Según informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Servicios y Asesoría para la Paz, el problema ha provocado el forzado desplazamiento de casi 5 mil personas
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]a violencia se convertido en un problema generalizado en la región Altos de Chiapas, al grado de haber afectado a más de 7 mil personas y desplazado forzosamente a casi 5 mil personas, de acuerdo con datos de organismos civiles.
Servicios y Asesoría por la Paz (Serapaz) informó haber documentado, el pasado fin de semana, las condiciones de vida de 4 mil 873 personas (hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas) que viven desplazadas en las montañas, pasando mucho frío en la noche.
«Hay muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas, hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas, solamente por la vía Simojovel hay acceso», comunicó mediante su página oficial.
El Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» (Frayba) también ha recibido informes recientes en los que se detalla la situación de violencia que prevalece en varios municipios, donde —admite— ha detectado que existe riesgo a la vida, seguridad e integridad de las comunidades de la región, sobre todo en entre Chalchihuitán y Chenalhó.
Además, hizo pública una cronología de los hechos recientes que han desencadenado los conflictos en la zona. «En el mes de octubre sucedió la muerte de Samuel Pérez Luna, poblador de Chalchihuitán, originario de la comunidad de Kanalumtik; y se profundizó la violencia el 13 de noviembre, ocasionada por grupos armados de la región», explicó mediante comunicado.
A partir de ello, comenzó el desplazamiento de centenas de familias. «Las personas están refugiadas en el monte, según dicen son más de mil. Grupos armados cortaron la carretera y bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán», afirma, lo que es coincidente con los testimonios recabados por Serapaz.
De acuerdo con los datos del Frayba, en toda la zona se escuchan con frecuencia detonaciones de armas de fuego. Además, temen la entrada de «gente armada para agredir a las personas que están en la cabecera de Chalchihuitán».
Menciona que las comunidades que corren más riesgo son: Tzacucum, Codo de Río, Balumpi, Chacotom, Chimcruz, Zacatón, Tzeleltic, Tzantechen, Pajaltón, Xaltom, Ceranichimtic, Zanajo, Shcumun, Naptic, Nuctsu, Maxilo, Nichkacanam Tzomoltón, Cruz Kakalnam, Bololchojón, Tulantik, Pom, Chenmut, Kanalumtik, Canech, Cotol chij, Lobolaltik, Pacanam, Pat Canteal, Tzununil, Chiquinshulum, y Joltelal.
El momento de tensión que vive la zona ha provocado también que haya comenzado a escasear el alimento, pues los negocios permanecen cerrados, por lo tanto los habitantes no pueden conseguir las cosas de comer más básicas.
«El municipio está sitiado, no hay manera de pasar despensa; hay mucho miedo, hay balacera en el comunidad (sic) de Pom y por lo menos nueve casas quemadas. Y hay amenazas que cortarán la energía eléctrica».
Serapaz comentó que la problemática data de hace 45 años. En aquel entonces, San Pablo Chalchihuitán obtuvo el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (ejecutado en 1980), en beneficio de mil 787 campesinos, a quienes otorgaron 17 mil 948 hectáreas. A partir de ahí nació la rivalidad y el pleito entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.
El documento relata que: «En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino Chenalhó, Chiapas».
Ante eso, fue interpuesta una demanda de juicio vigente, con número de expediente 181/2005, el cual está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando sentencia.
El temor de que los conflictos se agraven hizo que el Frayba lanzara un llamado al gobierno Estatal y Federal para que, de manera urgente, pongan solución y eviten peores repercusiones en la región.
El escrito consta de los siguientes cuatro puntos: Primero, que se implementen medidas cautelares a fin de que se respete, garantice y proteja la vida e integridad de los habitantes de los dos municipios en conflicto.
El segundo punto se refiere a la necesidad de que se apliquen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de proteger a todas las familias que han tenido que huir de sus hogares por el miedo a la violencia generalizada.
La tercera petición de que sea investigado el asesinato de Samuel Pérez Luna, así como aplicar el castigo pertinente a los responsables y desarmar a los grupos «que actúan de manera impune bajo la permisividad del gobierno de Chiapas».
Por último, solicita que se asegure el libre tránsito y la paz social en las comunidades de los dos municipios, anteponiendo el diálogo entre las partes en conflicto y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Las peticiones emitidas por el Frayba se deben a que el centro asegura contar con información de la ineficiencia con la que los funcionarios del gobierno del estado han tratado el conflicto, ya que, lejos de dar solución, «han generado mayor situación de riesgo a la población».
El llamado es extensivo para el presidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.
