De feminicidios y sospechas
A la confusión, más confusión; el boletín de la PGJE donde se da cuenta de la detención del presunto «autor material» de la muerte de una adolescente en Pijijiapan, es escueto e insustancial para efectos informativos. Resalta la dependencia los tecnicismos de campo propios de una investigación criminal (que lo hace hasta en los discursos sentimentalistas), pero olvida pormenorizar, por ejemplo, en los probables motivos que tuvo el sospechoso para terminar con la vida de una joven.
Y presenta al presunto implicado como a una bestia, ignorando la presunción de inocencia. No es mi intención defender al sujeto en cuestión. Deploro el procedimiento, las formas y métodos exaltados por la dependencia encargada de procurar justicia, mismos que han sido determinantes a la hora de dictar sentencia: insuficientes para alcanzar condenas adecuadas.
Independientemente si el detenido cometió o no el crimen, la celeridad de la Procuraduría para «aclararlo», llama la atención por lo inusual y porque no ofrece elementos para considerar cierta la versión oficial.
Para nadie es secreto que en Chiapas, se han cometido decenas de feminicidios de los cuales, menos de cinco han obtenido sentencia y más de 50, siguen en proceso, están estancados o los presuntos responsables han sido liberados sin dar cuenta a la sociedad para no levantar olas de reclamos. Los otros, que son los más, ni siquiera son dados a conocer o no son «admitidos» como feminicidios.
El excesivo burocratismo y la corrupción judicial, han sido factores para retardar, a veces, muchos años los procesos penales y las investigaciones. Muchos conocemos casos en los que los ministerios públicos y comandantes policiales, exigen dinero a las familias de las víctimas para acelerar la detención de un sospechoso ¡y hacen lo mismo con los victimarios para no ser detenidos!
En el caso de la jovencita asesinada, surtió efecto la presión social; pero resulta insuficiente la acción contra el presunto criminal, si no se ofrecen amplias explicaciones de por qué, en éste caso se hayan apresurado y en otros, ahí siguen los expedientes sin siquiera ser tocados. Es plausible la inmediata reacción, pero desata sospechas. Surgen infinidad de preguntas.
¿Es el verdadero asesino? ¿Por qué la mató? ¿Tiene relación ese crimen con el de otro joven a quien inicialmente relacionaron con la muerte de la chica? ¿Quién asesinó a éste muchacho? ¿Qué hay de la versión primera que salió a la luz y que incriminaba a tres chamacos, hijos de reconocidos ciudadanos y funcionarios de Pijijiapan? ¿Por qué se intentó culpar al otro desaparecido y encontrado muerto? ¿Por qué las autoridades municipales de ese municipio han ofrecido diversas versiones sobre los hechos violentos? ¿Quién es el supuesto hondureño al que implican entre dientes las propias autoridades?
De la noche a la mañana, la violencia se desató en ese lugar. Y o solo ahí. Se disparó en todo el estado. En tan solo tres días, se reportaron cuatro feminicidios, lo cual es alarmante. Y lamentable porque no vemos ninguna acción seria, contundente de las autoridades (in)competentes.
Es de suma urgencia que se activen todos los protocolos que dicen tener las autoridades para evitar más feminicidios. Éste lunes, Adriana Vázquez denunció que la policía liberó a Job Azamar Mójica, exesposo suyo, quien el sábado pasado le pegó una brutal golpiza que la tiene recluida en un hospital. Amenaza con asesinarla. Otra dama hizo lo mismo, acusando a la Fiscalía de haber favorecido a su agresor.
De nada sirven los protocolos si no se ponen en marcha. Y menos, si los mismos ministerios públicos se prestan a actos de corrupción como por desgracia, es. Tampoco sirve esconder la realidad; es irresponsable tratar de tapar el sol con un dedo y hacer como si nada sucede. Y grave sería si, con el afán de escapar del juicio ciudadano, se fabrican culpables, mientras los verdaderos asesinos gozan de impunidad.
Quizá tengan al verdadero culpable, pero han cometido tantos errores y nos han mentido tanto, que francamente, no les creemos ni papa.
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