Las gráficas de legisladores dormitando, platicando o distraídos en su teléfono es común por todos los estados y desde luego en las cámaras federales. Y aunque no se crea, por un alto porcentaje y sobre todo por el ángulo de las fotos, son tomadas por sus propios compañeros y filtradas «con maldad» a las redes.
Obvio con otros nombres.
Estas imágenes se vuelven virales, no porque se trate de un determinado diputado, sino por el desprestigio en sí que se acuñan ellos mismos, como ahora: en el ámbito nacional por el incremento para cada uno de los 500 diputados de San Lázaro de 20 millones de pesos –o sea, un total de 10 mil millones de pesos- para dirigirlos a la inversión de infraestructura de Estados y municipios, aun la vía de que estarán etiquetados y que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que entregue los mismos. De ese recurso derivan los famosos «moches» que demostraron la corrupción panista; la otra es local: por la referencia de que para el presupuesto para Chiapas la representación federal del estado no unió fuerzas para defenderlo y significó que se perdieran cinco mil 200 millones de pesos que, desde luego es merma para la inversión pública en lo general en la entidad.
Ese candado de etiquetarlos vía hacienda es relativo: y es que todo viene etiquetado por hacienda, y de todos modos hay desvío de recursos, peculados, uso indebido del material para infraestructura.
En torno a ser diputado por Chiapas o cualquier otra entidad, los legisladores federales una vez en su curul, son de su partido, no de su distrito o entidad; reciben instrucciones centrales que deben acatar y si se salen del lineamiento, «caen en desgracia» para sus siguientes aspiraciones.
El institucionalismo a ultranza que le llaman.
En las entidades del país, un evento de distracción se vuelve morbo, burla y hasta insultos.
No por eso el o la legisladora va a dejar la curul; ciertamente en sesión deberían abocarse a lo que se supone es por el interés del estado, pero sabemos que no es así: hoy con los gobiernos plurales los intereses estructurales de los partidos se adhieren al del gobernante estatal, y a eso responden los legisladores locales en ese cruce de intereses. Hay una oposición sin serlo y se observa en el pobre discurso social en las cámaras de las entidades y solo de vez en vez alguno de ellos expone realidades contundentes y hasta ahí, porque no encuentra eco ni en sus compañeros de bancada.
Hoy el problema de los legislativos es que no tienen credibilidad; casi todos esos legisladores –no incluyendo a los plurinominales que ya deben desaparecer, por onerosos e innecesarios-, han ganado en sus distritos por porcentajes muy bajos en una participación por distrito de menos del 45 por ciento del listado nominal.
Son desde luego triunfos legales pero no los legitima ante la base social que representan.
Y la discusión sobre el tema tiene tiempo en la medida de que el abstencionismo crece.
Pero regresando al origen de éste bodrio, todo lo que sea burla sobre un político en el cargo que sea, es tomado con ganas por la opinión pública, que no se mide en el respeto, en la denigración y hasta en el insulto.
¿Se lo merecen?
Ahí se las dejo a su criterio, incluso al de ellos y ellas que dicen representarnos
