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En la Mira / Héctor Estrada

En la Mira / Héctor Estrada

Carlos Morales ¿el nuevo cómplice de Proactiva en Tuxtla?

La red de amarres contractuales, corrupción e intereses oscuros que se esconden detrás del millonario negocio de la basura en Tuxtla Gutiérrez mantienen secuestrada a la capital chiapaneca en un problema que no parece tener salida inmediata. La empresa Veolia, antes Proactiva, terminó por convertirse en una de las herencias más costosas que el gobierno de Juan Sabines Guerrero dejó al erario tuxtleco.
El anuncio hecho por el activista Héctor Montesinos Cano sobre la salida de él y su familia de Chiapas para resguardarse en Yucatán, debido a las amenazas recibidas contra sus hijas elevó los niveles de alerta en torno al caso. Montesinos Cano se ha mantenido en intenso litigio contra Veolia-Proactiva desde hace casi 10 años por el derrame de contaminantes que el relleno sanitario de empresa ha provocado en el predio San Martin Mujular.
Gobiernos municipales han entrado y salido del ayuntamiento capitalino sin que nada hayan resuelto. Y no es para menos. La complejidad del caso Proactiva en Tuxtla Gutiérrez es mucho más densa de lo que pareciera a simple vista. Los ventajosos amarres contractuales solapados sospechosamente por los operadores de Juan Sabines y los poderosos intereses políticos que hoy se ciernen sobre la empresa parecen haber sentenciado a la capital chiapaneca a soportar el cumplimiento final del plazo fijado para la concesión.
Proactiva llegó a Tuxtla con la promesa de modernizar por completo el sistema de aseo público, recolección y tratamiento de residuos urbanos en la capital chiapaneca, pero también como un jugoso negocio para los socios locales que de manera discrecional se encargaron de negociar y pactar el millonario contrato.
Veolia México es una empresa de presencia nacional e internacional que funciona bajo la modalidad de sociedades corporativas, con un propietario como accionista mayoritario y socios minoritarios que participan de manera directa en los proyectos locales, como es el caso de Proactiva Tuxtla. Ahí es donde estuvo el negocio para los inversionistas chiapanecos que se encargaron de traer a la empresa, negociar y entregar la concesión.
Con todo y la supuesta participación de Transparencia Mexicana, como organismo cómplice para solapar el acto protocolario, finalmente el 15 de junio de 2006 el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a cargo de la presidenta municipal interina Rosario Pariente Gavito, consumó el Contrato de Prestación de Servicios bajo condiciones de evidente desventaja para el municipio tuxtleco. Fue un asunto previamente negociado y priorizado por el entonces ex alcalde Juan Sabines Guerrero.
Desde ese momento los detalles del contrato fueron guardados en el más profundo de los hermetismos. Se trata de un contrato a todas luces desproporcionado por un plazo de 20 años y un pago de 11 millones de pesos mensuales, además de una multa por rescindir el contrato de manera anticipada que asciende a casi mil millones de pesos que el municipio de Tuxtla Gutiérrez deberá pagar por conceptos de reposición de la inversión inicial y la adjudicación de los bienes muebles e inmuebles.
Es decir que, aunque se le hayan pagado los servicios a Proactiva por más de la mitad del contrato estipulado, el ayuntamiento en funciones está obligado a pagar prácticamente todos los gastos hechos por la empresa, que finalmente (en cualquiera de las circunstancias) nunca perdería. Por eso las aseveraciones generalizadas que hablan de un negociazo redondo, avalado por el gobierno de Rosario Pariente, bajo la directriz de Juan Sabines Guerrero y el entonces tesorero municipal Jaime Valls Esponda, quien, paradójicamente, poco tiempo después heredara la presidencia municipal.
Por eso la revocación del contrato resulta un tema menos sencillo de lo que aparenta, pero las cosas parecen haberse complicado aún más. Y es que, en diciembre de 2015 los intereses poderosos sobre la empresa dieron un giro. La entonces socia mayoritaria, ICA, vendió sus acciones al empresario Fernando Chico Pardo, conocido por servir de manera directa a los intereses empresariales, nada más y nada menos que, del hombre más rico de México, Carlos Slim.
Hasta la fecha los nombres de los socios locales, precisados en los anexos del contrato, permanecen en el mayor de los anonimatos. Ni las solicitudes de trasparencia han sido efectivas para hacerlos públicos. El propio contrato así lo determinó de manera por demás “conveniente”. Sin embargo, las filtraciones extraoficiales se han encargado de esparcir lo que parece obvio: la presencia de Juan Sabines Guerrero, Valls Esponda y Pariente Gavito o personajes ligados a ellos entre los posibles involucrados.
Hoy los reflectores se encuentran totalmente sobre la figura de Carlos Morales Vázquez que, por cierto, no es un personaje nuevo en el controversial tema. Durante su paso por la a Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMANH) se convirtió muy pronto en foco de los señalamientos por el silencio y omisión que guardó en torno al caso, pese a las insistentes denuncias y exigencias de defensores ambientales para encabezar denuncias formales y procesos sancionadores contra la empresa.
Morales Vázquez se negó flagrantemente a proceder contra Proactiva. Pese a la solicitud desesperada para que interviniera, finalmente nunca presentó la denuncia correspondiente ante La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (FEPADA). Se limitó a promover, mediante la procuraduría ambiental estatal, tres multas de apenas 20 mil pesos (cada una) durante los más de cinco años de su gestión. Únicamente tres multas con las que intentó lavarse las manos respecto al gravoso caso.
Ahora, como presidente municipal en funciones las cosas no parecen ser tan distintas. Al igual que sus antecesores Morales Vázquez se ha excusado en el mismo argumento relacionado con la complejidad del contrato y la falta de capacidad para asumir la prestación del servicio, pero nada han hecho respecto al daño ambiental. Se ha asumido amagado por la empresa bajo razones que despiertan inevitables sospechas.
Lo que resulta verdaderamente grave es la posible vinculación que ha se hecho de Carlos Morales con las amenazas realizadas contra la familia Héctor Montesinos. Transitar de la omisión a la intimidación agravada no es un asunto menor que requiere de explicaciones e investigaciones serias. Carlos Morales no puede darse el lujo de convertirse tan rápido en más de lo que tanto daño a causado a Tuxtla y darle la razón a quienes aseguran que su llegada al ayuntamiento tuxtleco ha sido una de las peores errores provocados por el efecto Obrador en Chiapas… así las cosas.

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