Prevén catástrofe ambiental
Un acto de corrupción impune hasta hoy, tiene bajo grave riesgo a especies en peligro de extinción. Lo hemos venido documentando desde hace meses: se trata del fraude cometido contra las UMAS por parte de Juana García Palomares y Manuel Anzaldo Meneses, contra quienes se han interpuesto demandas penales ante la PGR, mismas que no prosperan, pese al cúmulo de pruebas presentadas por los agraviados.
Efraín Orantes Abadía, reconocido conservacionista chiapaneco, externa su preocupación por lo que llama «el grave peligro de perder flora y fauna», ante las medidas adoptadas por la SEMARNAT, luego de conocerse y comprobarse el fraude que, conforme pasan los días y las semanas, aumenta, de acuerdo al resultado de las investigaciones. Según reportes oficiales, la suma alcanza ya, los 400 millones de pesos.
«Las reglas de operación (de la SEMARNAT para otorgar financiamiento a través de las UMAS) se hicieron más estrictas» explica Orantes Abadía en una entrevista en la que aunque reconoce que esa dependencia «está actuando bien, porque está poniendo candados para que no se vuelva a repetir ése fraude», también alega que «están poniendo en riesgo a los propietarios de las UMAS, pero sobre todo a las especies en peligro de extinción, porque no podemos acceder a recursos federales».
La SEMARNAT en efecto, endureció las condiciones para obtener financiamiento para la cría de especies en peligro de extinción, pero poco ha hecho para presionar a la PGR para que cumpla con su deber de detener a los acusados de defraudar a la dependencia, lo que sentaría un precedente e inhibiría a potenciales defraudadores a desfalcar a productores, conservacionistas y campesinos que utilizan sus tierras para proteger a la naturaleza.
Para el conservacionista Orantes Abadía, especies como el quetzal, pavón, tapir águila de penacho, guacamaya verde, pecarí de labios blancos, venado cabrito entre otros, podrían ya no gozar de protección ante la falta de recursos federales, lo que devendría en una catástrofe ambiental de grandes proporciones. Y todo, porque García Palomares y Anzaldo Meneses, cometieron un fraude descomunal, por el que ahora, pagan justos por pecadores.
«La SEMARNAT debe de entender que sí debe de presionar, pero también de investigar que UMAS estamos trabajando y cuáles no; sancionar a las que no están trabajando, pero apoyar también a las que estamos haciendo las cosas de manera correcta», sugiere Orantes Abadía, quien se declara víctima indirecta de los defraudadores.
—¿A cuánto asciende el fraude del que tanto se ha hablado y nada se ha hecho?
—Se ha estado hablando, en varios medios de comunicación, de hasta 400 millones de pesos; solo en Chiapas. Y ahí están los nombres: funcionarios, exfuncionarios y sobre todo, prestadores de servicios que se hicieron millonarios con esto y que tristemente, los que perdieron son los campesinos y los propietarios de las UMAS. Acá lo grave es que, como los campesinos eran los «beneficiarios», son a los que están castigando. Pero ellos no recibieron ni una quinta parte del recurso.
Como otros líderes campesinos y dueños de UMAS estafados por el matrimonio Anzaldo Meneses-García Palomares, Efraín Orantes tiene una exigencia contundente: «Que no quede impune porque están perdiendo, primero, la gente y segundo, la conservación de especies y el medio ambiente de Chiapas». Para quien ha dedicado toda su vida al cuidado de la biodiversidad, con las acciones del hombre y la falta de recursos derivado de las medidas para evitar más fraudes, se ha perdido el 80 por ciento de la cobertura vegetal de Chiapas. «Si no tenemos el apoyo gubernamental y el apoyo para instalaciones y para monitoreo y todo eso esto se va a venir abajo», dice lacónico, al tiempo de pronosticar una catástrofe ambiental si no se atiende la crisis y no se castiga a quienes son responsables directos del fraude que derivó en medidas apropiadas, pero al mismo tiempo, restrictivas.
Lo hemos dicho siempre: pruebas contra Juana García Palomares y Manuel Anzaldo Meneses, hay de sobra. Lo que falta es voluntad para llevarlos a los tribunales y sancionarlos como corresponde. No pueden los campesinos honrados, pagar los platos rotos de éstos. Tampoco se puede poner en riesgo el medio ambiente, con medidas que en realidad, no afectan a los responsables verdaderos. Ellos, ya se embolsaron varios millones de pesos. Ya no necesitan recursos para sus «proyectos». Los campesinos, sí.
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