Organizaciones no gubernamentales han alertado acerca de la sistemática violación a los derechos fundamentales de este sector de la población, ya que es doblemente excluido. no sólo por su condición de género, sino por su origen étnico
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]C[/dropcap]hiapas, junto con Oaxaca, concentra el 75 por ciento de la población de indígenas en México, dio a conocer la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De ese porcentaje, la mayoría son mujeres; asimismo, se trata de la población más violentada en sus derechos fundamentales, coinciden especialistas y organizaciones sociales.
La Encuesta Intercensal 2015 cuantificó un total de población indígena de 12 millones 25 mil 947 personas en toda la República Mexicana; poco más de la mitad de esa cifra corresponde a personas del género femenino: 6 millones 146 mil 479 mujeres.
«De cada 100 personas indígenas, 75 se concentran en ocho entidades federativas de la siguiente forma: Oaxaca y Chiapas con 1.7 millones cada una, que son las que cuentan con la mayor cantidad de población indígena», se lee en los indicadores.
En el caso específico de la entidad, un millón 706 mil 017 individuos son de pueblos originarios, revelan los datos de la última Intercensal (2015). También predomina el género femenino con 873 mil 154 personas, en comparación con sus compañeros varones que conjuntan los 832 mil 863 individuos. El municipio con mayor porcentaje de mujeres es Chamula, con un porcentaje de 54 por ciento.
No obstante, el Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y las Niñas (Covimyn), en Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» (Frayba) y Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México han alertado acerca de la sistemática violación a los derechos de este sector de población, doblemente disciminado no sólo por su condición femenina, sino por su origen indígena.
Usos y costumbres
La integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Atziri Ávila, refirió que las mujeres indígenas son violentadas de manera particular, pues además de ser objeto de violencia física, psicológica o emocional, patrimonial, económica, sexual, violencia obstétrica y política por ser mujeres, se les discrimina por su origen.
Ávila, en su artículo «Violencia contra las mujeres indígenas», atribuye la tendencia vejatoria hacia las indígenas a una serie de costumbres que la sociedad ha construido y mantenido a lo largo del tiempo mediante la asignación de roles de género.
Mientras que a ellas se les ha instruido para ser las que cuiden de los demás —hijos, marido, papá, mamá, plantas y animales—, «a los hombres se les enseña a mandar, a ejercer el poder, a que sean fuertes, valientes y violentos, no deben llorar aunque les duela algo, a ser bebedores de alcohol, inteligentes, formales, cumplidores, trabajadores, líderes, mujeriegos y dominadores de las mujeres».
Hay coincidencia con la postura del Covimyn, organismo que también identifica a los usos y costumbres imperantes en las comunidades, como mecanismos para perpetuar las condiciones desiguales entre mujeres y varones.
Las mujeres indígenas en Chiapas dedican de entre 16 y 18 horas a su jornada laboral que incluye tareas domésticas, cuidado de menores e incluso elaboración de mercancías para venta, en tanto los hombres trabajan 12 horas en labores del campo, según un estudio que el Consorcio retomó de «Mujeres indígenas de Chiapas. Nuestros Derechos Costumbres y Tradiciones», coordinado por las especialistas Sara Lovera y Nellys Palomo.
Además de la sobrecarga laboral, los usos y costumbres mantienen limitado el acceso de las indígenas a la propiedad de la tierra, bienes y servicios porque «no las consideran sujetas de derechos sobre la tierra».
Su derecho a la vida
La activista Atziri Ávila consideró que la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no ha garantizado el acceso de esta población a los derechos básicos, entre ellos, el derecho a la vida. La discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en los servicios públicos médicos, así como las condiciones de marginación en las que se encuentran de manera frecuente, imposibilitan su acceso al derecho a la salud y derivan en muertes prevenibles, explicó.
El Observatorio de Muerte Materna, hasta el mes de agosto de 2016, documentó que sucedieron 48 muertes maternas en Chiapas, que se posicionó como la segunda la entidad a nivel nacional en este rubro. De nueva cuenta el Covimyn coincidió con Ávila respecto a que esta problemática afecta de forma particular a indígenas, ya que «sus problemas de salud se agudizan por la desnutrición, el trabajo físico excesivo, la violencia familiar e incluso por su limitado o nulo acceso a los servicios médicos».
Su limitado acceso a los servicios de salud no es lo único que le arrebata la vida a las mujeres indígenas, también lo hace el feminicidio. Aunque la incidencia de este delito es mayor en zonas urbanas como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) ha detectado casos en municipios con población mayoritariamente indígena.
En noviembre del año pasado, durante la firma de convenio entre esa dependencia y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para la investigación sobre violencia de género y feminicida, la PGJE detalló que en el periodo de 2013 a 2016 hubo cuatro casos en Chilón; dos en San Cristóbal, Teopisca, Tila, San Juan Chamula, y Chenalhó.
La coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Gloria Flores, consideró que el aumento de los asesinatos de mujeres por motivo de género en el estado está vinculado con la violencia estructural y las condiciones sociales de pobreza y marginación, dos elementos presentes en la población indígena femenina.
Memoria histórica
Para el Frayba, el elemento institucional está ligado también a estas condiciones de violencia donde incluso predomina la impunidad: «La liberación de violadores, agresores y feminicidas como resultado de la incompetencia de fiscales, peritos, policías, jueces, magistrados y demás servidores públicos en el nuevo sistema de justicia penal se ha venido denunciando en diversas ocasiones, pues su irresponsabilidad, falta de conocimientos, capacitación y perspectiva de género, está creando en la sociedad un mensaje de impunidad y a la vez coloca en riesgo la vida de las mujeres sobrevivientes de la violencia que tienen que convivir en sus comunidades con quienes han sido sus agresores».
En un trabajo especial elaborado en el marco del Día Internacional de la Mujer, repasa los casos de la violencia contra las mujeres indígenas en la historia de Chiapas. Habla de las hermanas Gonzáles Pérez y su madre, indígenas tseltales, quienes fueron abusadas sexualmente por elementos del Ejército mexicano en un retén militar; las habían acusado de haber participado en la toma de Altamirano.
«Hasta la fecha estos hechos siguen cubiertos de impunidad. Los militares estaban destacamentados en el estado de Chiapas a partir del «Plan de Campaña Chiapas 94″, como parte de las estrategias contrainsurgentes implementadas por el Estado mexicano como respuesta al levantamiento zapatista», explicó el Frayba.
Dio cuenta también de que en agosto de 1996, en la zona Norte, Minerva Guadalupe Pérez Torres fue golpeada, violada multitudinariamente por al menos 50 hombres del grupo paramilitar Paz y Justicia, para finalmente desaparecerla, «configurando un crimen de lesa humanidad».
Entre 1994 y el año 2000, de acuerdo con cifras de ese organismo, hubo 122 casos cometidos por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia. De esa cifra, 37 correspondían a desapariciones forzadas (hubo cinco mujeres) y 85 ejecuciones extrajudiciales (siete, de mujeres).
En la Masacre de Acteal (Chenalhó, 1997) paramilitares asesinaron a 45 víctimas, de las que 33 eran mujeres. 18 eran adultas, cuatro embarazadas; 15 mujeres adolescentes y niñas (de entre ocho meses de edad y 17 años).
«En ninguno de los casos se ha llevado a cabo una línea de investigación que determine la violencia descomunal contra las mujeres. Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado en libertad a la mayoría de los paramilitares identificados como responsables», lamentó el organismo defensor de los derechos humanos.
Por último, se refirió al caso de María Núñez González, quien fue asesinada (noviembre, 2006) cuando un grupo de 40 personas de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, del ejido Nueva Palestina, acompañados por 300 policías y otros servidores y funcionarios públicos, ingresaron a la comunidad Viejo Velasco, en Ocosingo.
De este hecho se derivaron, de acuerdo con el Frayba, tres ejecuciones extrajudiciales y cuatro desapariciones forzadas, así como el desplazamiento forzado de ocho mujeres, tres niñas, cinco niños y 20 hombres. «La línea de investigación de la Procuraduría General de Justicia fue incriminar a las propias víctimas y familiares, sin determinar una investigación para los verdaderos agresores», aseguró.
Medidas apremiantes
Por su parte, el Covimyn pidió a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a comprometerse con los derechos de las mujeres indígenas, «demostrando voluntad política y compromiso para cerrar la brecha de desigualdad y aplicar los principios de derechos humanos a las políticas económicas y sociales».
La activista Atziri Ávila resaltó que dado que la violencia contra las mujeres no responde a un orden natural, ni a una característica de su sexo, sino a las costumbres que la sociedad ha construido y perpetuado a través del tiempo por medio de roles de género, esas enseñanzas o construcciones sociales se pueden cambiar y transformar pero ello corresponde a la misma sociedad.
«Podemos comenzar cambiando las prácticas que se generan desde la casa, la escuela y en la política para abonar a cambiar el orden social de género que a la fecha distribuye a nivel mundial la riqueza y el poder privilegiando a los hombres», consideró.
