Violencia y complicidad institucional
Ángel Iván Hidalgo Morales, se ha negado a instalar el Consejo Municipal para Garantizar una Vida Libre de Violencia, cuya presidencia, recaería en él. Y no por la supina ignorancia que lo ha acompañado siempre y mucho menos, por asuntos relacionados con el presupuesto municipal, sino por una razón poderosa: quien por ley e institucionalidad debe tomarle la protesta de rigor, ¡es su propia víctima de abuso y violencia intrafamiliar!
Días antes que Amín Rafael Flores Calvo, Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Integral de Justicia Restaurativa —dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado—, «desapareciera» los expedientes penales que obran contra el alcalde de Simojovel de Allende, una fuente de esa dependencia, filtró copias de éstos, en el que se acusa formalmente a Hidalgo Morales de agresión, amenazas, lesiones, tentativa de feminicidio, acoso sexual y laboral, y persecución política.
Claudia Sofía Torres Mendoza, delegada de la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres en la región donde se ubica Simojovel —según consta en los expedientes penales números CL/0177/101//0101/2015 y RA/0008/01/0101/2015—, fue durante tres años, pareja sentimental de Hidalgo Morales. Durante ese lapso, el ahora alcalde de aquella población, la golpeó en diversas ocasiones. Ella soportó todo tipo de maltratos y vejaciones, una vez que el agresor, se excusaba y trataba de explicar que su comportamiento, se derivaba de sus constantes excesos en el consumo del alcohol.
En su declaración la señora Torres Mendoza, afirma que no denunció los abusos, porque creyó en las disculpas de su agresor, un sujeto violento que nunca dudó en sacar su pistola para amedrentar a quienes se oponían a sus constantes actos de corrupción, desde que estuvo en la Secretaría de Salud, protegido por funcionarios de supuesto alto nivel.
No fue sino hasta que el actual alcalde simojovelense se extralimitó (le pegó tal golpiza, que Claudia Torres debió ser internada para sanar de sus heridas), que fue demandado por primera vez. Ángel Iván Hidalgo Morales, inició entonces, una campaña de «convencimiento» para que la víctima, desistiera de la demanda. ¡Hasta el cura de Simojovel, un tal Marcelo Pérez Pérez, intentó convencer a la víctima de renunciar a su derecho de justicia y otorgase el perdón al agresor! Bajo presión e intimidaciones, firmó el acuerdo ante una autoridad competente.
Esto último, según amigos y familiares de la víctima, porque Hidalgo Morales, contendía por una candidatura en el PVEM y buscaba no ser afectado en sus aspiraciones. Los entrevistados, —de quienes omito su identidad para proteger su integridad física en virtud de la extrema violencia del edil—, afirman que Morales Hidalgo, ha ofrecido autos, dinero y casas a Torres, para que retire las demandas… Caso contrario, mandará a asesinarla.
Al ser consultada al respecto, Claudia Torres Mendoza se limitó a decir que prefiere seguir el proceso en las instancias legales, «para no entorpecer las investigaciones», aunque sí confirmó que los expedientes penales, «están perdidos» en la Procuraduría. En uno de los expedientes, Torres Mendoza, acusa al alcalde de Simojovel, de haberla golpeado brutalmente estando embarazada. Ahí mismo relata que éste, intentó lanzarla desde un vehículo en marcha.
Ahora bien, hay ahí, un caso grave de violencia contra la mujer. Pero más grave resulta que quien ejerció violencia, sea un alcalde y mucho, muchísimo más, que la víctima sea la encargada regional de garantizar una vida sin violencia contra las mujeres. Resulta también preocupante que funcionarios de la Procuraduría (Amín Rafael Flores Calvo, es tío del acusado) en lugar de procurar justicia, protejan a quien debería ir a la cárcel por los delitos cometidos.
Esto desnuda a una dependencia que incumple con su obligación moral y constitucional de proteger a las mujeres violentadas. ¿De qué sirven los discursos si la ley no se aplica como debe ser? ¿Esperará la Procuraduría que asesinen a la señora Torres Mendoza para actuar? En ese caso, serán, como han sido en múltiples ocasiones más, cómplices de un crimen, puesto que en lugar de castigar al agresor, lo protegen y alientan a mantener el grado de violencia contra una mujer.
Es incongruente que la víctima de ataques físicos, emocionales y psicológicos, tome protesta a su victimario, como «promotor» de una vida sin violencia. Eso, solo en el Chiapas desordenado que tenemos, sucede. Urgen medidas drásticas contra los agresores. Urge que la Procuraduría haga su trabajo, y lo haga bien. No tienen alternativa.
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