertad personal, la integridad, la seguridad personal, así como a la debida atención y protección de las víctimas.
Asienta que el Ayuntamiento de Tapachula cumplió «insatisfactoriamente» con una recomendación (25/2007) emitida en el marco del caso de niñas y niños de origen guatemalteco hallados en el basurero de esa ciudad.
Sí, desde 2013 Chiapas encabeza los resultados positivos de acciones contra la trata e incluso cuenta con el reglamento de su respectiva legislación especial en la materia, luego que a nivel federal entrara en vigor la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007). Sin embargo, habría que buscar en esos datos velados para confirmar o descartar que las autoridades no se esfuerzan por cumplir con la cifra.
Lo dijo la senadora Adriana Dávila: «No se puede continuar con cambios cosméticos en las leyes aprobadas por el Congreso para el combate a la trata de personas, ni en las políticas públicas implementadas por el Gobierno».
