Aunque los actuales funcionarios públicos en Chiapas llevan más de dos años promoviéndose en todos los espacios publicitarios posibles, la «maquinaria» encargada de vigilar y corregir los actos de proselitismo anticipado apenas ha comenzado a dar señales de funcionamiento con la repentina agilización de las multas y emplazamientos a los «políticos prematuros» .
Este domingo se cumplió el plazo establecido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para que el secretario de Infraestructura en Chiapas, Bayardo Robles Riqué, retirara su propaganda personalizada que había realizado con el respaldo de un semanario impreso.
Con este emplazamiento, en sólo un mes, Bayardo Robles se convirtió en el segundo funcionario del gabinete estatal en ser reprendido por el organismo electoral local debido a actos de campaña anticipada; al igual que el secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Arturo Penagos Vargas, quien recibió también medidas cautelares por parte del IEPC.
Ni bien se había consumado el plazo establecido para el Secretario de Infraestructura cuando una nueva denuncia contra otro de los «anticipados» más publicitados de los últimos años salió a la luz.
Se trata de una denuncia interpuesta el pasado 24 de Marzo por el ciudadano Daniel Alexander Penagos González, ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en contra del diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor debido a presuntos actos anticipados de campaña y violaciones a restricciones federales.
En la denuncia se acusa al legislador de haber realizado un mitin político en la colonia El Bosque de la capital Chiapaneca donde –dice el documento- «implícitamente solicitó el apoyo de los electores de Tuxtla Gutiérrez en su aspiración política para gobernar Tuxtla Gutiérrez, aun cuando los periodos de precampaña y campaña no han iniciado».
Asimismo, se acusa al político de infringir el artículo 33 de la Constitución Mexicana por incluir la participación de extranjeros en asuntos de la política interna, además de la presunta utilización de despensas de programas gubernamentales durante sus mítines políticos en Tuxtla Gutiérrez y la publicitación de su imagen en diversos medios impresos, como fue el caso de Bayardo Robles y Penagos Vargas.
De acuerdo al documento sellado con folio 001693 por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la denuncia deberá estar ya en manos de la titular de dicho organismo, María de Lourdes Morales Urbina, por lo que no debe sorprender que en próximas fechas puedan estarse dictando sanciones para el legislador del Partido Verde Ecologista.
Aunque los procesos de denuncias, investigaciones y sanciones se demoraron casi dos años en llegar, resulta evidente que el tiempo de los golpeteos políticos ante la instancia electoral local ya ha comenzado formalmente. Ha iniciado ya la contienda entre adversarios políticos dispuestos a bajar del ring o dificultar el camino a amigos o enemigos, sin distinción.
Si bien no han habido sanciones económicas o prohibiciones definitivas por parte del IEPC o el Tribunal Electoral, sólo queda a la ciudadanía observar el desempeño de las autoridades electorales para que aplique la ley sin temores y no terminen demostrando nuevamente ser parte del show de las negociaciones políticas o la simulación electoral.
