Por Mauricio Sosa Lievano
Chiapas vive actualmente tiempos inéditos. La ruta de ejecución de la política estatal ha dado un giro significativo, acelerando procesos de transformación social que ya muestran avances concretos en apenas unos meses. Este nuevo gobierno se distingue por su pulso constante y una fuerza decidida. El objetivo es claro: construir un bienestar real para las y los chiapanecos, basado en el humanismo y el progreso.
Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que protege el ahorro en AFORE. Ahora, al solicitar un retiro por desempleo, el monto se calculará con base en el salario promedio de las últimas 52 semanas cotizadas, o en un porcentaje específico si se cotizó por más de cinco años. La medida busca dar certeza y evitar abusos de intermediarios conocidos como “coyotes”.
Y seguramente te preguntarás: ¿qué relación tiene esta decisión con la situación laboral en Chiapas?
Durante la discusión legislativa, se puso sobre la mesa una propuesta que gira en torno a la implementación de un Seguro de Desempleo a nivel nacional, una política pública que, sin duda, podría representar un apoyo clave para miles de mexicanas y mexicanos mientras buscan empleo y recuperan su estabilidad económica.
Si bien, por ahora, se trata solo de una propuesta, abre la puerta a reflexionar sobre su viabilidad a nivel regional, especialmente en entidades como Chiapas, donde las condiciones sociales y laborales exigen soluciones adaptadas y con visión de justicia social.
En México, son pocas las entidades que han apostado por construir una red de protección para quienes pierden su empleo. Una de las excepciones ha sido la Ciudad de México, que desde hace algunos años implementa un seguro de desempleo dirigido a personas que perdieron su trabajo de manera involuntaria y que estaban registradas ante el IMSS.
Este programa otorga un apoyo económico mensual de $3,439 pesos por hasta tres meses, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como haber estado en un empleo formal, haber cotizado previamente y no estar recibiendo otra ayuda gubernamental.
Es crucial subrayar que la tasa de desempleo en México solo contabiliza a personas que provienen del empleo formal y están disponibles para trabajar. Por lo tanto, no refleja la magnitud de quienes carecen de ingresos estables ni incluye a quienes laboran en la informalidad.
De acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre de 2025:
La Ciudad de México registró una tasa de desempleo del 3.9%.
En Chiapas, la tasa fue del 2.4%.
Aunque en apariencia Chiapas presenta una menor tasa de desempleo, la realidad es más compleja: la diferencia se explica por una estructura laboral profundamente desigual. Mientras que en la capital del país la informalidad ronda el 48%, en Chiapas supera el 70%. Esto significa que la mayoría de las personas ocupadas en el estado no cuentan con seguridad social, prestaciones ni cotización en el IMSS.
A partir de lo anterior, vale la pena preguntarse: ¿sería viable implementar un modelo similar en Chiapas?
La respuesta es sí, pero bajo un diseño realista y adaptado a nuestra realidad. Por un lado, la baja proporción de desempleo formal en el estado haría financieramente viable un programa de esta naturaleza. El verdadero reto estaría en ampliar la base de trabajadores que puedan beneficiarse, promoviendo la transición hacia la formalidad tanto de empleados como de empleadores.
Este podría ser uno de los grandes beneficios indirectos de una política de este tipo: incentivar la formalización laboral mediante beneficios concretos, brindar protección temporal a quienes pierden su empleo, y fortalecer el vínculo entre ciudadanía y Estado, demostrando que cotizar significa también estar protegido.
El seguro de desempleo no pretende sustituir al trabajo ni convertirse en un ingreso permanente. Es una herramienta de acompañamiento temporal, pensada para quienes ya estaban insertos en el mercado laboral formal, y cuyo valor radica en su capacidad para construir una lógica de derechos laborales modernos, con corresponsabilidad entre gobierno, empleadores y trabajadores.
Aplicar políticas públicas de este tipo no solo representa un paso hacia el progreso, sino hacia una verdadera justicia social. Una justicia que a Chiapas se le ha negado históricamente y que hoy comienza a abrirse paso. Nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha trazado una ruta clara: el humanismo como eje de gobierno, y esta visión comienza a materializarse en acciones concretas como esta propuesta, que tiene el potencial de convertirse en una mano solidaria para quienes enfrentan inestabilidad económica sin haberlo elegido.
Si queremos combatir el rezago social en Chiapas, necesitamos acciones firmes y eficaces que generen confianza, seguridad y un nuevo sentido de pertenencia. Un seguro de desempleo estatal podría ser una herramienta clave para transformar nuestra cultura laboral, y para demostrar que el empleo formal vale la pena cuando el Estado cumple su parte.
Iniciemos el debate. Porque de esto, debe surgir lo mejor para Chiapas.
