A un año de la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción, solo 13 entidades cuentan con Políticas Estatales Anticorrupción
Aquínoticias Staff
La Fuerza Ciudadana Anticorrupción, una red de 19 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el combate a la corrupción desde un ámbito local y nacional, hacen un llamado urgente a las Secretarías Ejecutivas, a los Comités de Participación Ciudadana y Social, así como a los Comités Coordinadores de los Sistemas Locales Anticorrupción a terminar el proceso de elaboración de sus Políticas Estatales Anticorrupción (PEA), instrumento indispensable para dar coherencia y rumbo a las acciones y estrategias para prevenir y sancionar la corrupción.
La situación actual no es muy favorable, pues a más de un año de que se aprobó la Política Nacional Anticorrupción, solo 13 PEA han sido autorizadas, mientras que 17 están en proceso de elaboración o de retroalimentación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), mientras que dos entidades ni siquiera han comenzado con el proceso de elaboración.
Dentro de las PEA que ya han sido aprobadas hay buenas prácticas que pueden replicarse, como la creación de un diagnóstico de las causas y consecuencias de la corrupción a nivel local, la alineación con la agenda 2030, la transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos, la integración de indicadores de resultados esperados, así como la participación ciudadana en su elaboración.
Respecto a este último punto, Fuerza Ciudadana Anticorrupción considera fundamental que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, particularmente los pueblos y comunidades indígenas que han sido discriminados históricamente y afectados por la corrupción, participen en el diseño de las PEA, ya que esto las fortalece y genera sentido de apropiación.
Las PEA son importantes porque permiten darle seguimiento puntual a los recursos que destina el gobierno para combatir la corrupción. No contar con ellas hace que los esfuerzos de los actores locales en este combate se diluyan e imposibilita producir resultados tangibles, lo que a su vez genera desconfianza de la ciudadanía en los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).
