Habitantes de San Juan Chamula niegan haber participado en el desalojo violento el día de ayer contra maestros, acusaron que el hecho podría estar vinculado al edil del municipio, Domingo López González
Redacción
[dropcap]A[/dropcap] 24 horas de la agresión contra integrantes y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, los supuestos agresores se deslindaron de los hechos.
Al asegurar que respaldan la lucha magisterial, tzotziles de San Juan Chamula se deslindaron del desalojo violento de docentes y organizaciones que mantenían bloqueado el kilómetro 46 de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, y acusaron al edil de Chamula, Domingo López González, de orquestar «la brutal represión».
A su vez, maestros adheridos a la coordinadora culparon de la agresión a las autoridades municipales de San Cristóbal de las Casas y al líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Los Altos de Chiapas (Almetrach).
Ayer, al menos 2 mil 500 personas mantenían bloqueado el kilómetro 46 de la autopista, instalado seis horas después de que su plantón fuera destruido; simultáneamente hubo otros dos bloqueos totales en las salidas oriente y poniente de Tuxtla Gutiérrez.
En un comunicado, los pobladores negaron haber participado en estos hechos, ya que respaldan al movimiento magisterial, «porque también estamos cansados del mal gobierno, de la corrupción y de las injusticias».
Por ello, llamaron «al pueblo» a no caer en las provocaciones del munícipe y del líder de la Almetrach, a quienes señalaron de hacer los «trabajos sucios» del gobernador Manuel Velasco.
Por separado, Adalberto Hernández Rabales, vocero de la CNTE en Los Altos, aseguró que la tarde del miércoles operó un grupo de choque, cuyos integrantes pertenecen a la Almetrach, liderados por Ruiz Sántiz, a quien se vincula directamente con el alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Marco Cancino González.
Mientras, el gobierno de Chiapas, a través del secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró que la presencia de la policía preventiva en el lugar obedeció a razones de seguridad y por solicitud de medidas cautelares de organismos de Derechos Humanos.
(Con información de Milenio)
