Ante un estado que no cumple, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se han vuelto una opción para brindar atención adecuada a las personas que vivieron una violación sexual o cualquier otro delito de este tipo
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[dropcap]L[/dropcap]as personas que vivieron una violación sexual o cualquier otro delito de este tipo, no denuncian ante los Ministerios Públicos especializados en violencia sexual, ya que desconfían de las instituciones de justicia y temen ser revictimizadas, pero sí acuden a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que se han vuelto una opción para que sean atendidas ante un estado que no cumple.
Uno de estos organismos civiles es la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), que atiende 500 casos semanales de mujeres y niñas que fueron víctimas de algún delito sexual. Su directora, Laura Martínez Hernández, explicó que esta cifra es el subregistro de quienes no denuncian debido a «la burocracia y a la falta de una atención de las autoridades responsables». Por eso, llegan aquí, dijo, «a instancias que no tienen nada que ver con la Procuraduría».
De las 10 personas que denuncian una violación u otro delito sexual ante la Procuraduría de Justicia local, en dos casos sí procede el delito y tal vez, dijo la especialista, en uno hay sentencia. Este índice demuestra la falta de resolución para las víctimas, indicó Martínez.
La fundadora de la Asociación, señaló en entrevista que desde los 27 años de experiencia que tienen la organización en el tema, observan que el problema empieza desde que las personas acuden al Ministerio Público a levantar una denuncia. El tiempo mínimo para que esto suceda es de ocho horas, el máximo 12. «Este no es un procedimiento que sea corto, ni que esté tomando en cuenta que la persona se encuentra mal emocionalmente», indicó.
La contención emocional y el chequeo de la salud de una persona que acude a las Agencias expertas en el tema son fundamentales, explicó Martínez Hernández. El primer paso –e inmediato- es que a se les brinde a las víctimas anticoncepción de emergencia para prevenir enfermedades de transmisión sexual y constatar que no tiene lesiones físicas.
A largo plazo se debe continuar el acompañamiento y seguimiento del protocolo de atención, continuó la también psicóloga. El chequeo de que la víctima no le fue transmitida alguna enfermedad sexual debe ser a partir de una revisión periódica (cada tres meses durante un año). Al término se debe proseguir con la atención psicológica, indicó.
Pero esto no sucede, aseguró Laura Martínez, «no se hace, no se les da como atención urgente, las dejan esperando por mucho tiempo». Para quienes sean atendidas, serán transferidas a una clínica de salud, después tendrá que regresar a continuar con la declaración. «Es la burocracia lo que hace que las personas se cansen de continuar con la denuncia», señaló.
Una solución, propuso la especialista, es que los servicios jurídicos y legales se concentren en una sola instancia, que sea capaz de brindar un modelo de atención integral; médica, legal, psicológica y atención a familiares.
«Eso es lo que se necesita una institución que brinde todos estos espacios en el mismo lugar, para un buen abordaje real», y no de manera diferenciada y descoordinada como se tiene hasta ahora, añadió.
Desestiman declaración
El siguiente obstáculo se presenta cuando las víctimas dan su declaración, porque «es muy difícil que se levante bien la denuncia», dijo la directora de Adivac, la falta de conocimiento y sensibilización, además de los estigmas por parte del personal de las Agencias Especializadas, hace que muchas denuncias sean desestimadas y no procedan, dando paso a la impunidad.
Por ejemplo, comentó Laura Martínez, «cuando declaran las mujeres que vivieron una violación sexual, no se interpreta y contextualizan la situación que enfrentaron, declaran cosas como «dejé que me bajaran los pantalones o el vestido» cuando se están dejando porque las están amenazando».
«Los funcionarios públicos deben de tener una sensibilización y capacitación que realmente les muestre a ellos cómo atraviesa una persona la violencia sexual, si no lo identifican ellos, entonces no van a poder dar una buena atención», declaró la especialista.
Pruebas
Pero la falta de especialización no sólo se da en el rubro de atención, dentro de los Ministerios Públicos, continúa al momento de la investigación. La directora de Adivac dijo que a partir de los casos que han acompañado, observan que las personas encargadas en investigar que se cometió el delito no están preparadas, lo que obstaculiza el acceso a la justicia.
El personal encargado de realizar el peritaje médico y psicológico que compruebe que la mujer o niña fue víctima de algún tipo de delito sexual, no está capacitado «al hacer el peritaje te piden una cierta especialización en el tema y nadie la tiene. Por ejemplo, igual un psicólogo que trabaja con adultos que vivieron violencia sexual, atiende a menores de edad, no hay manera de que estén especializados».
La misma organización ha brindado capacitaciones a funcionarios y el personal público, incluso ha tratado que su personal colabore en las Agencias, destacó Martínez Hernández. Pero las autoridades se niegan a dar continuidad a los modelos de atención, se transfiere el personal con cada cambio de gobierno, lo que impide tener avances reales en la materia, determinó.
Ante este contexto y un estado que no invierte en la atención a víctimas de delitos sexuales, se plantea como clave el trabajo de instituciones como Adivac, afirmó su directora, y pese a la falta de recursos para atender a familias enteras y además pagar a su personal, «sigue existiendo».
«Por eso nosotros no hemos desaparecido, porque es un delito que sucede, porque la misma gente es la que hace que sigamos trabajando aún sin el apoyo del sistema», concluyó Laura Martínez.
