Por Mario Escobedo
A poco más de un mes de que Eduardo Ramírez Aguilar (ERA) asumiera la gubernatura de Chiapas, el tema de la migración internacional parece haber quedado relegado a un segundo o incluso tercer plano. Durante su campaña y en los días previos a tomar posesión, el gobernador expresó una visión prometedora sobre este fenómeno. En noviembre de 2024, en el contexto de la elección del nuevo presidente estadounidense Donald Trump, Ramírez Aguilar sostuvo que México podía abordar la migración desde una perspectiva humanista. Incluso propuso convertir a Tapachula en un horizonte de oportunidades mediante el Polo de Desarrollo Industrial de la Frontera Sur.
Sin embargo, estas palabras resonaron antes de que comenzara su mandato. Ahora, con más de 30 días al frente del gobierno estatal y nueve días transcurridos de 2025, no ha habido mención concreta ni acción visible en torno a esta problemática.
Es cierto que el mandato apenas comienza y sería apresurado emitir un juicio categórico sobre su desempeño. Después de todo, la seguridad ha sido declarada como la prioridad del gobierno de ERA, un tema que los chiapanecos reconocen como urgente. No obstante, la migración está intrínsecamente ligada a la seguridad y el desarrollo de la región. Ignorarla podría generar riesgos adicionales, sobre todo considerando que el próximo 20 de enero, Donald Trump asumirá la presidencia de los Estados Unidos con un discurso migratorio particularmente agresivo y estrictas políticas previstas para sus primeros días de gobierno.
Las decisiones de la nueva administración norteamericana impactarán inevitablemente a la frontera sur de México. Esto no es nuevo: las políticas migratorias estadounidenses históricamente han repercutido en el flujo migratorio, en la dinámica económica y en la estabilidad social de estados fronterizos como Chiapas. Ante esta realidad, es imprescindible que tanto el gobierno estatal como el federal establezcan estrategias claras para proteger no solo la frontera, sino también los derechos humanos de los migrantes.
La falta de acciones concretas puede interpretarse como indiferencia o desinterés, especialmente cuando los compromisos adquiridos públicamente no se reflejan en medidas tangibles. Es el momento de pasar del discurso a los hechos.
En este contexto, resulta fundamental preguntarse: ¿Está preparado el gobierno de Chiapas para responder a las repercusiones de las políticas migratorias estadounidenses y priorizar un enfoque humanista que proteja tanto a los migrantes como a la población local?
