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A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor
Foto: Reuters

A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Con las patas

Al parecer las cosas no le van a salir al presidente como lo esperaba. En su primera declaración Emilio Lozoya se dijo inocente de los delitos que se le imputan. Por cierto, no se trata del asunto Odebrecht que tanto salpicó a otros gobiernos en latinoamérica y derivó en una serie de encarcelamientos y acusaciones. Ese tema es caso cerrado, prescribió, punto y cerrado. Emilio Lozoya obtuvo en 2018 la suspensión definitiva de un amparo y se encuentra protegido en contra de cualquier acusación por el caso de Odebrecht y los delitos relacionados.

El juez federal vinculó a proceso al ex director de Pemex por operaciones de procedencia ilícita en el caso de la compra irregular de Agronitrogenados al grupo Altos Hornos. Se trata de una planta de fertilizantes “chatarra” a través de la triangulación de recursos y a un supuesto sobreprecio. Lozoya ha señalado que el Indaabin hizo un avalúo y la compra fue aprobada con el voto del Consejo de Administración de Pemex. La acusación es exclusivamente por lavado de dinero por lo cual Lozoya quedará sujeto a proceso, pero en libertad, con la restricción de no salir del país y le impusieron utilizar un brazalete que permita geolocalizarlo para no evadir la acción de la Justicia.

La FGR pidió seis meses para conseguir datos de las cuentas bancarias en las Islas Vírgenes y para que la UIF le remita la información de sus movimientos bancarios. Solo que resulta que las Islas Vírgenes son un paraíso fiscal. Se trata de un régimen que permite a los extranjeros abrir cuentas bancarias con exenciones o reducción significativa de impuestos, así como la garantía del secreto bancario. Un tema de soberanía, por lo que el pequeño país no tiene ninguna obligación de aportar información de estados financieros protegidos por sus leyes.

Se le investiga por la compra de un bien inmueble ubicado en Lomas de Bezares cerca de Bosques de las Lomas en la CDMX con dinero de procedencia ilícita. Solo que resulta que Lozoya probará que esa propiedad fue reportada en su declaración de bienes como adquirida con anterioridad a su cargo como director de Pemex. Si existe un antecedente registral, bastará para desbaratar el caso. Sino hay otras acusaciones, la Fiscalía no tendrá manera de probar su acusación y Lozoya saldrá libre de responsabilidad en ese juicio.

¿En dónde quedaron entonces los supuestos videos que exhibiría para involucrar a otras personas y por lo cual se acogería al beneficio de testigo colaborador e incluso al criterio de oportunidad para quedar exonerado?

Si nos atenemos a los hechos no hay más asunto que tratar. Todo quedará en un circo montado para desacreditar a los opositores del gobierno solo que sin ningún sustento legal. No está demás decir que la acusación carece de pruebas sólidas. Se cometieron una serie de errores por parte de las autoridades que violaron el debido proceso. Al hablar de oídas, el presidente invadió la esfera de autonomía que por ley tiene la Fiscalía. Al señalar con nombres y apellidos a Lozoya y otros presuntos involucrados -dizque sobornados para aprobar la reforma energética- se violó el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 16 constitucional. Además, está el simulacro de su traslado del aeropuerto al reclusorio que la FGR no ha justificado.

Ya para rematar se violó otro principio del proceso penal acusatorio que es de la publicidad. El artículo 5 del código federal de procedimientos penales establece que las audiencias serán públicas y abiertas al público en general además de los medios de comunicación incluidos en el ordenamiento de manera explícita. La FGR transmitió por Whatsapp a los medios la comparecencia de Lozoya. No vaya ser que al rato el presidente le eche la culpa a los jueces como suele hacer. No, porque como dirían los abuelos, lo hicieron todo con las patas…

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