Colectivos defensores de los derechos de las mujeres revelaron que hubo «detenimiento de las mesas de trabajo para la elaboración de dictámenes sobre el cumplimiento de las medidas de las AVG declaradas en estados como Nuevo León, Estado de México y Chiapas, lo que les impide realizar una evaluación y saber si es necesario emitir nuevas medidas».
Portavoz Staff
Fotografía: Ariel Silva
[dropcap]Q[/dropcap]uieren desmantelar la Alerta de Violencia de Género por un trasfondo electoral. En Chiapas, se han detenido las mesas de trabajo que elaboran los dictámenes sobre el cumplimiento de las medidas que estipula el mecanismo; así denunciaron Colectivos defensores de los derechos de la mujer.
«Nos enteramos que quieren levantar de facto las Alertas de Género en Chiapas, Estado de México y Nuevo León cuando nosotras hemos evaluado y a los estados les hicimos las observaciones. Las declaraciones de Alerta se levantan en medida que cesa la violencia, los estados tienen que mostrar resultados y esos resultados no se muestran, la problemática es muy grave en éstos y la autoridad ya quiere levantarlas. Eso es muy grave», destacó Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Según la información retomada por el portal SinEmbargo, además de esta organización, se unen a la denuncia, Justicia, Derechos Humanos y Género; Justicia Pro Persona y la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, que conjunta a 80 organizaciones de mujeres en México.
Coincidieron en que la nueva titular de Conavim, Ángela Quiroga Quiroga, ha entorpecido los avances de la AVG, con la complicidad de diversas autoridades, «para, en lo oscurito, desmantelar el mecanismo».
«Vemos con preocupación el estancamiento, retroceso y dilación, a tres meses de la designación de Ángela Quiroga […] hay una omisión por parte de las autoridades federales para realizar acciones efectivas para erradicar las acciones de violencia contra las mujer», indicaron las representantes de los colectivos.
Entre las irregularidades detectadas por los organismos, destacan la dilación en los informes y la exclusión de organizaciones no gubernamentales en los procesos; los argumentos para prescindir de las asociaciones los justifican con mala interpretación del reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres por un vida Libre de Violencia, señalaron.
Asimismo, revelaron que hubo «detenimiento de las mesas de trabajo para la elaboración de dictámenes sobre el cumplimiento de las medidas de las AVG declaradas en estados como Nuevo León, Estado de México y Chiapas, lo que les impide realizar una evaluación y saber si es necesario emitir nuevas medidas».
En el caso de Chiapas, en octubre de 2017, las organizaciones civiles integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio anunciaron que se retiraban de las mesas de trabajo de la AVG puesto que, más que avances, hay simulación con tintes políticos en el manejo de las mismas.
Para SinEmbargo, las denunciantes destacaron que la AVG costó años de trabajo y de litigios de la sociedad civil. No se trata de «un favor que hace el Estado» sino una obligación, pues el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exigió al gobierno mexicano eliminar las barreras para la implementación del mecanismo, así como la realización de políticas públicas que garanticen la seguridad e integridad de las mujeres.
Por tanto, La AVG es un mecanismo novedoso de protección y eliminación de violencia, y bueno si se implementa como es debido; sin embargo, por el proceso electoral se ha dejado de lado esta problemática, añadió Züe Valenzuela, de la Red de Todos los Derechos de todas.
«Están en campañas políticas y a los municipios y estados no les importa lo que diga la Federación. No hay coordinación porque están en transición. ¿A caso nos tenemos que esperar a que pasen las elecciones para que hagan el trabajo que ya deberían de hacer con la implementación de las Alertas?», detalló la activista.
Las participantes resaltaron que para quienes buscan las candidaturas, las declaratorias de AVG son estorbosas; también son incómodas para los funcionarios porque los obligan a rendir cuentas de su trabajo y del presupuesto, algo que no quieren hacer, y sobre todo, activar las AVG implica un reconocimiento del problema, lo que deja en mal a sus estados o municipios. Por eso son incómodas y las quieres eliminar.
Por último, los colectivos exigieron que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) salga a dar un posicionamiento público.
