Multimillonario, el fraude a las UMAS
Conforme avanzan las investigaciones, la suma por el fraude cometido contra la Nación y en detrimento de cientos de productores locales, se hace más grande: 120 millones de pesos sustraídos de manera ilegal, utilizando los nombres de pequeños productores a quienes despojan incluso, de dinero no proveniente de los recursos federales destinados para las UMAS, modalidad que en éste año, solo fue autorizada a una persona, en virtud de las sospechas que hay contra los principales implicados: Juana García Palomares y Manuel Anzaldo Meneses.
Desde hace meses se ha venido evidenciando el robo cometido por los dos supuestos «defensores» de los campesinos, mediante documentación oficial certera que indica que éstos, junto con algunos funcionarios de la delegación de SEMARNAT en Chiapas, «bajaron» recursos para la crianza de especies distintas, empero nunca entregaron ni los recursos financieros ni los instrumentos para lograr el propósito.
Contrario a esto, bajo engaños, obligaron a los «beneficiados» con proyectos a depositar en cuentas bancarias personales, con la promesa de ser ellos los que adquirirían las especies, los insumos, construirían las áreas especiales para la crianza y comercializarían el producto. Nunca invirtieron esos recursos, lo que generó varias demandas penales contra la pareja y el cese de algunos funcionarios de SEMARNAT.
También ha generado reacciones de protesta y la exigencia de castigo severo contra quienes han abusado de sus influencias para despojar a humildes productores, muchos de los cuales hoy, están a punto de perderlo todo, debido a las deudas que contrajeron y porque la SEMARNAT, en pleno uso de sus facultades, exige a éstos, el pago de los empréstitos que jamás les fueron entregados por el matrimonio Anzaldo García.
El Congreso Agrario Permanente, a través de sus representantes en Chiapas, se sumó a la exigencia de investigar a fondo las denuncias contra los estafadores y, aunque no mencionan a los presuntos responsables, sí advierten que defenderán a los campesinos y productores víctimas de los multimencionados implicados.
Juan Carlos Moreno Anaya, Coordinador del Congreso Agrario Permanente en la entidad, fue claro y preciso al relatar el modus operandi de los estafadores: «Ha habido muchas quejas y denuncias de productores que han sido utilizados para firmar proyectos productivos, bajan el recurso y finalmente, les reparten una lanita; no se cumple con los estándares de calidad, cuando en contadas ocasiones, reparten un poquito más del dinero que obtienen de los recursos federales.»
Moreno Anaya atribuye la impunidad con que se ha actuado en éste tema, a la permisividad y complicidad de anteriores delegados de la SEMARNAT y celebra que el actual, esté limpiando a esa delegación de toda la corrupción con que se ha manejado.
Por su parte, Ángel Albino Corzo, también representante del Congreso Agrario Permanente, reveló que el 70 por ciento de las UMAS autorizadas en Chiapas, no están operando debido a la sustracción de recursos. Cuidadoso de mencionar nombres («hasta que no tengamos confirmado el veredicto de las investigaciones en curso», justifica) pide una sola cosa: Justicia para quienes fueron defraudados y la devolución de los recursos financieros por parte de los responsables.
«Como organización, ya hemos hecho oficios denunciando el asunto y exigiendo la más exhaustiva investigación, desde el 2010; muchos piensan que Chiapas está saturado de venados en las UMAS, pero la verdad es que si acaso, solo el 20 por ciento de esa producción se logra. Y se ha logrado, porque ha habido uno que otro productor que no ha permitido que gentes externas les arrebaten los recursos como por desgracia, sí ha ocurrido con los demás», dice y agrega:
«Caiga quien caiga, debe recibir el justo castigo por sus acciones. No nos interesa quién o quiénes sean; lo que queremos saber es quién tiene esos recursos. Tenemos conocimiento de la formación de despachos con «asesores», pero solo manejaron el dinero a su antojo.»
Los dos dirigentes campesinos coinciden en que se debe transparentar a la mayor brevedad posible el destino de esos recursos, exigir la devolución de los 120 millones de pesos robados y encarcelar a los responsables, «para acabar con esa cadena de corrupción.» Nos preguntamos: ¿Actuarán las autoridades?
ksheratto@gmail.com
@ksheratto
http://ksheratto.blogspot.com
