El exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo había reconocido que en 2018, uno de los retos del sistema electoral era enfrentar este delito que se contempla dentro de alteración del Registro Federal de Electores, y en el que se involucra a migrantes centroamericanos
Portavoz Staff
[dropcap]S[/dropcap]antiago Nieto Castillo fue destituido como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) justamente cuando «sobre la mesa» de las investigaciones estaba puesto el tema del «turismo electoral» en Chiapas.
En el espacio que se le dedicó a la entrevista con Nieto Castillo en el diario El País, se hizo notorio el dato respecto a que la Fepade tiene abiertas indagatorias por casos de «guatemaltecos que conseguían credenciales de elector para votar en México». Ésta no es la primera vez que delitos de este tipo acontecen en el Sur pero ¿qué es el «turismo electoral»?
La revista Vértigo Político ya había abordado el concepto. Explicó que el «turismo electoral» no está calificado como tal en el Código Penal Federal, ni en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo, se persigue bajo la modalidad de alteración del Registro Federal de Electores.
Esta conducta está prevista y sancionada en el artículo 13, fracción I, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; contempla como infractor a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal.
Se denominan «golondrinos» o «turistas electorales» a las personas que, sin que en realidad cambien de residencia, hacen el cambio de domicilio en un módulo del IFE para votar por un partido en otro distrito, municipio o estado de la República; asimismo, a quienes siendo de origen extranjero o residiendo fuera de la República adquieren de manera ilegal una credencial para votar mexicana, a fin de participar en comicios próximos de esta nación.
Esta práctica ocurre en todos los procesos electorales, sin embargo, es en los comicios locales donde se hace más notorio.
El delito en Chiapas
En abril de este año, Nieto Castillo en su todavía calidad de fiscal electoral alertó de movimientos inusuales que podrían enmarcarse dentro de estas características, incluso habló de «migraciones masivas»; se presentaron denuncias, intentos de alteración al registro general de electores, según recogió Excelsior.
«Son movilizaciones masivas que hemos encontrado desde 2012. Lo anterior se detecta en un trabajo conjunto con el INE para atacar conductas en elecciones sobre todo de «turismo electoral». Tenemos 335 órdenes de aprehensión en Veracruz, de funcionarios que estuvieron instigando a personas, son personas de bajos recursos las que se cambian de domicilio de forma masiva en época de elecciones», destacó.
Tres meses después (julio) reconoció —según La Jornada— que en 2018, uno de los retos del sistema electoral era el «turismo electoral» en el que se involucra a migrantes centroamericanos, sobre todo en Chiapas.
Pero antes ya había asentado estas apreciaciones. Lo hizo a principios de año en un artículo que elaboró en conjunto con Sandra Fabiola Valdez Méndez, directora de Análisis y Prospectiva de la Fepade.
Ahí se lee: «En Chiapas, la Fepade mantiene investigaciones por «turismo electoral» de personas que, siendo de origen centroamericano, acuden al Registro Civil de algunos municipios fronterizos chiapanecos a obtener actas de nacimiento extemporáneas (en ocasiones avaladas sólo con una carta de una partera sobre hechos de 20 años atrás), y con dicho documento se presentan ante el RFE para obtener su credencial de elector.
«Lo anterior, con la aquiescencia de las autoridades municipales. La afectación es doble: por un lado, se garantiza un número de electores a favor del partido gobernante y, por otro, esas personas terminan transitando por el país como nacionales y reciben apoyo de programas sociales, sin tener derecho a ello».
Los casos
Un día antes que la destitución del Nieto Castillo fuera noticia, la Fepade informó mediante un comunicado los primeros logros en el combate de este flagelo en la entidad, al dar a conocer que se había obtenido una orden de aprehensión en contra de dos individuos, y una audiencia contra otro debido a situaciones relacionadas «con la posible alteración al Registro Federal de Electores y expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía».
La misiva oficial expedida el 19 de este mes, la Fepade daba cuenta acerca de que diversos ciudadanos, al parecer nacionales de Guatemala y Honduras, acudieron al municipio de Mazapa de Madero, con la finalidad de obtener un acta de nacimiento como ciudadanos mexicanos dentro del marco del «Programa de registros extemporáneos de Nacimiento para Mayores de 18 años».
Asistieron para que una vez obtenida la credencial de elector con fotografía, beneficiaran a un partido político en la jornada electoral del año 2018.
«Por tal motivo, el agente del Ministerio Público de la Federación realizó una minuciosa investigación con la cual se acreditó que los imputados obtuvieron ilícitamente una credencial para votar con fotografía, en diversos Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), en los Estados de Sonora, Chiapas y Quintana Roo», se lee en el documento.
El caso más sonado a nivel nacional ha sido el de la presidenta municipal de Suchiate, Matilde Espinosa, conocida como «La Loba», contra quien ejercieron acción penal. Su esposo, Saúl Álvarez López, era juez de Registro Civil y dio mil 575 actas de nacimiento extemporáneas a migrantes guatemaltecos para que tramitaran credenciales electorales y votarán en favor de su partido, el Verde Ecologista de México.
