La salida de Miguel Prado de Los Santos de la titularidad de la Sedesol en Chiapas se ha postergado casi un mes; desde el pasado 31 de marzo se sabe de su remoción, pero el reciente escándalo por el uso electoral del programa Prospera parece ser la gota que derramó el vaso o el pretexto ideal para decirle adiós
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l uso de programas sociales con fines políticos electorales, tal como se evidenció con la polémica surgida en torno al informe ciudadano del senador priista Roberto Albores Gleason, fue la gota que derrame el vaso y generó la destitución de Miguel Prado de los Santos de la titularidad de la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la que apenas había cumplido un año de labores.
La tarde de ayer, trascendió la formalización del cambio de delegado en la entidad de esa institución, dato que más tarde fue confirmado por fuentes cercanas; semanas antes, como si se tratase de una premonición, el 31 de marzo pasado se rumoró acerca de su reemplazo.
Las «cabezas» en la Sedesol Chiapas comenzaron a rodar luego que las beneficiarias del programa Prospera admitieran, con remarcada molestia, haber sido coaccionadas para asistir a la rendición del Informe Ciudadano de Roberto Albores Gleason, efectuado en el Estadio «Víctor Manuel Reyna», bajo amenaza de perder el apoyo si se oponían. Así consta en los videos que difundieron en redes sociales los periodistas Nehemías Jiménez y José David Morales Gómez, que además fueron agredidos en el evento multitudinario.
Días después de este incidente, la delegación estatal de esa institución precisó en un comunicado de prensa que abrió una investigación a fondo en torno a la presión de la que fueron objeto las beneficiarias, y que se tomarían en cuenta los reportes de las mismas promotoras del programa que conforman la Contraloría Social.
Por último, reiteró mantener estricta vigilancia y en concordancia con los estatutos de operatividad del gobierno federal, a todos sus programas. Tres días después del fallido informe, la Sedesol a nivel federal comunicó acerca de la destitución de cuatro servidores públicos «por quebrantar la transparencia en el uso y operación de los programas sociales», ante su implicación en el acto de «acarreo».
Se trataba de Héctor Augusto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila Cruz Chávez, que desempeñaban en la Coordinación del Programa de Inclusión Prospera-Chiapas.
«Se les atribuye su participación en convocar, mediante presiones, a beneficiarias del mencionado programa a un evento político realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el sábado pasado (22 de abril)», informó la dependencia.
¿Y la paga?
Las acciones para resarcir el daño se han extendido hasta la titularidad de la delegación chiapaneca, que recibió una inversión de 21 mil millones de pesos para programas sociales, anunció el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, durante una gira de trabajo que le hizo llegar a tierras chiapanecas a inicios de enero pasado.
Prado de los Santos tomó posesión de la delegación estatal de la Sedesol, el 1 de abril de 2016, previa licencia por 11 meses autorizada por el Congreso del estado el 20 de enero del año pasado (Decreto número 153, del Poder Legislativo del estado).
Ocho meses después, un grupo de madres de familia beneficiarias del programa «Prospera» lo acusaron ante los medios de comunicación locales de no otorgarles el pago bimestral correspondiente al periodo noviembre-diciembre 2016.
Aseguraron que en la ventanilla del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros les informaron que «no había dinero» y que probablemente el depósito se efectuaría en febrero (2017). Una de las inconformes aseveró: «Cada año es lo mismo y siempre terminan desapareciendo un bimestre de pago. Échele usted pluma ¿cuánto se estarán embolsando los funcionarios de Sedesol?».
Días después de estas denuncias, la delegación en Chiapas accedió a otorgar los recursos pero fuera de tiempo y recortados debido a que los hijos de las beneficiadas estaban en periodo vacacional.
En julio del año pasado, los representantes de los Clubes de Amigos Chiapas y Clubes de Migrantes en México enviaron un documento a la subdirección de la Sedesol, así como al gobierno de Chiapas, en el que acusaban al delegado chiapaneco y sus colaboradores de mantener los proyectos «estancados».
Asimismo, los acusaron de pedirles «ser ellos quienes desarrollen de manera directa los proyectos a realizarse, al transferir nuestros recursos a cuentas bancarias creadas ex profeso». «Se nos ha pedido «ceder» los proyectos para que «ellos» los administren y operen a su conveniencia; sin dejar claro qué normatividad o procedimientos realizarán», se lee en la misiva.
Esa petición que habrían hecho Prado de los Santos y sus colaboradores sería violatoria del artículo 10, fracción V, de la Ley de Desarrollo Social que estipula que los favorecidos de los programas tienen derecho a «recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada».
De manera más reciente (febrero, 2017), las administradoras de las estancias infantiles en Chiapas se manifestaron frente a la coordinación que les corresponde, ya que la delegación estatal de la Sedesol les adeudaba la quincena correspondiente del mes febrero pero ante la inacción de su coordinadora, Julia Concepción Nuricumbo, acudieron de forma directa a la delegación chiapaneca de la dependencia federal. Prado de Los Santos no las atendió.
Las inconformes denunciaron ante la prensa que se trataba de al menos 370 estancias infantiles en el estado en la misma situación, por lo que se hablaba de un monto de más de 10 millones de pesos en deudas.
En el Icheja
Ésta no es la primera vez que el también priista, Prado de los Santos, se ve envuelto en un escándalo en el que salen a relucir los malos manejos de recursos públicos; ya arrastraba señalamientos de corrupción por desvíos de dinero en los que presuntamente incurrió como titular del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), que presidió en 2013.
Los empleados lo señalaron de utilizar los fondos del mismo para financiar la campaña que lo llevó al Congreso estatal como diputado por mayoría relativa del Distrito XV, Tonalá, cargo del que tomó protesta en octubre de 2015.
Trabajadores del mismo instituto —que prefirieron omitir sus nombres por temor a represalias— proporcionaron un escrito a Portavoz, en el que dan cuenta de la inconformidad de sus compañeros en la Costa. Uno explicó: «Están en contra de un encargado que dejó Miguel Prado, «El Sirenito», el que ahorita es delegado de Sedesol; él estuvo primero ahí en el Icheja y desvió muchos recursos para su campaña electoral con la que ganó la diputación local por el distrito de Tonalá».
Lo acusaron de perpetuar su injerencia en el manejo de los recursos de ese organismo alfabetizador desde su diputación, pues dejó en el cargo a Cristina del Rosario Sánchez, a quien señalaron de estar a su servicio.
Para medios locales, la técnico docente de la Coordinación de zona Tuxtla poniente de esa dependencia, Consuelito del Carmen Villatoro Domínguez, declaró en enero del año pasado que era necesaria practicar una auditoría a la administración de Prado. «Lo más seguro es que con dinero del instituto financió su campaña; creemos que hubo desvío de recursos por muchos millones de pesos, se manejan 20 (mdp), pero son más», añadió.
Ayer, al priista le «pusieron freno». El uso de programas sociales con fines políticos electorales fue la gota que derramó el vaso y generó su destitución de la Sedesol, en la que apenas había cumplido un año de labores.
