La Universidad Nacional Autónoma de México por razones históricas y presupuestales ($52,728 millones de pesos en 2023), por su capacidad de investigación y docencia y difusión de la cultura (10,355 actividades realizadas durante 2022), por su relación con la comunidad científica mundial, en fin, por su comunidad (373,340 alumnos y 42,190 académicos), es la institución de educación superior más importante del país; por ello, la designación de quien ocupará la jefatura de la misma es noticia.
Después de dos periodos como rector, el doctor Enrique Graue finaliza su trabajo al frente de la Universidad Nacional. Conforme a la legislación, es la Junta de Gobierno, integrada por 15 personas (pertenecientes o no a la UNAM, líderes en sus campos, con solvencia moral, nombrados por el Consejo Universitario) la responsable de decidir quien ocupará la rectoría. De esta manera, el 21 de agosto este órgano colegiado emitió la convocatoria conducente.
Luego de una serie de etapas, una auscultación amplia y profunda –como nunca se había realizado– y una valoración de la trayectoria de quienes alzaron la mano para participar en este proceso, de sus proyectos de trabajo, de la opinión fundamentada de la comunidad, del desempeño en la entrevista, y de un proceso de deliberación tardado –el más dilatado desde 1945, año de creación de la Junta–, el 9 de noviembre se anunció, en voz de la doctora Gina Zabludovsky, presidenta en turno de este órgano colegiado, que el doctor Leonardo Lomelí Vanegas es la persona que ocupará la rectoría para el periodo 2023-2027.
Esta designación ocurre en un proceso pre-pre electoral en México y con cambios del tablero político nacional. Además, en un contexto de relaciones tensas entre Universidad y gobierno. Durante los años que van de la actual administración federal, la UNAM ha sido motivo de críticas desde la Presidencia, algunas injustas y otras que deben escucharse.
El conocimiento que el recién designado rector posee de la institución no es menor. Su desempeño como secretario General desde 2015, su gestión al frente de la dirección de la Facultad de Economía (entre 2010 y 2015) y su periodo como estudiante de licenciatura (es economista e historiador) y de posgrado (maestro y doctor en Historia), y su participación en otras actividades en dependencias y entidades universitarias lo hacen una persona que sabe el terreno que pisa. Este aspecto, conocer a la UNAM, es un rasgo compartido por todas las personas que se presentaron al proceso. No puede ser de otra manera, aquí no hay lugar para improvisados, advenedizos o diletantes.
La nueva gestión rectoral tiene retos que no son menores. Se necesita dar solución a viejos y nuevos problemas: violencias de género e inseguridad en las instalaciones de la Universidad; dignificación del personal académico de asignatura y procesos de jubilación decorosos; planes y programas de estudio que respondan al mundo del presente, pero también al del futuro; potenciar la participación de la comunidad; ejercicio responsable del presupuesto público; precaridad del personal administrativo de confianza; enredos burocráticos; colaboración, sin competencia, con las universidades estatales; defensa de la autonomía ante la tentación –y, en algunos casos, hechos concretos– de que grupos externos busquen intervenir abierta o veladamente en la vida académica e institucional; equilibrio de fuerzas con grupos de poder al interior de la Universidad; salud mental de alumnado y cuerpo académico; mantener el rigor en los trabajos de investigación; ayudar a que el estudiantado en condiciones vulnerables (por ejemplo, el 80 por ciento de este universo proviene de hogares con ingresos menores a cuatro salarios mínimos), entre otros.
La nueva rectoría tiene un compromiso con la comunidad universitaria y con el país, con nadie más. El doctor Lomelí, quien próximamente será investido como rector, debe entregar todos sus esfuerzos para que la UNAM siga siendo una de las mejores instituciones del planeta, para que en su interior concurran posiciones de pensamiento diversas y para que sus aulas, auditorios, laboratorios y cubículos sean los espacios para la deliberación fundamentada sobre los grandes problemas nacionales y para la elaboración de propuestas de solución.
