Por Mario Escobedo
Donald Trump cumple un año de haber regresado al poder. Un año. Y lo más inquietante no es lo que ya hizo, sino lo que todavía falta: tres años más de un proyecto político que ha convertido la migración en su enemigo perfecto. Porque nada cohesiona más a una base política que el miedo, y nada resulta más rentable electoralmente que señalar a un “otro” al que se puede culpar de todo.
Lo peor del primer año de su segundo mandato no es solo la dureza de sus políticas, sino su normalización. Hoy deportar más, detener más y castigar más parece haberse vuelto sinónimo de “gobernar mejor”. La migración dejó de ser un fenómeno social complejo y pasó a ser un problema de “seguridad nacional”, una narrativa tan simple como peligrosa.
Y quienes más han perdido en este año no son únicamente los migrantes en tránsito, sino también los millones que ya vivían en suelo estadounidense, que trabajaban, estudiaban, criaban hijos, pagaban impuestos y habían construido comunidad. Hoy todos ellos viven bajo una amenaza constante: la de ser considerados prescindibles.
El primer golpe llegó con la Laken Riley Act, la primera ley firmada por Trump en su segundo mandato. Una reforma que amplía la detención obligatoria de personas migrantes acusadas incluso de delitos menores. No se trata de sentencias firmes, basta la acusación. La presunción de inocencia, principio básico del derecho, quedó subordinada a la condición migratoria. Ser migrante se volvió, de facto, una forma de culpabilidad anticipada.
A esto se sumó la aprobación de la llamada One Big Beautiful Bill Act, que inyectó miles de millones de dólares a la maquinaria de detención y deportación: más centros de encierro, más agentes, más redadas, más vigilancia. La política migratoria se convirtió oficialmente en una industria del castigo.
Desde el primer día, Trump dejó claro el rumbo. El 20 de enero de 2025 firmó decenas de órdenes ejecutivas. Entre ellas, la EO 14159, que lleva un nombre revelador: Protecting the American People Against Invasion. No habla de migración, habla de invasión. No habla de personas, habla de amenaza. Bajo esta lógica se ampliaron las expulsiones aceleradas sin audiencia judicial, se negaron beneficios federales a personas indocumentadas y se castigó a las ciudades que no colaboraran con la política federal de deportación.
La frontera dejó de ser un límite geográfico y se convirtió en una condición permanente de vigilancia dentro del país. Las redadas regresaron a barrios, centros de trabajo y espacios comunitarios. El mensaje fue claro: nadie está completamente a salvo.
Uno de los puntos más oscuros de este primer año ha sido el endurecimiento en la detención de familias y niños migrantes. La imagen de menores encerrados, que parecía una herida moral abierta del primer mandato, volvió a hacerse cotidiana. La infancia migrante, otra vez, tratada como problema y no como sujeto de derechos.
A la deportación forzada se añadió una estrategia más sutil pero igual de cruel: la auto-deportación incentivada. El gobierno ofreció dinero a personas indocumentadas para que se “regresaran voluntariamente” a sus países. No es una política humanitaria: es una política de desgaste psicológico. No se expulsa con violencia directa, se empuja con miedo, precariedad y desesperación.
Las consecuencias sociales ya están documentadas. Diversos estudios muestran un aumento del miedo, la ansiedad, el deterioro de la salud mental y el empobrecimiento de comunidades migrantes. No importa si tienen papeles o no: el clima de hostilidad los alcanza a todos. La migración dejó de ser una condición jurídica y pasó a ser una condición emocional de inseguridad permanente.
Paradójicamente, algunos tribunales han funcionado como último dique frente a esta avalancha. Jueces federales han bloqueado políticas que pretendían detener refugiados sin cargos claros o eliminar el estatus legal de miles de personas admitidas bajo programas humanitarios. La justicia, hoy, es uno de los pocos espacios donde la razón intenta frenar la política del pánico.
En su primer año, Trump II ha construido una política migratoria con tres pilares claros:
- Más detención.
- Más deportación.
- Menos derechos.
Todo acompañado de un discurso que presenta a la migración como una invasión y a la exclusión como defensa nacional. Es una narrativa peligrosa porque simplifica un fenómeno complejo y convierte a seres humanos en cifras, amenazas o estorbos administrativos.
Lo más grave no es solo lo que Trump hace, sino lo que logra instalar: la idea de que la crueldad es eficiencia, de que el castigo es orden, de que el miedo es gobernabilidad.
Cumple un año. Y sí, lo peor es que faltan tres más. Porque si algo ha demostrado este primer año es que la locura política, cuando se tolera, se institucionaliza. Y cuando se institucionaliza, deja de escandalizar.
La historia nos ha enseñado que los regímenes no se vuelven autoritarios de golpe: se vuelven autoritarios cuando la sociedad se acostumbra a la injusticia. Y en este momento, el laboratorio de esa costumbre es la política migratoria.
La pregunta ya no es solo qué hará Trump en los próximos tres años.
La pregunta es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a normalizar la deshumanización antes de reconocer que el problema ya no es la migración, sino el modelo de poder que necesita fabricar enemigos para sostenerse?
