El estado fue pionero en reconocer los derechos políticos de las mujeres desde 1925, pero especialistas advierten que la paridad y la participación libre de violencia siguen siendo una meta inconclusa
Por Jhenyfeer Farrera
Por décadas, la historia oficial del sufragio femenino en México colocó el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en 1953 como el gran punto de partida de la ciudadanía femenina. Sin embargo, mucho antes de la reforma constitucional federal, Chiapas ya había marcado un precedente histórico: en 1925, las mujeres chiapanecas obtuvieron el derecho a votar y ser votadas, convirtiendo al estado en una de las primeras entidades del país en reconocer políticamente a las mujeres como ciudadanas plenas.
El hecho no sólo representó un avance jurídico excepcional para su época, sino una ruptura simbólica dentro de una estructura social profundamente conservadora, rural y patriarcal. A cien años de aquel acontecimiento, especialistas, instituciones electorales y organizaciones feministas coinciden en una lectura crítica: aunque existen avances legales importantes, la igualdad política sustantiva continúa siendo una deuda pendiente en Chiapas y en México.
De acuerdo con registros históricos, el 20 de mayo de 1925 se promulgó el Decreto 34 durante el gobierno interino de César Córdoba Herrera. La reforma estableció la igualdad política de las mujeres chiapanecas, reconociendo su derecho a participar en elecciones y ocupar cargos públicos.
La importancia histórica del decreto radica en su contexto. Mientras en gran parte del país persistía la idea de que las mujeres carecían de preparación para participar en asuntos públicos, el argumento jurídico chiapaneco sostenía precisamente lo contrario: la exclusión política femenina era consecuencia de la falta de acceso a oportunidades educativas y cívicas, no de una incapacidad natural.
Detrás de esa conquista estuvieron mujeres organizadas que impulsaron el movimiento sufragista local, entre ellas Florinda Lazos León y Fidelia Brindis Camacho, figuras clave en la exigencia de derechos políticos para las mujeres del sur mexicano.
El reconocimiento del sufragio femenino en Chiapas ocurrió casi tres décadas antes de que México reformara el artículo 34 constitucional en 1953 para reconocer el voto femenino a nivel nacional. Para investigadoras y especialistas en género, este antecedente convierte a Chiapas en un caso histórico atípico dentro de la narrativa política nacional.
Sin embargo, el aniversario del voto femenino no puede entenderse únicamente como una celebración institucional. Diversas académicas feministas han señalado que la participación política de las mujeres continúa enfrentando obstáculos estructurales relacionados con violencia, desigualdad económica, racismo, discriminación territorial y control patriarcal de los espacios de representación.
La democracia paritaria en México ha mostrado avances importantes en términos numéricos. Hoy existen reformas constitucionales en materia de paridad de género, mecanismos de acción afirmativa y marcos legales para sancionar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. No obstante, organizaciones civiles y observatorios electorales advierten que la presencia de mujeres en cargos públicos no necesariamente se traduce en igualdad sustantiva ni en condiciones seguras para ejercer el poder.
La discusión contemporánea sobre participación política femenina no puede desligarse de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En 1994, la Organización de los Estados Americanos aprobó la Convención de Belém do Pará, considerado el primer tratado internacional que reconoció explícitamente el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia tanto en el ámbito público como privado.
El documento transformó el abordaje jurídico de la violencia de género al establecer que ésta constituye una violación a los derechos humanos y una manifestación histórica de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Gracias a ese marco, actualmente se reconocen formas específicas de violencia como la violencia política, la violencia institucional y la violencia digital.
Según análisis del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el acceso formal a derechos políticos no garantiza automáticamente condiciones reales de igualdad cuando persisten desigualdades estructurales que limitan la participación de ciertos sectores de la población.
En Chiapas, estas desigualdades adquieren dimensiones complejas debido a factores étnicos, territoriales y socioeconómicos. Mujeres indígenas, campesinas y comunitarias continúan enfrentando mayores barreras para acceder a espacios de representación política, financiamiento electoral y toma de decisiones.
Investigaciones académicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) señalan que la participación política femenina en el sur de México históricamente ha estado condicionada por estructuras comunitarias patriarcales, clientelismo político y exclusión institucional. A ello se suma la persistencia de prácticas de simulación política. Aunque la ley obliga a los partidos a cumplir con la paridad de género, en distintos procesos electorales se han documentado casos de candidaturas impuestas, sustituciones forzadas, renuncias obligadas y violencia simbólica contra mujeres electas.
La llamada “crisis silenciosa de representación” en Chiapas también ha sido señalada en análisis periodísticos recientes, donde se cuestiona si las estructuras democráticas realmente permiten una representación plural o si continúan reproduciendo élites políticas tradicionales bajo discursos de inclusión.
Especialistas feministas coinciden en que la lucha por el sufragio nunca fue únicamente el derecho a depositar una boleta electoral. El fondo de la disputa era, y continúa siendo, el derecho de las mujeres a existir políticamente, a decidir sobre sus territorios, sus cuerpos y sus comunidades sin ser castigadas por ello.
A cien años del voto femenino en Chiapas, la historia obliga a mirar el presente con honestidad crítica. El reconocimiento legal de los derechos políticos fue apenas el comienzo de una lucha que continúa atravesada por violencia, desigualdad y exclusión estructural.
La memoria del sufragio femenino no debe reducirse a una efeméride ceremonial. Debe funcionar como recordatorio de que la democracia no puede considerarse completa mientras las mujeres sigan enfrentando obstáculos para ejercer plenamente el poder y participar en condiciones reales de igualdad.
