En medio de la impunidad existente para ejercer el periodismo, llegamos a un día más del tan discutido 7 de junio, llamado día de la libertad de expresión en México, y cuyos orígenes son o derivan de una reunión en los tiempos del presidencialismo con empresarios de medios que, determinaron instaurar la fecha –como siempre- sin consultar a periodistas.
Luego de eso, sucesivamente se fue celebrando entidad por entidad esa fecha, aun a sabiendas del enorme control de información que se ejercía en ese entonces y que en éste tiempo ha evolucionado sustancialmente dicen los que saben gracias a las redes sociales.
Pero lo que extraña es que se celebre por parte de los periodistas, desde que hará unos 17 años iniciaron los asesinatos en contra de comunicadores.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que fue el pasado 3 de mayo, se contabilizaban 125 periodistas asesinados, 20 desaparecidos y 51 atentados contra medios de comunicación en ese lapso de tiempo.
Datos proporcionados en esa fecha por Rodrigo Santiago Juárez, quien es director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos Civiles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cinco entidades que tienen el mayor número de comunicadores asesinados son, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero, en ese orden, pero aparecen once entidades más en las que al igual que los casos más sonados, hay impunidad para resolver esos casos, aun sean del interés internacional por parte de organizaciones mundiales de comunicadores y medios informativos.
A todo esto, una semana después, es decir el 10 de mayo, la Procuraduría General de la República designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, como nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que se supone «es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión», se dijo.
Sí, toda esa gran descripción para el cargo, que sin embargo, está de más porque sus logros son los menos.
El relevo se dio ante las quejas que se dieron ese 3 de mayo pasado en torno a la nulidad de la FEADLE, y desde luego ante el aumento de asesinatos y agresiones en contra de comunicadores no solo durante el primer cuatrimestre de 2017, sino porque en lo que va del sexenio de Peña Nieto suman 36 periodistas asesinados.
Muchos son los que sostenemos que no hay que celebrar, pero los hay quienes gustan de ello y es ya cuestión personal, y si acaso aceptar sin conceder algún reconocimiento por el trabajo realizado como se da en cualquier trabajo u oficio, pero sin quitar el dedo del renglón en el que no se ha borrado la palabra «impunidad» en torno a éstos crímenes que son reflejo también del México intolerante y violento.
