De acuerdo con Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C (cuyos miembros han trabajado en la conservación de la región por casi 35 años), cerca de 70 especies de mamíferos y alrededor de 306 especies de aves ─el 44 por ciento de todas las aves del país─ agonizan en las inmediaciones de la reserva
Elizabeth Marina / Portavoz
La devastación de una de las reservas ecológicas más importantes del país es inmensurable, desde hace décadas, la Selva Lacandona, ubicada entre los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo y Palenque ─zona conocida como las Montañas del Oriente─ ha sido paulatinamente destruida por la deforestación y el tráfico ilegal de especies.
La selva más grande México, estaba compuesta de aproximadamente 1.8 millones de hectáreas verdes, sin embargo, la tala inmoderada de árboles de caoba, cedro y amate le han cobrado el 72.2 por ciento de su territorio, es decir, actualmente solo cuenta con 500 mil hectáreas, según autoridades ambientales.
De acuerdo con Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C (cuyos miembros han trabajado en la conservación de la región por casi 35 años), cerca de 70 especies de mamíferos y alrededor de 306 especies de aves ─el 44 por ciento de todas las aves del país─ agonizan en las inmediaciones de la selva; refieren que el ecocidio del pulmón más importante del país es prueba de la ambición e ignorancia del hombre, responsabilizan a las empresas madereras que operan en la región y los mismos pobladores de la muerte de la reserva.
La selva es el hogar de 119 especies de anfibios y reptiles, 769 especies de mariposas y 114 especies de mamíferos: 64 tipos de murciélagos, 17 de roedores, 13 de carnívoros; entre ellos el jaguar, el ocelote y mono saraguato, cuyas vidas corren un latente peligro ante la caza y el tráfico de especies.
Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en 50 años ha perdido el 72.2 por ciento de su riqueza natural y anualmente, ve partir a 78 mil pericos y guacamayas, especies que son cazadas para su venta ilegal, y de las cuales el 75 por ciento, muere en el traslado.
Muerte lenta
La agonía de la selva tiene sus orígenes en el siglo pasado con el inicio de la tala ilegal, que impactó tanto a la reserva que en 1949 las autoridades prohibieron la exportación de la madera en rollo en el país como estrategia de protección de las zonas selváticas y los bosques de México.
Años más tarde, como parte de una iniciativa impulsada por Manuel Ávila Camacho ─ presidente de la República en aquel entonces─ ofreció a los habitantes de los estados de Veracruz, Guerrero y Campeche territorios del sur de México con el propósito de integrarlos formalmente a la vida económica del país, lo que se convirtió en un obstáculo para empresa maderera de Estados Unidos, Vancouver Plywood Company.
Sin embargo, para el año de 1964 formó una alianza con la empresa Aserraderos Bonampak de Campeche, que poseía maquinaria moderna y facilitó el trabajo de extracción de madera, al grado de llegar a zonas que antes eran inimaginables de talar.
Ante la catástrofe provocada, para el año de 1967, 402 mil hectáreas en el sur de la selva fueron declaradas propiedad nacional, con el propósito de controlar la colonización de las tierras pero no fue suficiente, por esa razón, se crearon más reservas hasta que en el año de 1973 quedó establecida la Compañía Forestal de Lacandona (Cofolasa), que tiene como principal objetivo quitarle terreno a las compañías madereras privadas y ponerla en manos del poder federal.
Finalmente, en 1978 el gobierno federal creó el área natural protegida, Reserva de la Biosfera de Montes Azules, con lo que esperaba evitar la destrucción de la zona, no obstante, se calcula que desde el año 2000, se registra una pérdida anual de 3 mil hectáreas, que a su vez acaba con plantas, animales y nacimientos de agua.
¿Rescate o negocio?
La Selva se encuentra divida en territorios y etnias: la parte Norte habitada por tzeltales, en la parte del Usumacinta se concentran indígenas choles y el lado sur es habitado por lacandones. Precisamente en esas zonas se ha derivado una serie de irregularidades por los centros de investigación que organizaciones ─autonombradas ambientalistas─ han hecho acuerdos con los lacandones para poder aplicar proyectos en la selva.
Una de estas investigadoras es Julia Carabias, integrante de Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C, quien supuestamente fue privada de su libertad en abril del año 2014 y que de acuerdo a distintos medios, el supuesto secuestro obedece a que su labor en la selva «afecta intereses», al oponerse al saqueo de la flora, la fauna y las invasiones de las áreas naturales, sin embargo, habitantes de la selva que se resisten a la reubicación forzada, denunciaron que el secuestro no fue más que una simulación para distraer el proceso de cambio de autoridades de la Comunidad Zona Lacandona.
Ese mismo año, una nota publicada por Proceso dio a conocer que Chankin Kimbor Chambor, excomisariado de Bienes Comunales de la Selva Lacandona, denunció a Carabias de tener control total de la región sur del macizo forestal, en donde los habitantes detectaron un inusual tráfico de flora y fauna, además de manipular a Manuel Velasco para iniciar procesos penales contra indígenas que no simpatizan con su labor en la reserva.
En tanto, el pasado mes de noviembre, el mandatario estatal, en compañía de Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), asistieron al informe de la Estrategia de Desarrollo Rural Sustentable y Bosques para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en donde se anunció el aumento de pagos a los servicios ambientales para la conservación de la Selva Lacandona.
Dicho apoyo tiene el fin de impulsar la conservación de la zona a través de apoyos a comunidades, ejidos y a propietarios de terrenos forestales, sin embargo, algunos especialistas que visitan la zona, explican que los indígenas que habitan el lugar han sido engañados por funcionarios públicos que desean apropiarse de zonas protegidas; por esa razón, asociaciones civiles que están a favor del cuidado del medio ambiente han creado distintos proyectos de desarrollo sustentable para evitar que la reserva ecológica siga siendo explotada o incluso que sean los propios habitantes quienes autoricen la deforestación de la selva, como ha ocurrido en los últimos años.
