El cuatro de marzo pasado, El Universal denunció cómo el culto a la imagen de los políticos ha costado poco más de 5 millones de pesos en los últimos diez años. Se refería al pago de retratos a lápiz, pinturas a pastel y en óleo, además de fotografías oficiales de funcionarios, rectores de universidades y, por supuesto, los nunca suficientemente bien ponderados presidentes.
Sinceramente pensé que se trataba de un error. Es más, releí la nota para comprobar la cantidad, y sí, eran 5 millones 397 mil pesos. El punto es que no sé si ando de despilfarrador, pero hasta se me hizo poco. Y no es que eso me entreguen de vuelto cuando voy por las tortillas, ni que esté de acuerdo en que se gaste toda esa lana en promover la imagen de estos tlatoanis de barro mal cocido, sino que, supongo, a mi percepción le hicieron una broma entre varias variables.
La primera fue una variable un tanto bonachona, pues me dio gusto saber que pintores, dibujantes y fotógrafos hayan logrado hacer un negocio gracias a su oficio, lo cual —en este gobierno donde la única cultura que se pondera es la de la corrupción— no siempre ocurre.
En segundo lugar, considero que mi visión fue burlada por un juego de perspectivas. Es decir, cuando te enteras que dependencias gubernamentales desviaron en cuatro años la friolera de 6 mil 879 millones de pesos, a los otros cinco los ves poquito —aunque no los tengas y a pesar de que su gasto implique despilfarro—, amén de que estos últimos fueron ejercidos directamente y no los desaparecieron por medio de desvío de fondos a empresas fantasmas.
Por otro lado (y acá comienza mi tercer lugar), de acuerdo a una nota de SinEmbargo, tan sólo en el 2016 los estados gastaron más de 9, 528 millones de pesos en comunicación social, mientras que durante el sexenio, el gobierno federal ha gastado unos 2 mil millones de dólares en el mismo rubro (New Yor Times); y por nuestras experiencias a ras de tierra, usted y yo comprendemos que se trató, sobre todo, de pago de publicidad destinada a ponderar cualidades ficticias de malos políticos y a ocultar información sobre ellos.
Nomás por poner ejemplos concretos, el gobierno de Oaxaca destinó a comunicación social más de 268 millones de pesos en este año; ahí a su lado, el gobierno de Chiapas gastó en el mismo rubro 427 millones de pesos durante el 2016; y yéndonos al ámbito municipal, el presidente impuesto de Tuxtla Gutiérrez gastó el año pasado, al menos, 6.5 millones de pesos en publicidad. Uno hasta se imagina que son gobiernos de territorios pródigos, donde reina la abundancia y por eso se destinan esos montos a tonterías… perdón… quise decir… para dar a conocer logros de gobierno.
Lo absurdo es que esos señores crean que pueden trascender y tener contentos a sus gobernados con notas propagandísticas, vídeos televisados y anuncios en las redes sociales, mientras que temas relacionados con la economía, salud, educación, seguridad y servicios públicos andan por la calle de la desventura.
Parafraseando a una amiga, son funcionarios que disfrazan su corrupción e incapacidad con vestidos mercadológicos, para luego pedir el aplauso a su buena gestión.
A estas alturas de sus administraciones, no han entendido que un excelente desempeño, que un trabajo comprometido y, sobretodo, un gobierno que no pierda de vista el bienestar general, sí genera trascendencia, les brindaría la posibilidad de seguir en el poder y además les daría una enorme riqueza y libertad. Así, en lugar de estar pensando en fueros para evadir sus responsabilidades, podrían sentarse de frente a la población y, con auténtico liderazgo, presentar caminos para seguir creciendo.
Como eso por ahora no es posible, seguiremos viendo que su sagaz solución a ríspidos problemas sociales, consiste en presentar videos mostrando lo bonito que es el Cañón del Sumidero… claro, cuando no tiene basura.
Hasta la próxima.
