La CEDH en el ojo del huracán
La discriminación sistemática cometida por el aparato gubernamental y sus instituciones en contra de la población LGBTI en Chiapas tuvo su punto de quiebre finalmente este martes cuando se dio a conocer la sentencia del Poder Judicial de la Federación donde queda demostrada la intransigencia y omisión de la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la hora de proteger los derechos humanos de éste sector.
Ya antes había sido el Congreso del Estado quien diera la nota, pero el colmo más vergonzoso terminó en manos del propio organismo responsable de garantizar, proteger y hacer valer los derechos humanos en la entidad chiapaneca, quien de plano ha decidido ignorar toda solicitud de asistencia a víctimas de la comunidad LGBT cuando se trata de temas con implicaciones políticas.
El proceso legal que hoy tiene a la CEDH entre la espada y la pared comenzó en el mes de marzo pasado cuando Unidos Diferentes Asociación Civil solicitó la intervención de la Comisión para actuar en torno a los actos de discriminación cometidos por el Congreso de Chiapas, Dirección del Registro Civil y el Código Civil de la entidad contra el derecho de las parejas del mismo sexo a obtener la protección jurídica de sus familias mediante la figura del matrimonio civil.
Conforme a la propia ley orgánica de la CEDH, UDAC solicitó respetuosamente que: la Comisión fijara una postura para denunciar este tipo de violaciones y exhortar al Congreso de Chiapas a realizar las reformas al Código Civil local para eliminar los candados discriminatorios; elaborara y presentara una iniciativa de ley para reformar el mismo Código Civil; además de convocar y encabezar una mesa interdisciplinaria para analizar y dar seguimiento al tema.
Parecía un asunto sencillo de resolver que no implicaba inversión de recursos materiales o financieros. Sólo se trataba de una simple petición para que la Comisión aplicara la misma ley que la rige y exigiera hacer valer los derechos humanos de un grupo poblacional. Pero nada sucedió. Pese a la situación crítica en torno al tema, el documento fue simplemente echado al cajón de los tantos «archivos del olvido».
Con lo que no contaba la CEDH es que esta vez sí habría implicaciones jurídicas. Por eso el pasado 8 de junio se interpuso la demanda de amparo indirecto 1382/2016 ante el Primero Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas que, tras realizar las respectivas diligencias y recibir respuestas insuficientes, resolvió el 3 de octubre en favor de los afectados que deberán en breve recibir respuesta efectiva por parte de la ya desacreditada CEDH.
El hecho sienta un precedente importante porque obliga finalmente a la CEDH a hacer su trabajo, pero también expone de manera fehaciente su inoperatividad, omisión permanente y desacato constante a sus obligaciones de ley. Por eso el juicio político contra su titular, Juan Oscar Trinidad Palacios, resulta una consecuencia lógica.
Y es que, no se trata de un hecho aislado, la CEDH ha sido señalada ya en múltiples ocasiones de incumplir sus obligaciones, de dar carpetazos a casos que resultan incomodos para el actual partido gobernante, pero sobre todo por convertirse en cómplice de múltiples violaciones a los derechos humanos contra diversos sectores debido a su inacción u omisión para atenderlos cuando estos transcurren ante su conocimiento pleno.
Urge un cambio de fondo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chiapas y no por capricho, sino para evitar que las anomalías agravantes sigan sucediendo así. Porque las víctimas de las violaciones a los derechos humanos no pueden seguir indefensas en una entidad como Chiapas donde quien debería proteger parece el principal obstáculo para garantizar derechos esenciales. Lamentable.
