El 28 de junio, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, de enero a mayo del presente año, se han registrado 423 víctimas de feminicidio, lo que significa un aumento del 7.1% respecto al mismo periodo de 2020. Ocho entidades concentraron el 57.4% de las carpetas de investigación por este delito y concentran las tasas más altas de feminicidio en el país.
De los 724 municipios que registran carpetas de investigación por feminicidio, 50 concentran el 38.5% de los casos y cinco más tienen el 7.9% del total. Asimismo, existen 224 carpetas por homicidios contra mujeres, de las cuales 123 son por el delito de feminicidio y 121 por homicidios dolosos.
En nuestro Código Penal Federal (CPF) el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, producto de años de luchay trabajo de miles de mujeres. Este establece que: «Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género» (que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia familiar; haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor). Sin embargo, que aún no haya claridad en ciertos términos jurídicos referentes al feminicidio, es un pendiente en los derechos de las mujeres.
Aunque el feminicidio ya está tipificado como tal se debe cumplir con distintos elementos difíciles de acreditar. Por otra parte, es primordial que se agregue al CPF la tentativa de feminicidio y que amerite prisión preventiva oficiosa para el agresor. Con esto, se evita mayor sufrimiento a la víctima y se otorga protección ante más agresiones que le podría costar la vida.
Por si fuera poco, en México hay un millón 712 mil 522 carpetas de investigación abiertas por ataques y agresiones violentas en contra de mujeres, y en los últimos ocho años sólo 781 agresiones contra mujeres fueron juzgadas como intento de feminicidio. Además, no todas las investigaciones por violencia contra mujeres llegan a una sentencia condenatoria para los agresores, y esto solo de lo que se denuncia.
Tal como señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al realizar una evaluación de la Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a pesar de que se desarrollaron proyectos de Modelos de Prevención, Atención y Sanción, es importante contar con un Modelo integral previsto en el Reglamento de la Ley.
Aunado a ello, como ya lo señale, la tentativa de feminicidio es un pendiente que debemos a todas las mujeres de nuestro país para contribuir a una vida libre de violencia. Ningún esfuerzo sobra y todas y todos hacemos falta para cambiar esta brutal realidad.
