Al Son del texto / Tina Rodriguez

Eso de los bloqueos a carreteras por parte de quien sea debe acabar.
Cientos de viajeros por Chiapas se encuentran con el problema que indígenas, gremios, organizaciones, estudiantes, bloquean los caminos de Chiapas o las arterías de las ciudades in importarles el derecho de terceros, e incluso agreden a los que se inconforman por ello, como pasó con un visitante extranjero.
Y así, las alcaldesa de Chenalhó y Oxchuc, no toman posesión de los inmuebles, porque también hay opositores a su triunfo pese a ser constitucional, o cientos de trabajadores del gobierno estatal fueron despedidos dándole largas a sus demandas en las instancias correspondientes, en algo que ya es de parte de lo oficial, en aras de proteger el desamparo o la impunidad.
¿Y el estado de derecho?
Porque de eso se cansan de hablar por todos lados, y hasta el propio gobernador ha referido el tema, pero no se aplica la ley de referencia, la que en su momento se denominó antibloqueos, y que al parecer es de la menor importancia para quienes no solo tapan el paso, sino que toman casetas, sin que se les desaloje y detenga.
Hay una tolerancia exacerbada para infractores bajo el motivo de protesta, al derecho a manifestarse, en perjuicio se insiste, de cientos de personas que transitan libremente por nuestro estado, peri que de pronto ven truncadas sus vacaciones, viajes de negocios, visita a familiares en lugares al interior del estado.
¿Es justo?
Pero si se les aplica la ley, se llama represión; si se les encarcela a demanda de los afectados, son reaccionarios.
Se debe entender que la inseguridad en el libre tránsito impacta no solo en el turismo, sino también en el comercio y en el extremo, en las emergencias.
Algo se tendrá que hacer con los manifestantes para que entiendan que no pueden mantener rehenes en edificios públicos, despojar de sus pertenencias a los automovilistas ni bloquear carreteras, menor agredir a los que no estén de acuerdo con sus posturas o con el cómo formulan sus demandas.
Debe imperar la ley.
Pero si el mismo gobierno pisotea derechos laborales pues cómo confiar en el que quiere impartir la legalidad bajo palabra.
Lamentablemente de esos casos que lo contradicen hay miles a partir de enero, como muchas pérdidas para civiles chiapanecos y visitantes desde hace algunos años.