La condena fue dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá-Palenque, luego de que en el juicio oral se acreditara la responsabilidad penal del acusado. La sentencia incluye reparación del daño y protección de la identidad de la víctima
AquíNoticias Staff
Un Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Chiapas dictó una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Pedro “N”, tras declararlo penalmente responsable del delito de pederastia, cometido en agravio de una niña cuya identidad permanece reservada.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Palenque, y fueron conocidos por el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá-Palenque, donde, tras el desarrollo del juicio oral, se acreditó la responsabilidad penal del sentenciado.
Además de la pena privativa de la libertad, la persona juzgadora impuso el pago de la reparación del daño, como parte de las sanciones establecidas en la resolución judicial. La sentencia se sustentó en el desahogo de pruebas presentado durante las audiencias, conforme a los principios del sistema penal acusatorio.
El caso se inscribe en un contexto de atención judicial a delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, un ámbito que ha cobrado especial relevancia en la agenda pública por la gravedad de las conductas y el impacto irreversible que generan en las víctimas.
Desde una dimensión institucional, el Poder Judicial del Estado de Chiapas ha sostenido que este tipo de resoluciones responden al principio del interés superior de la niñez, que obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de personas menores de edad.
El Poder Judicial del Estado es encabezado por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, bajo cuya gestión se ha reiterado la obligación de garantizar que los delitos que atentan contra la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes no queden en la impunidad.
La sentencia constituye una resolución firme dentro del ámbito penal, derivada de un proceso judicial en el que se observó el debido proceso y la protección de los derechos de la víctima, cuya identidad permanece legalmente resguardada.
