Periodistas chiapanecos en el desamparo legal
[dropcap]L[/dropcap]a falta de resultados, compromiso con el tema y oficio de investigación han convertido a la Fiscalía Especializada en Atención de Periodistas y Libertad de Expresión en Chiapas, bajo la responsabilidad de Tito Rubín Cruz, en una dependencia hueca e ineficiente que hoy sólo funciona como argumento para cumplir con los discursos y compromisos políticos en la materia.
Las declaraciones emitidas hace un par de días por el propio Tito Rubín dejan desconcertado a cualquiera. Bastó enfrentar las preguntas de los reporteros para evidenciar su falta de conocimiento y sentido de responsabilidad acerca de los casos e información procesada en la misma fiscalía bajo su cargo.
Y es que, los datos hablan pos sí solos. De los ocho casos recibidos en lo que va del año (según información del propio fiscal) ninguno ha llegado todavía a una resolución satisfactoria. Lo mismo sucede con los casos recibidos por las mesas de trámite en años anteriores que se mantienen también a la espera de las investigaciones y las sentencias respectivas.
Aunque parezca una excusa cínica, el propio Rubín Cruz acusó que la responsabilidad del fracaso en las investigaciones se debe a los propios periodistas que –dijo- «no aportan las pruebas necesarias» para dar viabilidad al proceso, con el señalamiento exacto de los nombres implicados y detalles que faciliten las pesquisas.
Pero los propios casos lo contradicen. En la Fiscalía Especializada en Atención de Periodistas y Libertad de Expresión se encuentran denuncias como la del periodista Bernardino Toscano quien implicó de manera directa al suplente del senador Roberto Albores Gleason y hasta el momento no se tiene respuesta al respecto.
Como lo ha asumido el propio Rito Rubín hoy muchos de los expedientes han sido simplemente archivados o turnados a las gavetas de los casos «no viables», por lo que (como excepción del caso de la periodista nacional Fátima Monterrosa) la gran mayoría de las denuncias que ingresan a esta fiscalía terminan sin efecto.
Esta es la triste realidad para la instancia estatal de protección a la labor periodística en Chiapas. Ahí se expresa claramente la falta oficio de quienes hoy encabezan este organismo responsable de velar por una de las actividades más importantes para la vida democrática de una nación.
Hoy La Fiscalía Especializada en Atención de Periodistas y Libertad de Expresión es muestra clara de esas instancias inoperantes que se sustentan como simples fachadas «de buenos deseos y compromisos protocolarios ante la ley». Son simples mesas para recepción de denuncias con destino casi seguro en los archivos del olvido y la complicidad interinstitucional.
En una realidad como la que enfrenta México se requiere de verdaderas fiscalías de protección a la libertad de expresión, de instancias que protejan un derecho tan esencial como ese. Porque hoy en la República Mexicana el periodismo se ejerce desde el desamparo consiente y la vulnerabilidad de una profesión que hoy no tiene más defensa que la misma palabra o las imágenes.
