Un año de «corruptelas» en la Sedesol-Chiapas

La delegación federal permaneció acéfala por prolongado tiempo, antes de la llegada de Miguel Prado de Los Santos que asumió el cargo el 1 de abril de 2016. Los reiterados señalamientos de corrupción y malos manejos lo han perseguido y hasta febrero de este año ya sumaba una lista de diversas acusaciones por retención de recursos e impagos

Julieth Rodríguez/Portavoz

[dropcap]E[/dropcap]l sábado se cumplirá un año de que el diputado local con licencia, Miguel Prado de Los Santos, tomó posesión de la delegación estatal de la Secretaría para el Desarrollo Social (Sedesol) en medio de señalamientos de corrupción, por desvíos de dinero en los que presuntamente incurrió como titular del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), así como por el escándalo de exhibicionismo en redes sociales que protagonizó. Su paso por la delegación chiapaneca de esta dependencia federal no está libre de señalamientos, pues ya se le ha acusado de retención de recursos.
La Sedesol permaneció prolongado tiempo acéfala, antes de la llegada del tonalteco que asumió el cargo el 1 de abril de 2016, previa licencia autorizada por el Congreso del Estado el 20 de enero del año pasado (Decreto número 153, del Poder Legislativo del estado). En octubre de 2015, se había colocado en la cámara local como legislador por el Partido Revolucionario Institucional; antes de su campaña para la contienda, ya pesaban sobre él acusaciones de corrupción durante el tiempo en que encabezó el Icheja.
Asumió la titularidad de ese instituto en enero de 2013. Los empleados de ese organismo lo han señalado de haber desviado fondos para financiar la campaña que lo llevó al Congreso estatal, incluso cuando ya se había separado del puesto. Este desfalco, adujeron, era la causa del retraso en los pagos a asesores e inoperatividad de la dependencia de alfabetización; por ello, a principios de 2016 iniciaron un paro en diferentes ciudades donde el Icheja tiene presencia.
Trabajadores de ese mismo instituto —que prefirieron omitir sus nombres por temor a represalias— proporcionaron un escrito que se halla en los archivos de este medio de comunicación, en el que dan cuenta de la inconformidad de sus compañeros en Tonalá. Además, uno de los integrantes de la comitiva declaró: «Están en contra de un encargado que dejó Miguel Prado, «El Sirenito», el que ahorita es delegado de Sedesol; él estuvo primero ahí en el Icheja y desvió muchos recursos para su campaña electoral con la que ganó la diputación local por el distrito de Tonalá».
La noticia de su llegada a dicha delegación federal revivió la polémica en la que estuvo envuelto en el ínter de sus cargos públicos en las dependencias referidas. Vía redes sociales, el periodista y columnista de «Sin Ambages», Juan José Fierros Canseco, acusó al diputado de comulgar con «la inmoralidad» porque se filtraron por medio de Facebook fotos —que aún circulan— en las que aparecía desnudo y alcoholizado. En esa ocasión (15 de julio de 2015) también lo señaló de prepotencia, acoso sexual y laboral, así como de venta de plazas.
Meses antes (mayo, 2015) otro columnista, Víctor M. Cruz Roque, dijo en su espacio denominado «Voz Pública» que Prado de Los Santos violaba el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, pues todavía continuaba al frente del Icheja, «es decir, no presentó su renuncia de acuerdo a los tiempos establecidos», cuando se postuló a un cargo popular.

Estela corrupta

Los reiterados señalamientos de corrupción y malos manejos han perseguido a Miguel Prado de Los Santos hasta la Sedesol. Ocho meses después de haber asumido la titularidad de esa delegación federal, un grupo de madres de familia beneficiarias del programa «Prospera» lo acusaron ante los medios de comunicación locales de no otorgarles el pago bimestral correspondiente al periodo noviembre-diciembre 2016.
Aseguraron que en la ventanilla del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros les informaron que «no había dinero» y que probablemente el depósito se efectuaría en febrero (2017). Una de las inconformes aseveró: «Cada año es lo mismo y siempre terminan desapareciendo un bimestre de pago. Échele usted pluma ¿cuánto se estarán embolsando los funcionarios de Sedesol?».
«En cada junta nos obligan a comprar a todas las que estamos inscritas, una bolsa de suplemento alimenticio —de los que otorga la misma dependencia— a 20 pesos la bolsa, ¿quién es el que se beneficia de ese pago, qué funcionario? Sólo en mi grupo somos 120 mujeres, sólo ahí hablamos de 2 mil 400 pesos y eso es cada mes», explicó.
Días después de estas denuncias, trascendió que la delegación en Chiapas accedió a otorgar los recursos pero fuera de tiempo y recortados debido a que los hijos de las beneficiadas estaban en periodo vacacional. Las inconformes calificaron este proceder de injusto pues de 2 mil 800 pesos que les correspondía, sólo les otorgarían 800 pesos; se hablaría de una retención cercana a un millón 400 mil pesos, ya que en Chiapas son al menos 700 mujeres inscritas en ese padrón.
Al respecto, una de las afectadas explicó para la prensa local que para la dependencia sería fácil simular los pagos porque de manera obligatoria, ellas dejaron su registro dactilar (huella) en digital.
«Ya nos cansamos de tocar las puertas para tener una plática con el delegado Miguel Prado De los Santos, pero este nunca se encuentra en su oficina. Eso sí, siempre está presente en todas las reuniones con los políticos, pero cuando se trata de cumplir con su trabajo nunca está. Exigimos que se le haga una auditoria, no es justo que los recursos siempre los desaparezcan», se lee en la declaración recogida por Mural Chiapas.
En julio del año pasado, los representantes de los Clubes de Amigos Chiapas y Clubes de Migrantes en México enviaron un documento a la subdirección de la Sedesol, así como al gobierno de Chiapas, en el que acusaban al delegado chiapaneco y sus colaboradores de mantener los proyectos «estancados».
Asimismo, hicieron señalamientos de subejercicio presupuestal por no contar con los convenios firmados por la dependencia federal. Acusaron a un empleado de esa dependencia, a quien identificaron como Felipe Vera, de «ser ellos quienes desarrollen de manera directa los proyectos a realizarse, al transferir nuestro recursos a cuentas bancarias creadas exprofeso. Se nos ha pedido «ceder» los proyectos para que «ellos» los administren y operen a su conveniencia; sin dejar claro qué normatividad o procedimientos realizarán».
Esa petición sería violatoria del artículo 10, fracción V, de la Ley de Desarrollo Social que estipula que los favorecidos de los programas tienen derecho a «recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada».
De manera más reciente, en febrero de este año, las administradoras de las estancias infantiles en Chiapas se manifestaron frente a su coordinación ya que la delegación estatal de la Sedesol les adeudaba la quincena correspondiente del mes febrero.
Las inconformes denunciaron ante la prensa que se trataba de al menos 370 estancias infantiles en el estado en la misma situación, por lo que se hablaba de un monto de más de 10 millones de pesos en deudas. Ante la inacción de su coordinadora, Julia Concepción Nuricumbo, acudieron de forma directa a la delegación chiapaneca de la dependencia federal. Ante la ausencia de Prado de Los Santos, fueron atendidos por un subdelegado.
Las autoridades les aseveraron que el pago se efectuaría el lunes posterior a su manifestación. Cada estancia infantil en promedio percibe por alumno alrededor de 900 pesos, en niños con discapacidad mil 800 pesos, explicaron las afectadas.

La nota nacional

Las irregularidades en la delegación chiapaneca de la Sedesol han sido nota nacional. La agencia de noticias Apro documentó que esa dependencia federal desvió a nivel nacional por lo menos mil 787 millones de pesos en 2015.
De esa cantidad, especificó que del programa de «Opciones Productivas» se desviaron 65 millones 904 mil pesos, «sobre todo debido al mal uso de los recursos por parte de la delegación de la Sedesol en Chiapas».
Animal Político también habló de un caso más en el que se mencionaba al estado. En un reportaje fechado en febrero de este año refirió que en la auditoría realizada al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, se investiga el destino de 160 millones 635 mil pesos, que debían usarse para entregar 105 mil paquetes de láminas para techos fijos, que serían colocados en zonas marginadas del país.
«La Auditoría Superior de la Federación encontró que Sedesol incurrió en irregularidades principalmente en la aplicación o destino de los paquetes de láminas, así como en la comprobación de los trabajos de instalación en Chiapas, Guerrero, Yucatán, Oaxaca y Michoacán», se lee en el trabajo periodístico.
Por último, menciona que para la instalación de 15 mil baños ecológicos, la Sedesol contrató al consorcio conformado por las empresas BPG Ingeniería, Grupo Daxme, y Muebles y Mudanzas; no obstante, esto se tradujo en una malversación de 240 millones 262 mil pesos a nivel nacional.
«Se encontraron 77 entregas duplicadas de baños en Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz, que suman una pérdida de 2 millones 977 mil 300 pesos», explicó.