Hace 70 años se reconoció a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, no obstante, en la entidad todavía son frecuentes los casos donde no se garantizan
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a lucha de las mujeres para lograr igualdad y reconocimiento a sus derechos humanos data de la primera mitad del siglo XX, época en la que la participación de las mujeres en la vida política nacional era nula, sin embargo, la búsqueda por el reconocimiento y la igualdad entre mujeres y varones por parte de grupos feministas logró que en el año de 1946 los derechos políticos de las mujeres fueran reconocidos en la Constitución Federal.
La lucha feminista tuvo resultados, y el miércoles 12 de febrero de 1947 el Diario Oficial de Federación estableció que la mujer tenía el derecho a votar y ser votada, pero solo en elecciones locales. Cuando el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de reforma al Artículo 115 constitucional, enviada por el entonces presidente, Miguel Alemán, quedó establecido que: «En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas».
A 70 años de este acontecimiento, que significó un importante avance en la democratización del país, no se ha garantizado la inclusión de las chiapanecas en la vida política de sus comunidades, pues los niveles en cuanto a la representación femenina del estado, han dado mucho de qué hablar y también, han dejado mucho que desear en los últimos años.
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son entidades que han destacado a nivel nacional por la violencia política en contra de mujeres generadas en los últimos años, según informa una nota publicada recientemente por el diario de circulación nacional Milenio, en la que destacan los acontecimientos ocurridos en las pasadas elecciones estatales.
Explica que de los 122 ayuntamientos del estado, 34 mujeres fueron electas presidentas municipales, 68 para síndicas y 662 para regidoras, sin embargo, hasta el pasado 03 de febrero, se tenía el registro de 30 sustituciones de mujeres, de las cuales solo en siete el cambio no fue por un hombre.
Es decir, en la entidad chiapaneca se cumplió a medias con la paridad de género, ya que a pesar que algunas mujeres accedieron a cargos de elección popular, solo ejercieron por algunos meses para posteriormente, ser obligadas a renunciar, a través de una licencia o en algunos casos, han abandonado el puesto sin ninguna explicación.
Violencia política contra mujeres indígenas
La fiscalía especializada en delitos electorales tiene abiertas 39 carpetas de averiguación por violencia política en contra de mujeres, de las cuales 21 casos son por amenaza e intimidación para que renuncien a su cargo como alcaldesas, síndicas o regidoras y siete de estos, pertenecen a la entidad chiapaneca.
De acuerdo con la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, Chiapas continúa siendo un mal ejemplo en temas de violencia política, toda vez que existen casos claros de violencia política en contra de mujeres indígenas, que durante el año pasado fueron noticia nacional.
Comenzando por la presidenta municipal por el Partido Verde Ecologista de San Pedro Chenalhó, Rosa Pérez quien ganó las elecciones el 19 de julio de 2015 y meses después fue obligada a renunciar por parte de un grupo de inconformes de su comunidad, argumentando que «una mujer no puede gobernar», incluso, secuestraron a dos legisladores para ejercer presión, por lo que el 25 de mayo de 2016, el Congreso del Estado de Chiapas decretó aprobar su renuncia al cargo.
Cabe mencionar que Rosa Pérez y su familia tuvieron que desplazarse de manera forzada lejos de su comunidad, debido al grado de violencia que se vivía.
El 17 de agosto de 2016 la Sala Superior del TEPJF resolvió la sentencia SUP-JDC-1654/2016 con la que revocó el decreto del Congreso local y pidió reincorporar a Rosa Pérez a su cargo. Sin embargo eso no ha ocurrido ya que el gobierno estatal no ha ofrecido las facilidades para que la alcadesa retorne a dicho municipio indígena.
Por su parte, la presidenta municipal del municipio de Oxchuc, María Gloria Sánchez, solicitó licencia al cargo luego de una serie de enfrentamientos y actos violentos en el municipio. El 31 de agosto el TEPJF ordenó su restitución, mientras María Gloria despachaba en una vivienda de San Cristóbal de Las Casas.
Ambos casos, son claros ejemplos de la brecha que existe en el estado por hacer valer los derechos políticos de las mujeres, que el Diario Oficial de Federación estableció el 12 de febrero de 1947 como resultado de la lucha feminista por lograr la igualdad y reconocimiento de sus derechos humanos.
