Pues en realidad el primero que declara que se une a la protesta ciudadana.
Lo dijo en conferencia de prensa y eso quedó registrado y a ver si lo demuestra, si es que la sociedad civil muy arisca con los políticos, solicitan la intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Penagos Vargas.
Ofrecimiento sui generis, aunque es cierto que su cobertura solo es de gestión, y llevar en o a dónde corresponda, la postura de la sociedad civil chiapaneca a las instancia en las que un diputado local en su condición de presidente de la JUCOPO, puede lograr.
No hay entidad al momento en que el líder del congreso se haya pronunciado en ese sentido, y menos tratándose de un legislador del PVEM, aliado al PRI que es gobierno.
El congreso del estado va a entrar o ya diseñó medidas de austeridad.
La discusión es la misma sobre el porqué hasta ahora que se dio la necesidad; se siente como tardío pero no deja de ser bueno que en ese poder del estado, opten por reducir gastos que significarán un ahorro interno por 21 millones de pesos, que no es poco decir pero que denota a la vez, lo que los diputados por el simple hecho de serlo, disponían entre cuarenta que son, además de aviadores, asesores de los que ahora se va a prescindir.
Tiene décadas –mínimo tres- en que en éste país se debió acabar con esas mercedes y privilegios.
Son eran o son canonjías a partidos y personajes afines a los que deciden.
Pero en el caso del congreso, hay aviadores incluso no identificados, a los que los pagos por tarjeta benefició.
Ni se les ve en ese recinto.
Son costos políticos que deben acabar, y más tratándose de cuestiones personales en las que ni abundar, porque son nombres o que están en otro lado o que son parte de cercana a legisladores.
Lo bueno es que se dijo en esa conferencia de prensa es que la medida es para aplicarse de manera definitiva, esto es, se acabaron los aviadores.
Ya la sabemos: una cosa está en el decir y otra en el hacer.
Ojalá se diera a conocer ese listado, para procesarlos porque al final de cuentas atentaron contra el estado sin trabajar, y eso debe tener un castigo legal
¿O no?
Porque al final de cuentas defraudaron al estado, desde el contrato incumplido, –por meses o años- que no trabajados, pero si usufructuaron económicamente.
¿Se van a ir impunes?
