Golpe a instituciones electorales
La crisis gubernamental e institucional que padece Chiapas va mostrando intermitentemente sus síntomas que amenazan al enfermo con un colapso de consecuencias lamentables. La más reciente de esas dañinas manifestaciones se dio en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), cuando su magistrado presidente, Arturo Cal y Mayor Nazar, anunció la «suspensión temporal de sus actividades jurisdiccionales por falta de presupuesto para gastos de operatividad».
Responsabilizó directamente de la emergencia financiera a la Secretaría de Hacienda del estado por reducirle año con año sus recursos y por ministrarlos fuera de tiempo e incompletos, razón por la cual ha tenido que despedir personal y dejar de pagar servicios básicos como energía eléctrica, luz, teléfono e internet.
Dio un dato contundente: «Esta conducta es reiterada por parte de la Secretaría de hacienda, ya que en el ejercicio 2014, el H. Congreso del Estado asignó a este Tribunal $26,076,987.24, por concepto de ampliación presupuestaria por el inicio del proceso electoral ordinario 2014-2015, de cual solo fue ministrado $16,833,427.72, haciendo falta la cantidad de $9,243,559.52».
La denuncia sorprendió no porque fuera desconocida la precaria situación económica de la institución electoral, sino porque ha sido la única que se atrevió a hacer pública la precariedad monetaria por la que pasan numerosas dependencias y organismos autónomos debido a las limitaciones de recursos a las que los tiene sometidos el Ejecutivo estatal. Oswaldo Chacón, consejero presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, también ha expuesto la fragilidad financiera de ese órgano por una deuda heredada de 60 millones de pesos, que no se ha podido pagar por la negativa hacendaria a aprobar una ampliación al presupuesto.
No obstante ser orgánicamente una institución autónoma, la decisión del Teech de declararse en suspensión de actividades disgustó al gobierno porque violó la regla no escrita de quedarse callado ante las arbitrariedades del Ejecutivo, y porque evidenció la crisis financiera que padece la administración estatal, una situación que es perceptible en muchos sectores pero que no ha querido ser reconocida oficialmente para no hacer más evidente la debacle gubernamental; y para no verse obligada a hacer un compromiso público de austeridad.
La reacción a esa afrenta, no tardó en producirse. Una semana después, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, una entidad en el papel independiente del Ejecutivo, inició una auditoría al Tribunal Electoral para detectar presuntos manejos irregulares en la administración de los recursos. Arturo Cal y Mayor Nazar dice que no se asusta porque todo está transparente, pero independientemente de los resultados que arrojen las pesquisas contables, resulta preocupante que el gobierno en vez de responder con responsabilidad para solucionar el problema, lo haga con mecanismos que huelen a represalia.
Otra debiera ser la respuesta porque este conflicto institucional puede adquirir otras dimensiones de carácter político. En una coyuntura próxima donde el 2018 se advierte un escenario de cerrada competencia en las urnas, la salud de los organismos electorales resulta estratégica para garantizar mínimos parámetros democráticos y no poner en mayor riesgo la de por sí frágil gobernabilidad del estado.
En este contexto, la viabilidad financiera del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, debe estar fuera de toda duda y libre de regateos. El gobierno estatal y el Congreso local tienen la obligación de otorgarle los recursos suficientes –y ministrarlos en tiempo y forma—para un decoroso desempeño de sus funciones; así también se inhibirían las tentaciones del Ejecutivo de usar el presupuesto como un arma para el sometimiento de los organismos electorales en la búsqueda del poder.
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