Urgen respuestas contra trata / Claudia Corichi

Como cada año, cercano a la fecha del Día Mundial contra la Trata de Personas (30 de julio), dedico este espacio para hablar del tema, que a pesar de los horrores que implica, no ha logrado posicionarse en los puntos más altos de las agendas de gobierno en el mundo. El tráfico de personas es un grave delito y constituye una violación de los derechos humanos que implica ceder autoridad sobre otra persona, por la fuerza, a través de engaños, amenazas, abuso de poder, entre otras formas de coacción, con fines de explotación, ya sea del tipo sexual (59% de los casos mundiales), o en trabajos forzados (34%), así como en situación de esclavitud, servidumbre, para mendicidad forzada, como «niños soldado» e incluso, para extracción de órganos.
Esta fecha tiene el fin de conmemorar el día en que se aprobó el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas en 2010, y con éste, el compromiso de las naciones miembro de frenar una rama de la delincuencia organizada que afecta a millones de personas, además de ocurrir en la mayoría de los países del mundo, ya sea en calidad de país de origen, tránsito o destino.
Por si fuera poco, esta actividad que afecta principalmente a mujeres y niños tiende a permanecer oculta. Se calcula que por cada víctima identificada, existen otras 20 más sin identificar. En las cifras internacionales, las mujeres representan el 49% del total de las víctimas de trata y las niñas el 23%. Los datos oficiales del país han identificado a 5425 víctimas de 2012 a 2017. 85% de ellas, mujeres y niñas, 95% para explotación sexual.
Ahora hay que tomar en cuenta que durante la crisis del COVID-19, el problema ha incrementado. Datos recientes de la UIF señalan que actividades relacionadas con pornografía y prostitución infantil, han incrementado 117%. Además, saltan a la vista acontecimientos como el caso Dylan, (niño de 2 años, desaparecido hace casi un mes en Chiapas), cuyas pesquisas derivaron en el desmantelamiento de una presunta red de tratantes en el que las autoridades rescataron a 23 menores, en edades de 3 meses a 15 años.
El panorama de la pandemia complica la situación, con la crisis económica que ha desplazado a varios trabajadores a la informalidad, lo que podría abonar a favor del crimen organizado. Ahora -y siempre-, es imperioso contribuir al cumplimiento del estado de derecho, nodal para la estabilidad y paz social. Es urgente que los mecanismos institucionales se organicen para hacer frente este problema que lleva tiempo relegado y que requiere atención inmediata, sobre todo por las condiciones venideras.
Como lo he señalado repetidamente, México tiene un reto mayúsculo pues se calcula que éste es el segundo negocio más redituable para el crimen organizado en el país. Aprovechemos éste y todos los espacios posibles para generar conciencia, y trabajar en estrategias, tanto en la sociedad como en los gobiernos para detener este delito que representa tan grave amenaza para la dignidad y la integridad física de las personas.