Existe una fiscalía para atender los delitos contra periodistas, pero no existe justicia (no hay esclarecimiento ni castigo en los casos) ni certeza que se puede laborar sin peligrar
Lucero Natarén / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación indicó que hay 99 por ciento de impunidad en los delitos que se comenten en contra de defensores de derechos humanos y periodistas; -son delitos sin castigo-, lamentó.
Lo dio a conocer al salir de una reunión de la junta de gobierno del mecanismo de protección a las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, en donde se hizo la presentación formal del diagnóstico que solicitó la secretaria de Gobernación, a la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de naciones unidas.
De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado el asesinato de 127 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. Del total, 117 son hombres y 10 son mujeres.
En Chiapas, existe impunidad en contra de defensores de derechos humanos y periodistas: Mario Leonel Gómez Sánchez, corresponsal de El Heraldo de Chiapas, diario de la OEM, en la comunidad de Yajalón, fue asesinado en septiembre del 2018, y aún se exige justicia.
En diversas ocasiones el abogado Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Ku»untik ha presentado denuncias en las que menciona que ha sufrido hostigamiento y ha sido amedrentado al encabezar la defensa de los indígenas desplazados.
El pasado 4 de julio, el periodista Walter Rincón reportó hostigamiento en su contra en el fraccionamiento Real del Bosque, Tuxtla Gutiérrez. El viernes pasado, amantes de lo ajeno ingresaron durante la madrugada al hogar de la periodista Claudia Lobatón. Este lunes entraron a robar al departamento del periodista Carlos Emilio Castro Alemán. Estos y otros casos más se reportan, pero no existe una solución a las carpetas de investigación, -no se garantiza su seguridad-.
El fotoperiodista Jacob García en repetidas ocasiones se ha manifestado en redes sociales, en las que exige que se brinde garantías en sus labores profesionales.
«Desde este espacio y así como lo hemos hecho con los demás compañeros afectados anteriormente; hacemos el llamado al Fiscal General del Estado Jorge Luis Llaven Abarca para que tome cartas en el asunto y se descarte que estos actos ilícitos hayan sido debido al ejercicio profesional de cada uno de ellos».
En Chiapas, existe la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio del derecho a la información, sin embargo, periodistas y comunicadores demandan que realicen su trabajo, puesto que han presentado sus denuncias, pero no les proporcionan solución ni les aseguran salvaguardar su integridad.
El presupuesto total asignado a la FEADLE es de 12 millones, 889 mil 904 pesos: Para Servicios Personales 11 millones 161 mil 538 pesos, el presupuesto para Materiales y Suministros 45 mil 157 pesos y en Servicios Generales 1 millón 683 mil 209 pesos.
«La inmensa mayoría de los delitos que se cometen prácticamente no se denuncian, y los que se denuncian no necesariamente terminan en una consignación», asevera Alejandro Encinas.
