Mientras México vive la segunda ola de contagios de coronavirus, hay otra pandemia nacional sin resolver, la de violencia contra niñas y mujeres. Entre todas sus manifestaciones, aprovecho esta fecha para abordar una de las menos visibles, pero ampliamente extendida en la cultura: la violencia económica.
Cómo no hablar de la desigualdad en la distribución de los recursos y la opresión que representan en la vida de las mujeres. Las violencias económica y patrimonial, en los ámbitos público y privado, así como varias manifestaciones de violencia laboral impiden el desarrollo económico, profesional y social en plenitud de derechos, y reflejan limitaciones que repercuten de manera inmediata en la calidad de vida propia y de sus familias.
La violencia económica va desde la limitación de recursos necesarios para vivir, la negación de una pensión alimenticia, la privación o condicionamiento de la libertad para ejercer gastos con parte o la totalidad de sus propios salarios, la apertura y uso de cuentas bancarias, hasta no poder heredar o adquirir bienes patrimoniales. En algunos países estas injusticias son culturalmente aceptadas, tradicionales e incluso legales. Todavía en nuestros días, comprar una propiedad es difícil para una mujer, más en el ámbito rural en el que los bienes y su administración se adjudica principalmente a hombres, aún cuando sean fruto del trabajo de la mujer. Menos de 30% del territorio agrario está en manos de una mujer, aun cuando ellas generan mas del 50% de los alimentos.
Sumado a lo anterior, la modalidad de violencia laboral involucra -entre otras- acciones para obstaculizar el acceso al empleo y / o al ascenso, así como para condicionar la permanencia de las mujeres en él, según factores ajenos a su desempeño, como estado civil , maternidad o apariencia física. Ello establece restricciones al sustento que generan y perpetúan inestabilidad en el hogar y coloca a las mujeres en posiciones críticas para su desarrollo y el de sus dependientes económicos en el día a día.
No en vano se habla de la feminización de la pobreza. 23% de las mexicanas viven en zonas rurales y 6 de cada 10 en condiciones de pobreza.
La autonomía económica de las mujeres transita por la igualdad de oportunidades y la educación que debe proporcionar el Estado como condiciones fundamentales para la vida democrática. La solución no solo está en la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, hay que lidiar con la desigualdad de género y frenar las violencias que se ejercen desde todos los espacios. La brecha salarial es, sin duda, otro de los fenómenos que reproducen la violencia institucional.
Aprovechemos esta campaña para denunciar estas violencias y sus consecuencias económicas cotidianas.
