Por Mauricio Sosa Lievano
En las últimas semanas, el debate público se ha centrado en el acceso a la vivienda y las oportunidades para adquirir créditos que permitan a las nuevas generaciones dar el primer paso hacia la construcción de un patrimonio propio. Las recientes reformas a la Ley del INFONAVIT y a la Ley Federal del Trabajo han abierto puertas para un arrendamiento accesible con opción a compra, beneficiando a trabajadores formales. Sin embargo, ¿qué sucede con quienes no cuentan con un empleo formal que les permita acceder a estos mecanismos? Esta pregunta adquiere mayor relevancia cuando la mirada se dirige a Chiapas, un estado que refleja de manera cruda las desigualdades estructurales del país.
Chiapas no solo es el estado más joven de México con una edad promedio de 24 años, sino que también ocupa el primer lugar en pobreza, superando a Guerrero y Oaxaca. Según datos oficiales, el 32% de la población chiapaneca está conformada por jóvenes, un sector que enfrenta desafíos monumentales para acceder a una vivienda digna. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal y estatal mediante programas sociales temporales, la realidad es que las nuevas generaciones están lejos de materializar el sueño de un patrimonio propio.
Esta problemática se sustenta en tres ejes fundamentales:
- La falta de oportunidades laborales.
- Los altos costos de compra y renta en el mercado inmobiliario.
- El bajo poder adquisitivo de la población.
Las cifras son contundentes: el salario promedio de los jóvenes chiapanecos de 18 a 30 años oscila entre los 4,000 y 6,000 pesos mensuales, mientras que el costo de una pequeña vivienda económica parte de los 300,000 pesos. Esta brecha abismal hace que la idea de adquirir una propiedad sea, para muchos, una utopía inalcanzable.
Esta situación no es casual, sino el resultado de décadas de rezago y subdesarrollo, agravados por un sistema económico que perpetúa la desigualdad. Mientras algunos hablan de los «efectos del tercermundismo», lo cierto es que las nuevas generaciones enfrentan una realidad que les exige subsistir, no vivir.
Ante este panorama, es urgente implementar políticas públicas que no solo aborden los síntomas, sino que ataquen las causas estructurales del problema. La vivienda no es solo un techo, sino un pilar fundamental para el desarrollo social y económico. Atender esta necesidad no solo dará certeza y esperanza a las nuevas generaciones, sino que también fortalecerá el tejido social de Chiapas.
La ecuación parece clara: progreso basado en educación y desarrollo económico que reduzca la brecha de desigualdad. Sin embargo, para lograrlo, se requieren esfuerzos coordinados y una visión a largo plazo. Chiapas no está condenado a ser el estado más pobre, pero cambiar esta realidad depende de acciones concretas y del compromiso de todos: gobierno, sociedad y, especialmente, de las nuevas generaciones que se nieguen a aceptar un futuro de carencias.
El replanteamiento de la problemática nos lleva a reflexionar sobre las posibles vías de acción. ¿Sería conveniente evaluar propuestas como el aumento de créditos otorgados por instituciones gubernamentales para quienes carecen de acceso a empleos formales? Asimismo, ¿Es crucial analizar y regular el papel de las inmobiliarias que, al especular, encarecen los precios de las propiedades en venta o alquiler? Ante estas disyuntivas, es fundamental que las y los jóvenes, como sector social, se organicen y movilicen para exigir mejores condiciones y hacer valer sus derechos, de lo contrario, cambiar la inercia social se tornará complicado.
Los datos no mienten, y las cifras nos obligan a actuar. La vivienda digna no es un lujo, es un derecho. Y garantizarla es, sin duda, uno de los mayores retos que enfrentamos como sociedad.
