El trágico asesinato masivo ocurrido hace una semana en la localidad de Uvalde, Texas, que dejó 19 niñas y niños y dos maestras asesinadas, es el segundo más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos tras la masacre de la primaria Sandy Hook hace 20 años con 26 víctimas mortales.
La segunda enmienda a la Constitución norteamericana que data de 1791, dispone que la posesión y portación de armas es un derecho constitucional que tenía razones que hoy no existen, y en eso se amparan los que defienden ferozmente su tenencia. Entre los grupos más radicales, adquirirlas no responde a una mera necesidad de defensa sino al culto y abierta enajenación por ellas.
Luego de cada ataque escolar, irracional e impensable cada uno, se reabre el debate sobre la necesidad de regular de forma efectiva el uso de armas. Tal exigencia no tendrá solución en los próximos años por varias razones: en aquella nación federalista cada estado determina su propia legislación en la materia, que cada vez es más blanda en la mayoría de ellos.
En segundo lugar, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) es un poderoso lobbysta, aliado y fuente principal de financiamiento para decenas de políticos y candidatos republicanos que hacen todo lo posible por impedir cambios legales que afecten los intereses de ese grupo extremista, que tres días después de la masacre en Uvalde no tuvo empacho en celebrar entusiasmado su Convención anual en Houston. Otra razón es que se ha politizado entre dos bandos y en el bipartidismo las posiciones son inamovibles.
¿Tiene algún vínculo la tragedia ocurrida hace una semana con la violencia en México?
La demencia de aniquilar estudiantes de cualquier grado es ajena a nuestra sociedad, pero no parece ocurrir lo mismo con el flujo y contrabando de fusiles de asalto que tienen como destino a las organizaciones criminales en nuestro país.
Con el operativo Rápido y Furioso, 2,500 armas fueron introducidas ilegalmente a México para seguir su rastro, según se dijo. Desde entonces (2010) es probable que un número significativamente mayor se encuentre en posesión de los grupos delictivos y que explica otras masacres: la de civiles ocurridas en los últimos años en estados como Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas y Zacatecas.
Por todo ello, cobra sentido y especial relevancia la demanda del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas interpuesta ante un tribunal de Massachusetts el pasado mes de agosto como ya he comentado en este espacio.
Por ahora se sabe y es notorio que las armas están en manos de cárteles y grupos del narcotráfico; el asunto es pararlas y evitar que comiencen a circular entre jóvenes que no pertenecen a esos grupos y romper la espiral de violencia de la que no logramos imaginar aún la salida.
