En los primeros tres meses de su gobierno, el panista parece estar perdido por la inseguridad que azota a su estado, un estado que vive «tiempos difíciles», como él mismo ha reconocido, sin embargo, sus amagos no han logrado contener a los cárteles que se disputan el territorio desde hace una década
Agencias
[dropcap]»[/dropcap]Desde este momento empieza la guerra. Guerra quieren, guerra tendrán», se leía en las cartulinas que aparecieron el pasado martes en el vehículo donde fueron encontrados los cuerpos de nueve hombres y dos mujeres en Boca Del Río, Veracruz. El mensaje no tenía remitente ni destinatario, pero se atribuye al conflicto entre grupos criminales, aunque también podría ser en respuesta al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por su promesa de acabar con la delincuencia.
Veracruz es hoy el cuarto estado con mayor número de homicidios dolosos– mil 258 en 2016–, con una víctima cada 15 horas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Tan sólo en lo que va del gobierno de Yunes Linares se han registrado al menos 338 ejecuciones en la entidad. Una de las zonas más golpeadas por la delincuencia es la región montañosa de Córdoba, donde se reporta el 60 por ciento de las muertes relacionadas con el narcotráfico.
El «gobierno del cambio» del panista se opacó desde el primer día con la ejecución de cuatro personas, la desaparición de una joven y un taxista, el hallazgo de una fosa con restos humanos y una serie de robos que alertaron a los veracruzanos. Con el paso de los días la violencia recrudeció a pesar de que la administración yunista implementó una «nueva estrategia de seguridad», que en diciembre dejó 132 muertos, entre ellos 25 presuntos criminales.
En su primer mes como Gobernador, Yunes Linares prometió «cuidar» de Veracruz, marcado por la corrupción, homicidios y desapariciones que dejó el sexenio del priista Javier Duarte. Su discurso no frenó la ola de violencia y finalmente reconoció que él solo no podría combatir a los grupos criminales que se disputan el estado: «Dejaron policías absolutamente deterioradas, penetradas por la delincuencia, estamos en un proceso de reconstrucción de policías tanto municipales como estatales, mientras se lleva a cabo, necesitamos del apoyo del Gobierno federal».
Así comenzó el «discurso calderonista» de Miguel Ángel Yunes, quien advirtió a los delincuentes que ahora deberían temer porque «vamos tras ellos con toda la fuerza del Estado mexicano». El ya militarizado Veracruz solicitó el arribo de elementos de la Policía Federal y, más recientemente, de la Gendarmería. El Ejército, precisó el Gobernador, actuará en la zona norte de la entidad «en operativos más concretos».
Veracruz se volvió un tiradero de cadáveres: el pasado 3 de febrero, siete cuerpos fueron localizados dentro de una camioneta abandonaba afuera de una primaria en Nogales, entre Orizaba y Ciudad Mendoza. El día 19, otros cinco cadáveres se localizaron en Cosamaloapan a un costado de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque a la altura del puente Tesechoacán.
El martes 28 de febrero, a unas horas de que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Yunes Linares anunciaran el reforzamiento de la seguridad en la entidad, el crimen organizado declaró la guerra en Veracruz: 11 cuerpos semidesnudos, amarrados de pies y manos, con huellas de tortura e impactos de bala fueron encontrados en un vehículo en Boca del Río, municipio gobernado por Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del mandatario estatal.
Un acto de esa «barbarie», como lo calificó Yunes Linares, no se vivía en el estado desde el 20 de septiembre de 2011, cuando Javier Duarte estaba por cumplir su primer año como Gobernador de Veracruz. El escenario también fue Boca del Río: 35 cuerpos, con huellas de tortura y una «Z» marcada en el pecho, fueron esparcidos por el bulevar Ruiz Cortínez, a unos metros del hotel donde se encontraban procuradores de todo el país. Se trató de la tercera masacre más grande desde que el gobierno de Felipe Calderón lanzó la llamada guerra contra el narco.
