Ayotzinapa: mentiras históricas
Una vez más. Como en el pasado. Como siempre ha sido. Desde videntes y brujas, hasta «expertos» investigadores, pasando por cualquier cantidad de «verdades históricas» que terminan siendo mentiras vergonzantes. Es la práctica recurrente en el México de fantasías, en el México de gobernantes sin escrúpulos y sin temor a las consecuencias de sus actos. Ayotzinapa y sus muertos y desaparecidos, en el centro del huracán, la tormenta que sacude a todos, menos al gobierno federal que ha salido con la cola entre las patas a admitir los desaciertos, como si éstos, fueran asuntos aislados.
En su tercer informe, el presidente Peña Nieto fue casi indiferente ante el tema que habrá de cumplir un año el próximo 26 de éste mes. La verdad histórica que autorizó al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, estaba por dar un vuelco. De hecho, pocos, muy poco, habían creído la versión sobre la incineración de los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos. Las «evidencias» periciales presentadas, eran muy endebles, poco sustentadas.
En descargo del gobierno federal que mintió deliberadamente en torno a ese doloroso caso, hay qué decir que los expertos de la CIDH, tampoco han arrojado gran luz para esclarecer el paradero de los desaparecidos. Documentaron y probaron la imposibilidad de la incineración de los cuerpos en Cocula, pero nada esperanzador hay para determinar exactamente qué pasó con esos muchachos.
Las mentiras han prevalecido como si éstas, fuesen en eje fundamental de la vida en un país en el que la corrupción y la impunidad, son cotidianos. Mentiras que al salir a la luz, no preocupan al emisor. La indiferencia con que la PGR y el propio presidente Peña Nieto reaccionaron al informe de la CIDH, fue notoria. Al mismo tiempo, desalentadora. Indicó, el tono con que respondieron, poca importancia y por tanto, ninguna expectativa oficial para llegar al fondo del asunto.
Información crítica y de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos, fue ocultada deliberadamente, lo que constituye una serie de delitos cometidos por el Estado mismo, en detrimento de la credibilidad de las instituciones y la confianza ciudadana. Por ejemplo, se ha ocultado sistemáticamente el nombre del funcionario federal —o estatal— que estuvo al tanto de los sucesos y que, según se desprende de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) conformado y avalado por la CIDH, pudo haber ordenado la desaparición de los estudiantes.
Se ocultó la existencia de un quinto autobús, por cuyo cargamento, según las investigaciones, se desató la persecución y probable masacre de normalistas. ¿Por qué la PGR se negó a informar (y anexar al expediente) sobre ese autobús? ¿A quién buscaba Murillo Karam proteger? Según el GIEI, en ese automotor, se transportaba una importante carga de heroína que tenía como destino la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Su secuestro supuso pérdidas millonarias para el dueño, quien habría pedido a un funcionario no identificado aún, detenerlo a costa de lo que ahora tenemos como una tragedia.
Llama la atención que la PGR de Murillo, hizo a un lado a la Policía Federal de las investigaciones; ésta, según se sabe, participaba en el operativo del quinto autobús. Será interesante saber qué encontraron los agentes… y saber dónde están.
De ahí se tejieron las versiones que se volvieron la «verdad histórica» de la PGR y que el presidente Peña Nieto ponderó en su momento, dándolas por bien hechas y mejor recibidas.
Hoy se sabe, fueron patrañas; mentiras que dejan al Estado Mexicano en condiciones deplorables ante la opinión pública mundial. Mentiras que arrastran al gobierno federal a un callejón sin salida. Nunca ha sido el fuerte de las autoridades, decir la verdad. La consecuencia ha sido el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de confianza de parte de una ciudadanía cansada de engaños
La «verdad histórica» es, quieran o no admitirlo las autoridades, una falacia oficial, encaminada a ocultar a los mexicanos, al realidad de un país que se desangra irremediablemente. Peña Nieto, no solo debe ordenar «acatar» los resultados de la investigación de la CIDH; debe ordenar sanciones severas contra quienes inventaron una historia ficticia, para favorecer a quién sabe quién. México, debe saberlo Peña, poco a poco está despertando. Ya no es fácil engañarlo y tampoco es fácil convencerlo. Prometió un gobierno responsable y está obligado a cumplir con esa promesa. Puede ser que todavía esté a tiempo de recomponer las cosas. Podría ser.
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