Se suman ONG estatales a la lucha en contra de la extracción y explotación de hidrocarburos en territorio chiapaneco
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]P[/dropcap]or denunciar el daño que ocasionarán a los bienes naturales las 99 concesiones mineras que existen en el estado, activistas ambientales del estado han puesto en riesgo su propia vida; y es que, por dar a conocer su preocupación y total rechazo a los megaproyectos hidroeléctricos, ya han sido víctimas de órdenes de aprehensión, detenciones y hostigamientos.
La lucha que indígenas zoques mantienen por la defensa de sus tierras se ha convertido en un riesgo latente; sin embargo, el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG»s), activistas y movimientos sociales del estado demuestran que no están solos.
Son cientos los ciudadanos que se suman al activismo que es considerado uno de los más peligrosos del país por el incremento en el índice de violencia que en la última década se ha desatado en contra de los ambientalistas y que, no obstante, continúa siendo uno de los más practicados en la entidad, debido a la explotación de recursos naturales que existe en el territorio chiapaneco.
Y es que, la comercialización, privatización y daños a los bienes naturales que el gobierno en turno impulsa, mantienen en la incertidumbre a pueblos y comunidades indígenas y campesinas; por esa razón, organizaciones, comités y movimientos de Chiapas que conforman el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder-Chiapas) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA-Chiapas) se solidarizan a la lucha y refrendan su total apoyo para exigir la cancelación definitiva de los proyectos que amenazan las zonas naturales y territorios zoques.
Las y los integrantes del Mapder y REMA Chiapas expresaron su preocupación por la imposición de la Ronda 2 y los 12 proyectos de pozos petroleros que amenazan la zona zoque, el parque agroindustrial de Tapachula y las infraestructuras previstas en el marco de la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) que son la ampliación de la carretera San Cristóbal-Palenque y del Puerto Chiapas, el gasoducto «Salina Cruz-Guatemala» y el tren «Chiapas Mayab».
Programas engañosos
Desde el mes de octubre de 2016, habitantes zoques han denunciado reuniones que a puerta cerrada la Secretaría de Energía ha llevado a cabo en las presidencias municipales con la intención de convencer a los agentes rurales y comisariados ejidales para que acepten los proyectos de hidrocarburos en la zona y firmen el protocolo de consulta.
Tomando en cuenta el impacto que las represas hidroeléctricas traerán sobre los recursos naturales y algunas de las consecuencias que podrían sobrevenir en los habitantes, el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (Mopor) comenzó a denunciar las pretensiones de la Secretaría de Energía para licitar –sin consulta a los pueblos– y ha exigido al gobierno que reconozca, respete y tome en cuenta la palabra y decisiones del pueblo.
No obstante, han tenido como respuesta cerca de 30 órdenes de aprehensión y la reciente detención de la activista e integrante de Mopor, Silvia Juárez, acusada por los delitos de motín, daños y secuestro.
De continuar con los proyectos Ronda 1 y 2 que el gobierno mexicano puso en marcha a raíz de la aprobación de la reforma energética en 2013, se corre el riesgo de inundación de tierras productivas y habitadas, el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas e incremento de la deforestación; además los proyectos disminuyen la calidad de los alimentos, destruyen los ecosistemas y la biodiversidad del territorio.
Integrantes de Mopor, Mapder y REMA han dado a conocer que las Rondas 1 y 2 forman parte de una licitación pública internacional que el Estado mexicano actualmente desarrolla en relación con los recursos naturales que son susceptibles de ser explotados en materia de energía (tanto en superficie terrestre como marina) y que no son proyectos pensados para generar energía a las casas aledañas como intentan engañar a las comunidades sino que se trata de algo mucho más grande que proporcionará energía a empresas y otros estados.
Es importante mencionar que el pasado 23 de agosto, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, hizo pública la segunda convocatoria de la Ronda 2 y el proyecto de
licitación 3, titulado «Contratos de Licencia Para la Exploración y Extracción en Áreas Terrestres» que puede encontrarse en el sitio (http://rondasmexico.gob.mx/r2-l02-bloques/) y entre las que se localizan las Cuencas del sureste que corresponde a la zona noroccidental del estado de Chiapas, donde se encuentran asentados los pueblos zoques.
Otra de las preocupaciones que aquejan a los integrantes de estas ONG»s son las consecuencias que el proyecto ronda 2.2 puede traer a la zona, toda vez que tiene el objetivo de licitar un total de 84 mil 500 hectáreas pertenecientes a tierras ejidales y pequeñas propiedades de agricultura y ganadería de los municipios de Pichucalco, Ixtacomitán, Chapultenango, Francisco León y Tecpatán; y en donde se han localizado 12 pozos petroleros, los cuales acaparan el interés de las grandes compañías petroleras transnacionales.
Lo que estas organizaciones buscan es visibilizar que las comunidades zoques no están entregando sus tierras y territorios para ejercer proyectos extractivos y por el contrario, para ellos simbolizan despojo, muerte, destrucción y pobreza.
Defensores de la tierra unidos
Tras varios meses de lucha, medios de comunicación nacionales y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y La Alianza Mexicana contra el Fracking se han mantenido en el proceso de organización y han hecho del conocimiento de la opinión pública los pormenores del movimiento.
Dentro de los claroscuros de los proyectos se encuentran la violación al derecho de información y consulta al pueblo zoque sobre los alcances negativos que las Rondas tendrán sobre su territorio, mismo que se encuentra reconocido en diferentes tratados y declaraciones internacionales que el mismo Estado mexicano ha firmado.
Aunado a esto, se encuentra el hostigamiento que se ha imputado en su contra; siendo el más reciente ejemplo lo ocurrido el pasado 21 de febrero, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a la activista Silvia Juárez y la existencia de alrededor de 32 órdenes de aprehensión contra campesinos por mantenerse en la defensa de la tierra.
Ante la represión del gobierno, los opositores han unido fuerzas y continúan denunciando los hechos con los que intentan frenar su lucha, mantienen su disposición de acercarse y organizar acciones en conjunto que denuncien las amenazas a su territorio y a su pueblo.
